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El “plan desestabilizador” político de UNES y sus aliados está en marcha. Lo advierten desde la legislatura. ¿El Ejecutivo disolverá la Asamblea Nacional?

Foto: Christian Medina – Flickr Asamblea Nacional

En medio de proyectos de desestabilización política nacional, la coyuntural mayoría de la Asamblea Nacional, liderada por el correísmo, con sus operadores parlamentarios “rebeldes” de Pachakutik y otros, acordaron instituir la pena de muerte para seres humanos concebidos por violación, aunque es probable que el colegislador Ejecutivo la vete totalmente.

En la pretensión de instaurar la pena de muerte para un cuerpo en gestación en el vientre materno, se entremezclaron legisladores de UNES, Pachakutik, Socialcristianos, Izquierda Democrática, luego de pasar semanas subastando temporalidades para interrumpir el embarazo, ignorando, flagrantemente, la vigencia de los artículos 45 y 66.1 de la Constitución, como el 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El antecedente es la resolución de abril del 2021 de la Corte Constitucional, que despenalizó el abortó por violación y dispuso que la Defensoría del Pueblo y la Asamblea elaboren y tramiten las regulaciones pertinentes.

Dichas instituciones parecen haber concertado para infringir las citadas normas, primera de las cuales determina que “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”, mientras el segundo reconoce y garantiza a las personas “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”, en tanto la Convención establece que toda persona tiene derecho a la vida, protegido por la ley, “a partir del momento de la concepción”.

Adicionalmente, el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución determina que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”.

Pero mientras dicha mayoría atropella el vital derecho a la existencia humana, contradictoriamente aúpa amnistías para 273 ciudadanos detenidos y procesados por graves vulneraciones a los derechos humanos de millones de ecuatorianos en octubre del 2019.

Insólito, pero real

Pretenden conceder impunidad a decenas de individuos que atentaron contra el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho al ambiente sano; a quienes provocaron patologías de temor, angustia en millones de ciudadanos, secuestraron a decenas de ciudadanos, policías y periodistas, uno de estos casi asesinado.

Exhiben la muletilla de que la zozobra aquella fue “política” y esconden bajo la alfombra robos, saqueos, incendios, el cúmulo de perjuicios al país globales estimados en más de USD 1 000 millones, por lo que la eventual concesión de amnistía constituiría cinismo y envilecimiento de fundamentales principios de derechos humanos.

No extrañaría esa conducta, porque no pocos de ellos tienen deudas con la justicia y con la contraloría, por lo que han juntado adeptos para detener investigaciones y procesos legales contra cabecillas y adláteres relacionados con más de USD 70 000 relacionados con la operativa “delincuencia organizada” instaurada en el 2007, para lo que bregan por el control de su engendro denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS.

En tal propósito ya lograron bloquear el trámite del Proyecto de Ley de Repetición, considerada necesaria para que, por ejemplo, repongan al Estado las multimillonarias indemnizaciones que se erogan desde la caja fiscal por sus unilaterales rupturas de contratos a cuenta de falsa soberanía, patriotismo y sistemática violación de derechos humanos. En organismos internacionales, el Ecuador tiene pendientes 86 procesos de arbitraje e ilegalidad y 321 causas activas por violación de derechos humanos.

Hace 27 años, allá en el Alto Cenepa

Carecen de estatura ética y moral para hablar de soberanía, patriotismo, defensa de intereses populares, de la integridad del país, como con honor y orgullo sí lo hicieron soldados ecuatorianos, el 21 de febrero de 1995, en la defensa del Alto Cenepa, a quienes la Patria nunca debe olvidar; sacaron en fuga a las oleadas invasoras con el entonces presidente Fujimori que tenía ansiedad por izar su bandera en Tiwintza, defendido por recios militares, liderados por el Teniente Coronel Eduardo Vergara Barros.

La referencia es porque no extrañaría que en días próximos manipulen soberanía, como lo hicieron para el libre tránsito de drogas que hoy azota al Ecuador, porque el juicio contra Alex Saab, que se ventila en los Estados Unidos de América, alcanzaría a su “líder” Rafael Correa, en la trama de lavado de dinero, en el “comercio” con Venezuela, para el que habrían utilizado USD 2 697 millones de la reserva monetaria de libre disponibilidad.

Alex Saab, un agente infiltrado en el régimen chavista: el testaferro colaboraba con la DEA desde 2016

También se debe ventilar el destino de más de USD 3 000 millones para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, los USD 700 millones concedidos por la Corporación Financiera Nacional, CFN, a un “grupito”, “sin garantías y a dedo”, “préstamos sin sustento y con requisitos laxos (que) se emitieron en los años 2014, 2016, 2017 y 2019”.

¿El PSC, facciones de ID, PK, se alinearon, gratuitamente, para licuar, en la Asamblea Nacional y en otras instituciones del Estado, la cleptomanía de los “líderes” de UNES cuando fueron gobierno?, ¿a qué precio?, ¿se juntan para amnistiar tramas, para forzar el archivo de procesos judiciales instaurados, detener otros, para restablecer su poder hegemónico? Tienen pánico. ¿El remedio, en “democracia”, sería la disolución de la Asamblea Nacional? El “plan desestabilizador” está en marcha, se advierte desde la legislatura.

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