Hay regulaciones gubernamentales vigentes que afectan al comercio y competitividad
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El trabajo conjunto del sector público y privado ha quedado como anécdota. Hay expectativa por la derogatoria de 27 reglamentos con impacto económico que tienen duplicidad regulatoria o que no cumplen objetivos legítimos. Aquí un análisis de la situación actual del tema comercial.
El modelo económico productivo que ha pretendido impulsar el gobierno nacional, aún dista mucho de ser un modelo ‘sustentable y sostenible’. Según sus voceros, es un modelo que está enmarcado en el incentivo e impulso al sector privado a nivel general; pequeño, mediano y grande. Sin embargo, esta pretensión dista mucho de la realidad burocrática y operativa a la que se enfrentan los actores económicos de todo tamaño.
Al parecer, a las autoridades actuales se les ha olvidado los conceptos básicos de lo que una Cadena Global de Valor (CGV) representa en una economía en desarrollo como la ecuatoriana; y esto se ve reflejado en la cantidad, complejidad e insistencia en mantener Medidas No Arancelarias (MNA) de cumplimento obligatorio, y lo más preocupante, es que al parecer no importa si éstas persiguen o no objetivos legítimos de seguridad, salud, protección, cuidado e información al consumidor.
Ha transcurrido más de un año desde que el Ministerio de Industrias y Productividad dispuso realizar el análisis y mejora de los proyectos y reglamentos técnicos RTE INEN; para determinar si éstos cumplen con los legítimos objetivos planteados al momento de su emisión. En más de seis meses, el sector público y privado a través de mesas de trabajo trataron 143 Reglamentos Técnicos (de un total de 232) que representan ingresos fiscales para garantizar que éstos sean cumplibles, actualizados, y que se deroguen aquellos que se ha demostrado que no persiguen objetivos legítimos junto con los que tienen duplicidad regulatoria. ¿Cuáles son los resultados concretos? Ninguno. Al parecer, la competitividad del Ecuador depende de la voluntad política de la autoridad de turno.
Muchas de las políticas que afectan a las CGV son regulatorias, incluidas las regulaciones técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias. En consecuencia, la propia liberalización de los insumos importados de un país amplía sus fuentes de suministros disponibles, así como las posibles funciones que pueden desempeñar en la cadena de valor; pero también, mantener sin el debido sustento legítimo restricciones al comercio pueden limitar de manera similar la capacidad de acceder a una amplia variedad de insumos intermedios importados, restando competitividad. De continuar a este ritmo, la política comercial en Ecuador llegaría a tener un sesgo ambiental negativo si no tiene en cuenta las características de las CGV del comercio internacional: en la mayoría de los países, las barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones son sustancialmente más bajas en las industrias sucias que en las limpias, cuantificadas como emisiones de CO2 por cada dólar de producción.
Si bien es cierto que los aranceles bajos son necesarios, aún son insuficientes para una adecuada participación en las CGV; porque este tipo de medidas y otras barreras en frontera llegan a convertirse en un equivalente a otro arancel, ya que los comerciantes se esfuerzan por cumplir con estándares estrictos que pueden ser costosos. Días atrás, las autoridades informaron que han derogado Reglamentos Técnicos, pero la verdad es que ninguno de esos 28 reglamentos eliminados tenían algún tipo de impacto económico o regulatorio, puesto que ni siquiera se encontraban vigentes.
En la otra esquina, el sector comercial y productivo, sigue a la espera de la voluntad política para la derogatoria de 27 reglamentos con impacto económico que tienen duplicidad regulatoria o que no cumplen objetivos legítimos. Elementos que pueden ayudar a los comerciantes y productores para la facilitación del comercio, la reactivación económica, el encadenamiento productivo eficiente, como consecuencia del trabajo conjunto y el consenso obtenido en las, ahora olvidadas, mesas de trabajo público – privadas.
