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¿Meter la mano en la justicia? Ya está metida hace años

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Correa metió la mano en la justicia desde el inicio de su mandato, en 2011 con la consulta popular y esa mano sigue metida en esa función del estado sin que se trate de hacer algo para evitarlo.

Fotos: Flickr Presidencia de la República

No debería sorprender cómo ha actuado la justicia ecuatoriana en los más recientes casos en los que fueron liberados delincuentes contumaces, se otorgó el habeas corpus a un sentenciado y que lo haga cualquier juez de medio pelo (como el de Manglaralto) que anuncia que “le lleven a cualquiera, que él lo saca de la cárcel”. Si se pudo liberar al luego fallecido líder de los “choneros” (Rasquiña) y Junior está por obtener la libertad con la misma acción del exvicepresidente, lo de Jorge Glas fue  “pan comido”.

Poco importa que Glas haya tenido sentencias ejecutoriadas y que el hábeas corpus de Manglaralto tenga todos los vicios de forma y de fondo (hasta se sugirió que se desconocía dónde estaba el exvicepresidente para proceder con su liberación). Y el régimen ¿qué hizo? ¿Hubo alguien del ministerio de gobierno, de la SNAI y de la policía presentes en la audiencia del juez de medio pelo de Manglaralto? Si las respuesta es sí y si el presidente Lasso supo de este asunto, porque se tomaron más de 18 horas en decidirlo, por la ausencia del indicado, ¿por qué no se hizo nada? ¿por qué el ministro Jiménez habló desde el principio de este gobierno, hace once meses, que “se debía revisar las sentencias de algunos individuos vinculados con la revolución ciudadana”?

Indigna ver la imagen de un Glas vitoreado por hordas de correístas que lo secundaron y acompañaron en una caravana que viajó desde Latacunga, con parada en Santo Domingo, visita a su casa en la vía a la costa y “baño de masas” en el coliseo Ríver Oeste, sin que haya visto ni una mancha de sangre en las paredes del bus ni haya oído voces, como no sean las que lo catalogaban como “héroe”, sacrificado y mártir por la causa que el correísmo pregona.

El tipo que reparaba computadoras en Lomas de Urdesa

Según la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, el exvicepresidente debió haber pagado unos $ 12 millones, luego de haber recibido sobornos que superaban los $ 13 millones sin contar con por los pagos que se depositaron en las cuentas off shore de su tío Ricardo Rivera (el acosador sexual de TV Satelital) o los cientos de miles de millones de dólares que se llevaron al peso todos los involucrados en los juicios por corrupción de los diez años de Correa. Cuando fue aprehendido y despojado de la vicepresidencia en 2017, Glas cínicamente llegó a decir: “estoy cubierto por la sangre de Cristo”.

Si no existe un pacto demostrado entre el correísmo y el gobierno, lo que se puede sugerir es que el régimen lo único que hace es sostenerse, porque parece estar contra las cuerdas. Ya vendrán otros “angelitos” de la revolución ciudadana, como Alexis Mera (que busca revisar su caso) y como María Duarte (que quiere llegar a Argentina por pedidos de grupos de DDHH, para cantar tangos con su esposo de esa nacionalidad). Ya bramará desde su ático en Lovaina el prófugo y “capo de todos los capos”, hablando de “persecución, lawfair” o cualquier otra tontera, siempre que convenga a sus intereses. Necesitan que Correa siempre esté en la papeleta. El correísmo sin Correa se acaba.

El cuento del presidente Lasso y su equipo de que no intervendrán en las otras funciones del estado suena como un pretexto y una manera de lavarse las manos, descargando la responsabilidad en mandos bajos y medios. Si se remueve al comandante de policía, al director del SNAI o al ministro de gobierno, queriendo mostrar firmeza, es porque lo único que mostraron hasta la fecha es mucha ingenuidad que no los va a eximir de no haber actuado a pesar de las irregularidades cometidas en el habeas corpus concedido al exvicepresidente, que no es un delincuente cualquiera, sino que es el autor de los algunas de las mayores fechorías durante el correísmo (ver el artículo “el tipo que arreglaba computadoras en Lomas de Urdesa”).

No se pide al presidente que meta las manos en la justicia. Lo que se le exigió desde el principio es que depure todo el mal elemento del correísmo que sigue enquistado en toda la estructura estatal. No sirven de nada los golpes de pecho de los presidentes de la Judicatura (otro beneficiado por las famosas acciones de protección) y el de la Corte Nacional de Justicia. Tampoco sirve de nada acusar a los operadores políticos (a la final solo mostraron su incompetencia). Lasso dijo que nunca pactaría con la corrupción, mientras sigue hablando de la separación de poderes. ¿Cuál separación? si la estructura institucional sigue intacta desde tiempos de Correa, porque cualquier abogado con malas intenciones y con mucha maña para usar las leyes existentes puede lograr que cualquier pillo sea liberado. Y no solo los de alto vuelo.

Presidente Lasso rechaza tener pacto con Glas

Y metieron la mano desde hace bastante tiempo…

Una frase de Rafael Correa del 7 de marzo de 2009 en el Coliseo Abel Jiménez Parra de Guayaquil definió su papel como mandatario desde casi el inicio de su gobierno: “Escúchenme bien. El Presidente de la República no es sólo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano”.

Enero de 2011. Al presentar las preguntas de la consulta popular, Correa declaraba: “Me van a acusar que quiero meter las manos en la Justicia. Sí voy a meter las manos, pero por el bien del pueblo”. A confesión de parte… El resultado del 7 de mayo de ese mismo año favoreció –por poco y a pesar de su aparatosa campaña de propaganda- al gobierno. El objetivo: controlar todos los poderes, incluyendo el Judicial. Fórmula exitosa en regímenes autoritarios, para eternizarse, apuntalando su poder en las urnas.

El expresidente Rodrigo Borja escribía: “La división de poderes es un mecanismo de limitación de la autoridad pública mediante un sistema de “frenos y contra frenos”, “pesos y contrapesos”, en el cual el poder detiene al poder e impide los abusos de autoridad.

Años después, sigue constatándose cómo Correa utilizó el sistema judicial y la Judicatura para persecución política. En 2016 la periodista Patricia Poleo, en correos filtrados, revelaba una red de control judicial, usando al secretario jurídico Alexis Mera, a personeros del Ministerio de Justicia, de la Judicatura y de la Asamblea, bajo la tutela de Correa, desde el mail noticias1@presidencia.gob.ec. 

El cuento chino de Rafael Correa

La metida de mano en la justicia de 2011 ocultó muchos casos de corrupción. Hubo injerencia en la conformación de la Judicatura para nombrar jueces. Correa intervino, con su secretario jurídico Mera, el exministro Gustavo Jalkh, la pareja Xavier Cazar-Johana Pesantes, Lady Zúñiga y desde el ministerio de Justicia, la entonces viceministra Carmen Simone coloreando cuadros Excel para vetar o apoyar jueces.

Esa Judicatura manejó cortes, tribunales y juzgados, presionaba a jueces y abogados, siendo un “brazo represivo”, según la denuncia hecha por el jurista peruano Luis Pásara, en 2014. Algunos jueces renunciaron porque se les obligaba a fallar favorablemente en juicios donde aparecían altos funcionarios del régimen.

Lo cierto es que Correa “metió la mano en la justicia” para manejar jueces que fueron seleccionados con criterio político. A eso se suma la denuncia de los magistrados renunciantes y la de Pásara. Sin embargo, la justicia sigue operando, casi con los mismos actores, parámetros y sistema. Ahora solo faltan Correa, Mera, Jalkh y otros implicados…

Cuando Rafael Correa anunció la “metida de mano en la justicia”, supo lo que hacía. La consulta de 2011, con el voto popular (con el aparato de propaganda correísta) le permitió lograr el objetivo. Se conformó el Consejo de la Judicatura de transición (por 18 meses) con tres delegados: por el ejecutivo (de Correa), el legislativo (mayoría del correísmo) y la función de transparencia -integrada por el CPCCS, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Superintendencias (manejada por Correa)-. El sistema judicial siempre ha estado en manos del expresidente, desde ese tiempo.

Ese Consejo nombró a los 21 jueces definitivos de la Corte Nacional de Justicia para períodos de 9 años de duración y la injerencia de Gustavo Jalkh, quien dirigía la Judicatura. Así manejaron las cortes provinciales, tribunales y juzgados. Las sabatinas decretaban lo que los operadores de justicia debían hacer los lunes, con reformas judiciales a medida del exmandatario, para perseguir a sus opositores. No se puede olvidar la influencia del exsecretario jurídico Alexis Mera. La rama judicial fue el “brazo represivo del gobierno” según el jurista Luis Pásara.

Ya en el 2019 (en otro gobierno), el ex secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, rendía versión vía Skype desde Venezuela; el exsecretario jurídico Alexis Mera lograba medidas sustitutivas a la prisión y regresaba a Guayaquil con grillete electrónico; y el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, burlaba la vigilancia policial, se sacaba su grillete, huía del país y mandaba un mensaje cínico al régimen de Moreno.

Vinicio Alvarado, sentenciado por corrupción

La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría presentaron entonces una queja ante la Judicatura contra los jueces que ordenaron que Alexis Mera abandone la cárcel 4 y guarde prisión domiciliaria.  “Voy a salir inocente de esto, no hay pruebas”, decía Mera. Juezas de la Corte Nacional levantaron la orden de prisión de Vinicio Alvarado: no habría nada en su contra. Tampoco se hizo nada para repatriar a su hermano Fernando.

Los peces gordos siguen gozando de los privilegios que tuvieron durante la década del terror. Algunos a buen recaudo en “paraísos del socialismo del siglo XXI”, otros en cómodas estancias en Bélgica y de otros no se sabe nada (como el exsecretario del agua Walter Solís). Con los hechos más recientes se genera la duda: ¿los correístas siguen metiendo la mano en la justicia? ¿Por qué ciertos jueces desoyen muchas de las pruebas y de las advertencias de la Fiscalía y la Procuraduría sobre los casos más sonados de la corrupción correísta? Urge sanear la Justicia y evaluarla con honestidad.

La revista digital Plan V hizo hace algunos años una clasificación de los casos emblemáticos donde el régimen de Correa metió la mano a la justicia. Uno fue el del 30S (el presunto intento de golpe de estado policial que posibilitó la persecución de policías y de actores políticos como Fidel Araujo); el caso COFIEC con el primo Pedro Delgado, implicado en un préstamo irregular de $ 800 millones a un argentino (Duzak) para implementar la billetera electrónica, sin hablar de la falsificación de sus títulos.

Toda la trama de corrupción desatada en Petroecuador que involucró al exvicepresidente Glas, a Pareja Yannuzzelli, a Álex Bravo, a Marco Calvopiña (exgerente que escondía dinero en el techo de su casa) y otros implicados que allanaron el camino hacia el caso Odebrecht. La venta de los pases policiales, donde estuvieron implicados el exministro (hoy prófugo) José Serrano y la hermana del expresidente, Pierina Correa. Los veedores del caso del libro Gran Hermano, perseguidos junto a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.

El caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyos integrantes fueron hostigados por el ex contralor Pólit. El caso Saraguro, en agosto de 2015, durante protestas indígenas contra el Gobierno, indígenas saraguros bloquearon la carretera Cuenca-Loja, en San Vicente. El cierre concluyó con choques con la Policía y la detención y posterior procesamiento penal de 10 indígenas. Vale la pena mencionar a los 10 de Luluncoto (encarcelados y enjuiciados por la tenencia de materiales alusivos a la revolución cubana, a la que Correa defiende tanto).

El caso Natkins, relacionado con la resistencia de colectivos de indígenas shuar a la actividad minera en Morona Santiago, donde viven. El caso Cedatos, con la persecución a su director, Polibio Córdova, por dar a conocer los resultados de su exit poll al final de la segunda vuelta electoral de 2017. Sus oficinas fueron allanadas por orden de la entonces ministra de justicia Rosana Alvarado, él procesado y su salud quebrantada. Se acusaba al encuestador por favorecer con sus encuestas a Guillermo Lasso.

En mayo de 2017, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra el periodista Luis Eduardo Vivanco (entonces en La Hora y hoy en La Posta), quien en su cuenta de Twitter hablaba de una captura de droga de abril de 2014 en Manta y se preguntaba si el dinero del narco sostenía la revolución. Como estos hubo más casos en los que se involucraban al presidente, al secretario jurídico y a otros funcionarios que ponían a funcionar la maquinaria judicial correísta para atacar a sus opositores.

Cinismo

Y la metida de mano sigue en la justicia

Una encuesta de la facultad de Matemáticas y Física de la Universidad Central para el Colegio de Abogados de Pichincha de 2017 arrojaba resultados desalentadores que deben haber empeorado actualmente. La mayoría de los abogados de Quito desconfiaba del sistema y de los jueces; deploraba el bajo nivel jurídico de sus decisiones y dudaba de su independencia.

El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, sostiene que no solo fue la metida de mano en la justicia de Correa en 2011, sino que también el expresidente Moreno lo hizo en febrero de 2018 cuando intervino indirectamente en la justicia, para corregir supuestamente la “metida de mano” de Correa. Reestructuró el Consejo de Participación Ciudadana y creó un nuevo Consejo de la Judicatura de Transición para llegar al actual. Soluciones parche, porque la estructura judicial de tiempos del correísmo sigue intacta, en juzgados, tribunales y cortes provinciales.

La Judicatura de 2019 anunció una evaluación integral a jueces y conjueces de la Corte Nacional. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU hicieron observaciones al proceso, en noviembre se supo los resultados: 23 jueces y conjueces nacionales no superaban la evaluación. Luego se anunció la lista de 26 “conjueces temporales” para reemplazar a los removidos. La estructura de la justicia no cambió ni siquiera con este proceso. Muchos jueces dictan fallos contradictorios, hay sorteos amañados, se dilata procesos y muchos culpables salen libres (el de Glas no es el único caso).

Las reacciones

El analista Simón Pachano señala que “sorprendió la respuesta del presidente de la República a las críticas que recibió por la inacción de su gobierno frente al habeas corpus exprés cargado de irregularidades. En primer lugar, refiriéndose al exvicepresidente Glas, beneficiario de esa medida, sostuvo que este individuo le había difamado durante quince años, pero que él no ha llegado a la Presidencia cargando en su mochila odio ni resentimiento”. Agrega “que no cree que deba usar el poder para causar daño a alguien. En síntesis, situó el tema en el plano personal con lo que dejó de ser un asunto de interés público y él mismo dejó de reflexionar como presidente”.

Para Pachano es difícil creer que el presidente haya sido ingenuo y que solamente está cumpliendo con el respeto a la independencia de poderes. Agrega que lo que le parece es que “simplemente le señalan que, como presidente de la República, no dio las directivas necesarias y oportunas para impedir esa irregularidad y que sus colaboradores, desde el ministro de Gobierno hasta el último funcionario de la cárcel, no se atuvieron a una línea de respeto irrestricto al orden jurídico”.

Para el exvicepresidente y analista León Roldós “en el poder del Estado se multiplican los comejenes, aun cuando no tengan su forma externa. En los hechos –salvo honrosas excepciones– suelen ser dominantes sobre quienes afirman ejercer el poder, que, para subsistir, se allanan a acomodarse a lo que actúan los comejenes de sus entornos. El caso de Jorge Glas es demostrativo”. Las sentencias de 20 años (+-) de privación de libertad, contra Glas, pasarían a ser puro cuento”. Roldós se pregunta: ¿estado fallido cruzado de comejenes? Intolerable e inadmisible. Son urgentes inmediatas rectificaciones”.

Cuando las cosas se hacen “entre gallos y medianoche” siempre hay indicios de que algo no está bien. Si se hicieran de acuerdo con las normas, no habría necesidad de decirlo. Por ingenuidad o desconocimiento, el presidente Lasso sigue cometiendo errores que le costarán caro. Su desesperación por buscar gobernabilidad o votos en la asamblea no debería ni siquiera haberle permitido que ose pactar con el demonio correísta.

Jueces sin jurisdicción, procesos viciados de nulidad, peticiones fuera del lugar donde está el sentenciado, maniobras turbias para ensuciar la trama. No cabe duda de que el “gran titiritero” Rafael Correa continúa metiendo la mano en la justicia, como lo hizo desde hace once años, sin que haya fuerza racional que lo detenga.

No se puede dudar que Glas era el mayor pez gordo capturado por la corrupción del correísmo. Mientras Correa siga prófugo de la justicia, Glas era una pieza clave para desentrañar esa maraña jurídica e institucional en la que dejaron al país. Consuela, al menos, saber que Carlos Pólit no logró ser liberado con un pago de fianza y tendrá que declarar para reducir los probables cien años a los que se lo sentenciaría en EE. UU.

Daría la impresión de que muchos de los esfuerzos estadounidenses para poner “la pica en Flandes” sobre la grave situación del país, como las declaraciones del embajador sobre los narcogenerales y la narco justicia y las acciones de otras autoridades de ese país en colaboración efectiva con las fuerzas del orden (caso Esmeraldas) o en los tribunales de ese país (casos Pólit y Pedro Delgado), no consiguen que los funcionarios del gobierno entiendan la gravedad de lo que está sucediendo.

Algunas interrogantes finales

¿Existe un pacto entre el gobierno y el correísmo: impunidad por gobernabilidad? ¿la excarcelación de Glas, fue sorpresiva para el gobierno? ¿se puede creer todavía en la palabra del gobierno? ¿la designación de Jiménez fue casual o fue parte del acuerdo?

¿Conspiraron los socialcristianos y Pachakutik y se dividió la Izquierda Democrática para llevar al gobierno a este desenlace? ¿solo quieren la cabeza de Llori o también quieren la de la Fiscal y el Consejo de Participación Ciudadana? ¿cuánto miedo tienen algunos sectores de que hable el ex contralor Pólit en Florida? ¿ Alexis Mera es el próximo mártir de la revolución gracias a una justicia que él mismo ayudó a crear para beneficiarse?¿Conviene en este momento una muerte cruzada o una consulta popular? ¿Se acuerda Lasso que el gobierno de Gutiérrez se cayó por cosas parecidas? ¿Lasso lee la historia del Ecuador? ¿va a ser necesario retirarle la confianza?

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