Siete amenazas a la Seguridad Nacional fueron comunicadas a la Presidencia, a la Asamblea y al Consejo de Participación Ciudadana
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Un análisis del Observatorio de Seguridad, organización de la sociedad civil, prevé violencia civil, desestabilización social y política por la crisis sanitaria. Las alertas llegaron a las más altas autoridades.

Un nuevo estudio sobre la afectación a la seguridad nacional llegó al presidente Lenín Moreno. El equipo de especialistas y técnicos del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado (OCSI), realizó el análisis en diferentes áreas que afectan directamente a la Seguridad Pública y Ciudadana, y, según los estudios, que amenazan a la Seguridad Integral del Estado.
Como resultado se elbaroraron recomendaciones en siete ámbitos que afectan directamente a la seguridad integral.
- Actividad delincuencial. Se incrementarían los delitos comunes para satisfacer las necesidades básicas de los estratos sociales vulnerables, así como el incremento de la delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, entre otros; aprovechándose de las consecuencias generadas por la crisis sanitaria, económica y social. Con lo cual la sociedad se verá afectada en su seguridad integral.
- Afectación de los ciudadanos por falta de servicios de salud. No existen recursos económicos suficientes para solventar las necesidades de operación del Sistema de Salud Pública. Este escenario negativo permite visualizar una falta de previsión, planificación y austeridad gubernamental, recurriendo a medidas improvisadas.
- Demandas insatisfechas de los grupos antagónicos y organizaciones indígenas y sociales. Se experimentarían reacciones sociales y amenazas híbridas, ante las medidas adoptadas por el Gobierno, para cubrir la brecha económica dejada por la crisis vivida. Se podrían avizorar condiciones de violencia civil, desestabilización social y política, inseguridad ciudadana, etc.
- Impacto en la salud mental de la población más vulnerable. Existencia de sentimientos de stress, miedo, tristeza y soledad, lo que provoca ansiedad y depresión de la población socio-económica más necesitada, personal que labora en las casas de salud y de las fuerzas que controlan el orden, y en aquella que ha sufrido la pérdida de un ser querido, a causa de posible contagio por COVID-19.
- La desobediencia civil y la cohesión nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha sido sobrepasado en su accionar ante los actos de indisciplina social y la falta de atención a sectores vulnerables y más necesitados, debido a que el nivel de manejo integral de la amenaza no se la realiza al más alto nivel. Ante la gravedad de las crisis reconocidas por el Gobierno Nacional, aún no se ha convocado ni activado el COSEPE.
- Desestabilización del sector empresarial. Se prevé el cierre de gran cantidad de Empresas pequeñas y medianas (PYMES) de prolongarse la situación actual, por la falta de productividad, actividades comerciales, falta de liquidez, etc; muchas estarían al borde de la quiebra. Escenario totalmente peligroso para la calidad de vida, seguridad ciudadana y estabilización social y política del país.
- Incremento del desempleo y subempleo, por efecto del COVID-19. Se ocasionaría un caos psicosocial interno, ya que muchas familias no podrán satisfacer las necesidades básicas, acudiendo a procedimientos al margen de la ley. Escenario probable, que afectaría a la seguridad ciudadana y demandaría acciones gubernamentales.
En cada uno de estos ámbitos se detalla la problemática y también recomendaciones para neutralizar o eliminar las causas negativas. Por ejemplo, fortalecer el trabajo de Inteligencia criminal, destinar ayudas económicas, en especial en Guayas. Que las multas o impuestos vayan únicamente para fortalecer el sistema de salud, una campaña comunicacional para preparar a la población ante un futuro duro. La activación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, ya que sus decisiones tienen una mirada integral del Estado. Asimismo, reforzar la transparencia de la función pública. Ayuda económica urgente para las Pymes. Verificar que no se vulneren los derechos de lso trabajaodres y se acaten disposiciones sobre la jornada laboral y el teletrabajo. Impulsar contratos a tiempo parcial en condiciones adecuadas aprobadas en Decreto de Emergencia. Y otras más.
El informe detallado llegó a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.