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Un país que dejó de creer en los políticos y duda de la democracia

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Ugo hace esta reflexión tras de revisar algunos de los indicadores de un estudio sobre la democracia, la pandemia, la crisis, el estado de derecho.

Foto: Bolívar Parra – Flickr Presidencia de la República

El estudio “Cultura Política de la Democracia en el Ecuador y en las Américas 2021: tomándole el pulso a la democracia”, realizado por la Agencia de Desarrollo estadounidense USAID, la Universidad de Vanderbilt, el Barómetro de las Américas, 50 + 1 Grupo de Análisis Político y la Corporación Participación Ciudadana, hace algunas revelaciones sobre la situación en el Ecuador. La investigación fue realizada en 2021 y probablemente mostraba datos que pueden haber cambiado en la actual coyuntura.

Fue una encuesta muy rigurosa que no solo arroja resultados del Ecuador, sino que hizo mediciones en todos los países de la región. 370 mil personas fueron encuestadas. Los datos más notorios muestran un deterioro de la confianza en las instituciones y en los políticos. Un dato no menor es el nivel de credibilidad que aún tienen en la democracia, pero la fragilidad es visible cuando los gobernantes no cumplen las expectativas y no resuelven las angustias de la mayoría.

Aunque hay datos como el nivel de tolerancia de los ciudadanos frente a intentonas golpistas -influyó mucho el octubre violento de 2019- porque se justificaba (un 35% de personas consultadas), durante el estudio, un cierre de la asamblea si existen convulsiones internas. Las últimas mediciones de otras encuestadoras en los últimos meses colocaban la posibilidad de la muerte cruzada como una salida frente al inmovilismo del legislativo (con apoyo del 64% de ciudadanos).

La investigación midió, entre otras cosas, las percepciones de los ciudadanos sobre la democracia, las elecciones, el estado de derecho, la pandemia, las preferencias sobre el sistema político, pero también las actitudes de la población hacia China (con un 36% de confianza en ese país, probablemente debido a los manejos de ese país en el régimen de Correa) y EE. UU. (un 60% todavía simpatizaría con la nación norteamericana). Esto demuestra que, aunque el populismo goza de buena salud, podría llevarse una sorpresa en próximos comicios.

Algunos de los datos más llamativos son que el 64% de los ecuatorianos consideran que “más de la mitad de los políticos son corruptos”, un 35% justifica que el presidente cierre la Asamblea en situaciones complicadas, el 44% toleraría que los militares tomen el poder si hay mucha corrupción y el 39% aceptaría un golpe militar por una emergencia de salud pública.

Además, aunque el 56% de los ecuatorianos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, el 65% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de las elecciones. Solo el 27% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de la libertad de expresión.

Es decidor que más del 70% de los ecuatorianos prefieran ésta, por el antecedente de un gobierno autoritario que conculcó todas las libertades, en especial la de expresión. En casi todos los países, la mayoría prefiere un sistema que garantice ingresos básicos/servicios aunque no haya elecciones, pero no que se pierda la libertad de expresión. El 75% prefiere la democracia directa y el 54% opta por que las leyes las decidan un grupo de expertos en lugar de representantes electos por el pueblo.

Solo el 41% confía en las elecciones, 56% cree que los votos se cuentan correctamente y el 25% piensa que los gobiernos extranjeros podrían influir en los resultados electorales. Muchos ecuatorianos creen que, aunque la corrupción es negativa, han tenido que dar coimas a un policía o algún funcionario para agilitar procesos. Un 10% fue víctima de corrupción y el 25% fue víctima de la delincuencia.

El 39% consideró, entonces, a la pandemia como el principal problema del Ecuador, frente al 25% que colocaba en ese lugar a la economía. 67% cree que empeoró su situación personal y un 83% lo atribuyó al coronavirus. Hay un claro rechazo de los ciudadanos a la violencia de género (73%) y que las mujeres, especialmente, desconfían de la institucionalidad. Tres hechos resaltan en el estudio: la rebelión “iza/correísta” de octubre de 2019, la elección de 2021 y los efectos de la pandemia entre 2020 y 2021.

El 51,8% de ecuatorianos califican como buena la gestión de Guillermo Lasso: Click

Revueltas y movilizaciones de octubre de 2019

La disconformidad con el gobierno fue por el manejo económico. De julio a septiembre, diversos grupos tomaron medidas de hecho para exigir pagos y que se cumplan ofrecimientos. Se anunciaba una huelga nacional para octubre. El 1° de ese mes, el presidente Lenin Moreno anunció el Decreto 883, con medidas económicas y laborales para equilibrar balances fiscales. La medida más controversial fue la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel, colocándolos a precios internacionales.

Aunque la medida buscaba sincerar los precios y generar un ingreso fiscal de $ 1.700 millones, afectaba la economía de sectores sensibles. La propaganda del gobierno era que se quería evitar el contrabando de combustibles a Colombia y Perú y no beneficiar al narcotráfico en los dos países. Así, se llegó al 3 de octubre.

Los transportistas, al ver afectados sus privilegios, paralizaron y bloquearon las vías. El gobierno subió el precio del pasaje del transporte público, lo que molestó a los indígenas, que anunciaron marchas, tomas simbólicas, bloqueos, paralizaciones y traslados masivos a las capitales provinciales y una, la más importante, a Quito, el 4 de octubre.

25 mil indígenas llegaron de varias provincias y se instalaron en el parque “El Arbolito”, en el ágora de la Casa de la Cultura y como lugares de acogida y abastecimiento algunas universidades: Católica, Politécnica, Salesiana, Andina y Central. Con noticias falsas e infiltraciones, sectores del correísmo y de izquierda se sumaron a la protesta.

Foto: API

Fue una guerra de 12 días: la “rebelión de los ponchos y el terrorismo correísta” o “el octubre negro”. Actores del correísmo (los entonces asambleístas Gabriela Ribadeneira y Pabel Muñoz, el militante Virgilio Hernández y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón) sugirieron “adelantar las elecciones o la salida del presidente”. En tiempos de Correa era prohibido manifestarse. Desde Bélgica Correa pedía adelantar elecciones para evitar los procesos penales en su contra.

Entrado en vigor el decreto 883, la marcha indígena, encabezada por Jaime Vargas y Leonidas Iza (sobrino de un dirigente de los 90), inició la toma de Quito. Miles de indígenas llegaron desde Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura, mientras otros grupos actuaron en sus territorios.

Inicialmente iban por la derogatoria del decreto y se tomaron las gobernaciones de Chimborazo, Cañar y Sucumbíos, boicotearon instalaciones petroleras y cerraron ductos en el Oriente. Atacaron instalaciones y antenas de transmisión de radio y televisión en Tungurahua y cortaron el suministro de agua en Ambato. Antes de su llegada a la capital agredieron a trabajadores y agricultores, destruyeron campos agrícolas y vehículos. Hubo violencia, vandalismo y saqueos (en Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato).

Atacaron centros históricos de ciudades patrimoniales como Quito y Cuenca y hubo una toma “pacífica” de la Asamblea, protagonizada por el ex prefecto del Azuay, Carlos “Yaku” Pérez (defensor del agua y la lucha anti minera que, irónicamente, combatía por combustibles fósiles subsidiados) y el incendio de la Contraloría. Desde el 7 de octubre, las estrategia desestabilizadora de los correístas coincidió con la del indigenado y la izquierda. Vargas incluso “ordenó” a los militares desconocer y derrocar al presidente (alentado por militantes del marxismo, infiltrados en universidades públicas).

El gobierno ordenó que militares y policías contengan las manifestaciones en “El Arbolito” y cerca al centro histórico. El 9 de octubre, en la asamblea indígena en el ágora de la Casa de la Cultura, se llamó a la desobediencia al gobierno. Retenidos contra su voluntad, policías, periodistas y camarógrafos. El reportero Freddy Paredes, de Teleamazonas, fue agredido al salir del ágora por no decir “que no estaba retenido”.

El 12 de octubre, manifestantes atacaron el mismo canal de televisión y hubo violencia en Quito, cierre de vías y ataques a la propiedad privada. Los ánimos estaban agitados. Esto fue aprovechado por correístas, vándalos y delincuentes comunes para cometer desmanes. En la agitación influyeron las noticias falsas incitando al odio, saqueo y vandalismo, a lo que los indígenas no fueron ajenos.

¿Quién estuvo tras el paro? ¿quién patrocinó a los indígenas? ¿solo querían derogar el decreto 883? ¿por qué tanta violencia y destrucción de las ciudades? ¿se intentó un golpe de estado? Hubo incertidumbre, sensación de vacío de autoridad y grupos violentos asustando a la población.

Mediaron en el conflicto dos instituciones cuestionadas por el papel que juegan en algunos países: la ONU y la iglesia católica (el papa Francisco es blando en condenar actuaciones de gobiernos afines al socialismo del siglo XXI en Sudamérica). En las “negociaciones” del 12 de octubre en el Colegio Menor Salesiano Spellman en Lumbisí (Tumbaco) los indígenas impusieron sus condiciones al gobierno. Los salesianos eran actores interesados y favorables a los indígenas. El antecedente: la toma indígena de esa universidad antes de la caída del presidente Lucio Gutiérrez en 2005.

El gobierno cedió en todo, en una negociación desigual, con la cancha inclinada por el rol de la iglesia y la ONU y en sede amigable para los indígenas. Parecía la firma del Protocolo de Río de Janeiro -enero de 1942- cuando Perú ocupó provincias fronterizas y los garantes impusieron al canciller Tobar Donoso la pretensión peruana.

Los indígenas ocupaban la ciudad y sus intenciones, declaradas por ellos a medios de comunicación, eran modificar el orden constitucional e imponer otro modelo económico y de desarrollo. El gobierno derogó el decreto 883 y concedió lo que los indígenas pidieron. Estos hechos incidieron en muchos resultados de esta investigación.

El correísmo se infiltró en las protestas de los movimientos sociales y provocó el caos

Las elecciones de 2021

Otro momento clave del estudio fue el proceso electoral de febrero y abril de 2021. El correísmo apostó sus fichas para regresar al poder con un candidato bisoño, poco conocido, del sector público, porque había trabajado (es un decir) en instituciones como el Banco Central, pero la mayor parte de su tiempo en la burocracia fue en comisiones de servicios. Andrés Arauz era la carta correísta, enfrentando a Yaku Pérez (sostenido por la parte del movimiento indígena contraria a las tesis del comunismo indoamericano de Leonidas Iza), el exbanquero Guillermo Lasso y un desconocido Xavier Hervas como candidato de la Izquierda Democrática.

El resto de candidatos fueron meras comparsas, intentando darse a conocer por la ciudadanía. Hubo desde predicadores evangélicos hasta antiguos dirigentes deportivos que intentaron poner la nota, pero lograron una dispersión electoral que fue evidente cuando el CNE anunció los resultados de la primera vuelta, poniendo en disputa al sector indígena (de Yaku Pérez) con Lasso, mientras que el voto duro correísta no superaba sus techos históricos (30%). La incertidumbre por la lentitud de los conteos y los cuestionamientos al organismo electoral hicieron que la votación se defina con mínimos porcentajes, permitiendo a Lasso ser el rival de Arauz en el ballotage.

Una llamativa campaña de redes sociales en la segunda vuelta permitió a Lasso atraer a muchos desencantados y temerosos con la posibilidad de un regreso del correísmo a Carondelet. Lasso no era el mejor candidato, por sus antecedentes como banquero y su poco carisma. Su campaña, en ese momento, fue aupada por una coalición con el partido socialcristiano, del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

La derrota del correísmo, que fue la primera en 14 años, demostró que pese a ese resultado adverso, mantiene su voto duro y sigue incidiendo en los procesos políticos. Hoy tiene 47 asambleístas completamente leales a su líder (prófugo y refugiado en Bélgica). Este estudio sobre cultura política demuestra que ya no existe una disputa entre correísmo y anti-correísmo, sino que otras fuerzas políticas se alinean en posiciones distintas. Sin embargo, el correísmo es la primera fuerza electoral del país, sin olvidar las tesis de una izquierda mucho más radical (si se la puede llamar así) del sector indígena que, aunque dividido, cuenta en el debate.

El estudio da cuenta de que no hubo la polarización que anunciaban las encuestas y que habría situado a los dos primeros candidatos a una distancia considerable de los demás. Tampoco hubo un empate entre los que lideraban la contienda. Las votaciones y los estrechos márgenes de diferencia entre Hervas, Lasso y Pérez evitaron esa polarización.

Como señalaba el estudio “es indudable que en este proceso electoral se expresaron los cambios de preferencias de la ciudadanía ecuatoriana a lo largo de los últimos años. Estos cambios se observaron no solamente en el apoyo a las opciones electorales propiamente dichas, sino sobre todo en cuanto a valores y a expectativas. La ubicación de los candidatos en las dimensiones consideradas y la votación obtenida por cada uno de ellos son las principales pistas que sustentan esa afirmación. Finalmente, en el escenario configurado de esa manera irrumpió la pandemia y provocó un nuevo giro en las opiniones ciudadanas”.

Uno de los autores de la investigación, el analista y catedrático Simón Pachano, manifiesta que “es indudable que en este proceso electoral se expresaron los cambios de preferencias de la ciudadanía ecuatoriana a lo largo de los últimos años. Estos cambios se observaron no solamente en el apoyo en cuanto a valores y expectativas”.

La crisis de octubre y las elecciones del 2021

Datos generales del estudio

En la mayor parte de la región, los ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la democracia. Aunque muchos parecen estar comprometidos con una idea abstracta de este sistema, no necesariamente creen que el gobierno de su país está a la altura de los ideales democráticos. La ciudadanía está débilmente comprometida con las elecciones y la democracia representativa y más bien prefiere un sistema que garantice sus ingresos básicos y solucione sus problemas más urgentes y se decantan por gobiernos de expertos frente a la democracia directa.

La investigación señalaba, además, que “en Ecuador, el 44% cree que los ricos siempre compran las elecciones, mientras que el 25% cree que los gobiernos extranjeros siempre pueden influir en los resultados electorales. Las opiniones sobre la integridad de las elecciones están correlacionadas con la confianza general en las elecciones y el apoyo a la democracia”.

Aunque la confianza general en los procesos electorales aumentó en este estudio, una gran parte de consultados sigue escéptica sobre la limpieza de los procesos electorales, el recuento de votos, la injerencia de potencias extranjeras y grupos de presión locales, que inciden sobre los resultados. Esa es, para este estudio, “una amenaza potencial para la salud de la democracia”.

La Corrupción y democracia

En el estudio se señala que la corrupción es un fenómeno generalizado en los países latinoamericanos. Muchos de los encuestados señalan que han experimentado que los empleados públicos de educación, justicia o de la policía les hayan pedido sobornos. Los escándalos de corrupción de alto nivel han plagado la región. El caso Odebrecht fue solamente la punta del iceberg en muchos países latinoamericanos.

Hay datos que son preocupantes: más de tres de cada cinco personas creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos y que muchas de las deficiencias en el estado de derecho afectan la confianza en el sistema democrático. Muchos perciben y experimentan el fracaso de las instituciones y su falta de confianza en ellas y en todas las instancias de decisión, pero aceptarían la opción de coimear o entregar dinero a funcionarios (policías, burócratas o quienquiera) para facilitar sus trámites.

Foto: @CreativeArt – Freepik

Aquella frase “no importa que robe, con tal de que haga obras” se vuelve evidente en muchos países, especialmente en el Ecuador, donde se recuerda mucho más las carreteras mal hechas, las centrales hidroeléctricas con fallas y las refinerías imaginarias. Por eso grupos como el correísmo se promocionan en algunas provincias con vallas y anuncios donde señalan, con cinismo, que con ellos “el país estaba mejor”.

La corrupción viene con miedo

La corrupción de todos los días para el ciudadano de a pie es otra desviación del estricto cumplimiento del estado de derecho. Se escucha casos en que los policías o empleados públicos del gobierno se aprovechan de su posición pidiendo un soborno al ciudadano a cambio de una prestación por un servicio al que todos tienen derecho.

A esto se suman las percepciones de los ciudadanos sobre la delincuencia, porque un buen porcentaje fue víctima o lo fue alguien cercano. Sobre este aspecto la investigación es clara: “el 25% reportó haber sido víctima de la delincuencia en los 12 meses previos a la encuesta comparado con el 29% que reportó lo mismo en 2019”. Esta cifra debería haber cambiado si se realizara otro estudio.

Los hallazgos de la investigación en el Ecuador muestran resultados que pueden haber variado con la agitación política reciente. En el 2021, cuando se realizó el estudio se mostraba que, “después de haber sufrido una caída sustancial en las rondas de 2016 y 2019, el apoyo a la democracia entre los ecuatorianos muestra una clara recuperación (más del 60%)”.

“Ecuador es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha recuperado los niveles de apoyo a la democracia registrados hace una década”, dice el estudio. Al ser cuestionados para escoger entre elecciones e ingresos o servicios básicos, muchos optan por lo segundo. En estudios anteriores al correísmo, no obstante los bajos niveles de aprobación de los gobiernos, más del 60% apoyaba la democracia. Entre 2008 y 2014 aunque se apoyaba la gestión presidencial, había bajos niveles de credibilidad en la democracia. Lo cierto es que el Ecuador ha dejado de creer en los políticos y está cuestionando mucho a la democracia si los gobiernos no ofrecen soluciones a sus urgencias más inmediatas. Este es un llamado de atención que puede leerse entre líneas en esta investigación.

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