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Queremos a Bukele

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Bukele

La democracia sin derechos humanos se transforma en dictadura. La seguridad sin libertad se transforma en servidumbre. La popularidad sin racionalidad se transforma manipulación. La democracia está en crisis porque tiene demasiados lobos autoritarios disfrazados de corderos.

Bukele
Foto: Flickr Nayib Bukele

El presidente de El Salvador ilustra el camino que conduce de la democracia a la dictadura con respaldo popular. El presidente Andrés Manuel López Obrador muestra el camino de la popularidad a la manipulación. La vicepresidenta Cristina Fernández señala el camino de la corrupción a la manipulación de las instituciones. Los tres son ejemplos de perversiones de la democracia que amenazan a las sociedades latinoamericanas. Las democracias más legítimas se ven acorraladas o son vistas como inútiles.

Bukele, seguridad sin derechos humanos

La República de El Salvador es un pequeño país de seis millones de habitantes que ha vivido por décadas aterrorizado por la guerrilla y después de la guerrilla llegaron las pandillas, llamadas Maras. Han pasado gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, todos quisieron negociar con las maras, pero nadie tuvo resultados. Cuando llegó al poder Nahib Bukele, el presidente más joven (37 años) del país centroamericano, también negoció con las Maras, pero su tendencia autoritaria le llevó a declararles la guerra.

Se calcula que las pandillas tenían más de 70 mil miembros que se dedicaban a robar, cobrar impuestos y sembrar el terror. Las Maras llegaron a provocar hasta cien asesinatos en un día convirtiendo a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. 

Así era el país que recibió Bukele. Cuando vió que los pactos no daban resultados, empezó la cacería de pandilleros en todo el país. Piquetes de soldados entraban en los domicilios tumbando las puertas y sacaban a rastras a todos los sospechosos de pertenecer a cualquiera de las numerosas pandillas. Las madres y los familiares reclamaron por la captura de inocentes. Los detenidos eran hacinados en los patios de la cárcel, en calzoncillos y en dóciles filas, sin derecho a orden de detención, ni plazos para prisión preventiva, ni juicios y condena.

Bukele mostró al mundo entero las imágenes de los pandilleros sometidos y cuando los que estaban en libertad quisieron amenazar con una ola de crímenes, amenazó con quitarles la comida a los 50.000 pandilleros que tenía en las cárceles. Los organismos de derchos humanos protestaron, pero Bukele desacreditó a sus voceros acusándolos de defender a los delincuentes. También enfrentó a embajadores y prelados que se atrevieron a pedir respeto por los derechos humanos.

Los habitantes de El Salvador respondieron con apoyo masivo al presidente que les había librado de los violentos. La guerra de Bukele no se detuvo en la pandillas, después acusó a los miembros de la iglesia, a los periodistas, a los políticos opositores, a los jueces. Así sometió a todos y terminó haciendo aprobar su derecho a la reelección a pesar de que la Constitución vigente lo prohíbe. Bukele es un dictador, no cree en los derechos humanos, en la libertad de prensa, en la independencia de la justicia, ni en las leyes que le estorban. Los salvadoreños han cedido su libertad a cambio de su seguridad y creen en la propaganda de Bukele que asegura que los organismos internacionales, la iglesia, los derechos humanos se olvidan de las víctimas y protegen a los delincuentes.

Andrés Manuel, abrazos y no balazos

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador es un líder autoritario de modales suaves que basa su lucha política en la magia de su palabra que derrocha en dos horas diarias de programa, llamado “las mañaneras”, difundido por una amplia red de medios de comunicación.

Con mucha sutileza y enorme capacidad sofística ha logrado una sólida popularidad que le ha permitido desmontar progresivamente todos los controles democráticos para instaurar un régimen militar y, según sus adversarios, corrupto. Ha diluido todas las denuncias de corrupción que parecían insuperables: filmaciones de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, la vida lujosa de sus hijos en Estados Unidos, obras faraónicas y torpezas de sus funcionarios y testimonios de antiguos colaboradores que revelan su verdadera calidad política. A todo responde con un sofisma y da por cerrada la discusión. El dinero que recibían sus hermanos no es corrupción, dice, sino contribuciones para mantener el partido porque es un partido financiado por el pueblo.

Tiene dos lemas que ha utilizado como salvavidas para reflotar en cualquier situación. El primero es NO SOMOS IGUALES y el segundo es ABRAZOS, NO BALAZOS. El primero le sirve para decir que México ya cambió, que no es igual a los corruptos del pasado y para caracterizar cualquier acusación, denuncia o desacuerdo como campaña de la derecha y de los políticos del pasado. El segundo le sirve para hacer creer que la lucha contra los carteles del narcotráfico y la violencia es consecuencia de una política equivocada, la política de responder la violencia con violencia. El hombre bueno responde el mal por bien y es la manera de pacificar a una sociedad violenta.

No puede demostrar que haya reducido el crimen, pero sostiene que la curva de muertes violentas está cambiando su tendencia y empezará a bajar. Cuando le dicen que no hay medicinas, responde: No, pero habrá. Está convencido de la magia de su palabra y, aunque está a un año de terminar su mandato de siete años, sigue hablando del pasado, de los expresidentes, de la derecha, como culpables de todo lo malo y está persuadido de que puede designar sucesor como en los viejos tiempos del PRI.

El Instituto Nacional Electoral, INE, es el último de sus caprichos. Ha funcionado bien y ha dado resultados electorales confiables con el triunfo de la oposición, incluyendo el caso de López Obrador. Sostiene que los miembros del INE ganan más que el presidente, que no son confiables porque responden al pasado y que derrochan dinero. Pretende cambiar ese Tribunal por un tribunal cuyos vocales sean elegidos por el pueblo, de candidatos presentados por el Congreso, el Ejecutivo y la Justicia, funciones controladas por su gobierno.

Este domingo se realizó una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral para evitar, según dijeron, que el órgano electoral sea controlado por el gobierno cuando falta un año para las elecciones. Al día siguiente el presidente dijo que solo habían participado unas 60 mil personas que se habían manifestado en contra de la transformación y a favor de los privilegios, la corrupción, el racismo, el clasismo y la discriminación. Pero fue muy importante, añadió, porque fue un streaptease político que desnuda al conservadurismo. 

La oposición señaló que no fue una marcha sino 50 marchas y estimó en 800 mil los participantes. El control del gobierno, dicen, sería volver al tiempo de los fraudes cuando se comprobó que en algunos pueblos, de cada cien electores habían registrados 160 votos. Ricardo Anaya, que abandonó el país para evitar, según dijo, que el gobierno le lleve a la cárcel, aseguró que López Obrador quiere el control de los padrones, de los certificados de votación y del árbitro electoral porque teme perder las elecciones.

El presidente de México tiene un apoyo popular por encima del 60% y es un fenómeno político de la comunicación y la empatía con el pueblo, pero tiene pleito diario con la prensa, con los partidos políticos, con Estados Unidos y con la derecha que son todos los que no concuerdan con sus ideas y proyectos.

Cristina Fernández, el gobierno de los procesados

El caso de Argentina es el más pintoresco de la política latinoamericana y tiene no uno sino tres gobiernos al mismo tiempo. Cristina es quien tiene el poder real; ella puso en la presidencia a Alberto Fernández que es el presidente nominal y ella nombró también, como ministro de Economía y superministro a Sergio Masa quien conduce realmente el país. Cristina no quiere aparecer como parte del gobierno, aunque es vicepresidente; pero tampoco puede dejar que se derrumbe porque necesita estar en el poder para evitar la cárcel. Ha conseguido el imposible político de ser al mismo tiempo gobierno y oposición.

Cristina Fernández está acusada de liderar una banda dedicada a la corrupción desde el gobierno y desde hace una década. Puede terminar sepultada por un alud de sentencias, pero hasta ahora ha logrado manipular jueces y tiempos para evitar la cárcel. Este Lunes se inició la última etapa de uno de los juicios por sobreprecios en la obra pública cuya sentencia condenatoria puede salir el próximo mes. Se dice que puso a Fernández en la presidencia con el compromiso de cambiar los jueces para evitar una condena. Ella misma, desde la vicepresidencia y la presidencia del senado ha intentado reformas para cambiar la Corte Suprema de Justicia y colocar jueces a su gusto, pero no ha tenido éxito.

La destrucción de la economía, el endeudamiento y la inflación le han quitado al gobierno todo el respaldo y a la propia Cristina, pues el 60% de los argentinos le consideran culpable de corrupción. Quita y pone ministros, sostiene al presidente, controla el 80% del presupuesto, organiza las marchas de protesta y tiene la lealtad de los dirigentes de organizaciones sociales y grupos de choque a quienes reparte ayudas sociales.

El Kirchnerismo (Cristina) ha gobernado Argentina 15 de los últimos 20 años y lo ha hecho de manera autoritaria con mecanismos tan grotescos como arruinar la economía con bonos y subsidios (plan platita) para millones de habitantes; el gasto excesivo es el que provoca una inflación cercana al 100% anual que es el peor castigo para la pobreza que llega al 50% de la población.

La necesidad de seguridad en El Salvador, el deseo de cambio en México y los bonos y subsidios en Argentina, explican que los pueblos de esos países toleren gobiernos autoritarios, acepten la mentira oficial y otorguen respaldo popular a sus caudillos. 

Queremos a Bukele

Bukele, López Obrador y Cristina Fernández tienen respaldo popular indiscutible en sus países aunque sus ciudadanos paguen un precio muy alto por su credibilidad en el discurso emotivo, nacionalista y con altos niveles de resentimiento. Los tres son líderes populistas que tienen apoyo no solo en sus países sino en toda la región latinoamericana.

En Ecuador, el narcotráfico, la violencia organizada, la corrupción y la delincuencia común aterrorizan a los ciudadanos que buscan modelos equivocados para resolver sus problemas. ¡Queremos un Bukele! ¡Queremos un Andrés Manuel! Empezarán a gritar los ciudadanos ecuatorianos si el gobierno no es capaz de garantizar la seguridad. La violación de los derechos humanos, la mentira como discurso político y la corrupción pueden parecer males menores frente al riesgo de la inseguridad. 

El gobierno ecuatoriano llevará al país a buscar caudillos como Bukele, López Obrador o Cristina Fernández si no consigue rápidamente hacer realidad un plan contra la violencia y el narcotráfico, que permita trabajar, realizar las actividades comerciales, enviar confiados a los niños a la escuela y hasta salir a los parques y a los lugares de entretenimiento. 

La democracia tiene que garantizar seguridad, respeto a los derechos humanos, libertad de movilización, libertad de información y empleo para que los ciudadanos crean en sus instituciones y mantenga lejos a los caudillos aliados con los carteles, la corrupción y la demagogia.

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