Silencio oficial luego del fin del plazo para el funcionamiento de la comisión internacional contra la corrupción

La Comisión de Expertos Internacionales de la Lucha Contra la Corrupción cumplió su plazo de existencia el pasado 13 de noviembre. No logró investigar ni un solo caso. El Estatuto es el centro del dilema.

Hasta el día de ayer no hubo pronunciamiento oficial sobre una extensión del plazo de vida o de la aprobación del estatuto, que lleva casi cuatro meses en la mesa del Ejecutivo y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue una normativa propuesta por los comisionados internacionales. 

Sin embargo, este portal pudo conocer que sí se efectuaron reuniones entre el Gobierno, la Secretaria Anticorrupción de la Presidencia y la Cancillería con enviados del Secretario General de ONU. En esas sesiones ratificaron la intención que tiene el Gobierno de usar un mecanismo efectivo de combate a corrupción y del fortalecimiento de las instituciones involucradas. Hay el propósito de firmar un nuevo acuerdo entre el Gobierno y la ONU, y luego procederían a elaborar ajustes al Estatuto de funcionamiento. Con ese acuerdo, la Comisión Internacional pudiera trabajar. Al parecer, las partes han acordado extender la vida de la Comisión por 90 días más, hasta que se solucionen las diferencias por el Estatuto.

El contenido del Estatuto ha sido el dilema entre los involucrados. Es, básicamente, porque fortalece la independencia de sus integrantes, abre la posibilidad de que puedan investigar casos de corrupción y ejercer asistencia a la Fiscalía. Sus miembros gozarían de inmunidad y sí pudieran recibir denuncias. Tendría la libertad de entrevistarse con cualquier persona y tendría libre acceso, sin restricción alguna, a establecimientos del Estado, civiles o militares. 

Una de las diferencias con la comisión que funcionó en Guatemala es que no pudieran ser parte procesal en casos de corrupción. No obstante, todo el contenido haría que la Comisión de Ecuador huela a la de Guatemala, según fuentes de la misma organización.

Cinco organizaciones de la sociedad civil dieron la alerta sobre el estancamiento de esa iniciativa, que era parte de la ‘cirugía mayor’ contra la corrupción. Una de esas fue Fundación Ciudadanía y Desarrollo, liderada por Mauricio Alarcón. Él precisa que la solución pasa porque se resuelvan los desacuerdos desde la ONU, que estaría bloqueando la existencia de la Comisión. No se han reconocido ni siquiera los honorarios de los cinco comisionados. La situación es crítica, advierte.

“El problema con ONU, desde mi punto de vista, sí es la capacidad que tendría la comisión para investigar casos. Más allá de que han aceptado que investigue casos de corrupción y apoye a la Fiscalía, la ONU tiene miedo de que la Comisión de Ecuador se convierta en una Cicig y que pueda traer problemas”, dice. Y propone: “Si se sienten incómodos que den un paso al costado, que permitan que un organismo internacional se haga cargo del tema. La lucha contra la corrupción es una demanda de los ecuatorianos que no puede esperar más”.Si la extensión del plazo del funcionamiento de la Comisión se hace realidad, quedan varias tareas antes de que los comisionados y el personal técnico empiecen a investigar. Una es darle vida jurídica a la organización, luego deben aprobar el Estatuto que defina los alcances, tareas, procedimientos y la organización interna. El centro del dilema…