Protestas: la cuerda se tensa al máximo

El acercamiento entre Gobierno, movimiento indígena y sindicatos de trabajadores entró en una etapa sensible. Las partes se atrincheran en sus posturas. En Quito y Guayaquil pidieron soluciones y paz.

Luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana convocaran a las partes en conflicto por el incremento a los combustiles y el anuncio de las reformas laborales y tributarias, hay pocos avances. En los primeros acercamientos participaron delegados del Gobierno, líderes del movimiento indígena y líderes de los sindicatos de trabajadores.  

La propia ONU informó que mantiene reuniones preliminares para restablecer la paz, evitar una escalada mayor de la confrontación y garantizar condiciones para una protesta pacífica, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En un comunicado, aclaró, que las las partes tuvieron reuniones preliminares, no negociaciones. Y que han acogido favorablemente los buenos oficios de esos organismos, compartiendo sus preocupaciones. 

Finalizó dejando sobre la mesa la iniciativa y dejó que las partes decidan: “De ser la voluntad de todos los actores, el Sistema de Naciones Unidas está dispuesto a colaborar como facilitador de un proceso transparente e incluyente que permita encontrar soluciones efectivas para el bien común”.

Sin embargo, el que las partes tengan posiciones radicalmente opuestas hace que una posible negociación sea de alta dificultad. El Gobierno no quiere dar marcha atrás a su decisión de retirar el subsidio a los combustibles. Y, del otro lado, piden la derogatoria de esa orden.  

Ayer, luego de los acercamientos, el Gobierno decidió dar un paso para iniciar una negociación. José Augusto Briones, secretario General de la Presidencia, dio una rueda de prensa en la que habló sobre algunos puntos que pueden beneficiar al sector indígena. Destacó que los manifestantes escojan una ruta alterna de la caminata, que evidenció quienes en verdad estaban con la violencia. Agradeció a la ONU y la Iglesia por ser mediadores. Aseguró que en el marco de un diálogo el Gobierno buscará plantear no solo compensar el fin del subsidio a los combustibles, sino bienestar a las comunidades a largo plazo. 

Entonces, inició con los temas que el Gobierno pone sobre la mesa. Por ejemplo: sistemas de riego parcelados, reestructuración de deudas; condonación del 100% de multas de Senagua; kits tecnológicos, maquinaria, centros en Carchi, Cotopaxi, Imbabura y Azuay. 

En temas educativos, que según Augusto Briones, es una preocupación de ese sector, ofreció la reapertura de escuelas multigrados y más docentes especializados en educación multicultural bilingüe. Dijo otras más. Advirtió que los mediadores pueden ser quienes vigilen el cumplimiento de las promesas. “De la reunión preliminar en la ONU hemos logrado resumir los aspectos que preocupan al sector indígena. Y estos son temas para el análisis”, dijo el Secretario de la Presidencia. Nada de derogar las medidas económicas…

Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no recibió ese mensaje con agrado. Más bien hubo problemas entre los dirigentes, ya que desmintieron un diálogo. Lo de la ONU, dijo Jaime Vargas, fue una conversación donde se denunció la represión policial. Y, en un comunicado, aseguraron que el pedido de derogatoria del alza de combustibles sigue en firme. 

Desde el lado de los trabajadores la situación no es muy distinta. Este portal conoció que ven el acercamiento muy difícil porque hay altos funcionarios del gobierno que impiden el camino al diálogo porque creen, dijo la fuente, que quieren manipular a los manifestantes. Y hablan de que es necesaria la salida de varios ministros, entre ellos la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el ministro de Economía, Richard Martínez; y el de Defensa, Oswaldo Jarrín. 

Además, condenaron las duras operaciones policiales en El Arbolito y en los interiores de la Universidad Salesiana, donde pernoctan decenas y decenas de manifestantes, en especial mujeres y niños.

En un video difundido en redes, Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), ratificó que los sindicalistas ejercerán el derecho a la resistencia hasta que se elimine el alza de los combustibles. 

Hoy se realizará una reunión de los dirigentes y manifestantes, llamada la Asamblea del Pueblo. Esa reunión será fundamental para las futuras decisiones de los inconformes con las medidas económicas que adoptó el presidente Lenín Moreno. 

Quito y Guayaquil piden paz

Ayer, en la Cámara de Comercio de Quito se reunieron unas 40 personas, quienes decidieron crear la Junta Cívica de Quito. Los integrantes son académicos, jóvenes, periodistas, empresarios, representantes de los gremios empresariales y representantes de la sociedad civil. 

Ellos dialogaron con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. A él le pidieron mayor liderazgo para enfrentar los actuales problemas de la ciudad, que han causado que las actividades de los quiteños se detengan por la protesta. Yunda se comprometió a revisar un paquete de medidas compensatoria para los habitantes de Quito por el alza de los combustibles. Incluso, habló de revisar el impuesto predial. 

En ese contexto, la Junta Cívica emitió su primer manifiesto. Allí respaldaron el orden democrático constituido, al Estado de Derecho y a la Constitución. Apoyaron el proceso de diálogo iniciado con la ONU y la Iglesia. Rechazaron y condenaron los actos de vandalismo que se han producido en estos días en el país en contra de ciudadanos, bienes públicos y privados, y que han puesto en peligro la provisión de servicios básicos, especialmente los de salud, transporte y agua potable. Además, solicitaron al alcalde Yunda que preserve la paz, la seguridad y la integridad de la capital y sus habitantes. Yunda, quien criticó la estrategia del Gobierno para adoptar las medidas económicas, dijo que los vándalos “la pagarán”. 

En Guayaquil se produjo una marcha donde también se pidió paz. La lideraron la alcaldesa Cynthia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot. Nebot criticó la falta de seguridad para la ciudad y dijo que los guayaquileños podrán reemplazar a quienes sí deben ofrecerla.