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Crónica de una conspiración: cómo el correísmo quiere recuperar el poder

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Un contexto que intenta demostrar la conexión evidente que existe entre los hechos violentos de octubre de 2019, las amnistías otorgadas por la asamblea a sus responsables, los pedidos de muerte cruzada y una cronología de todos los hechos que demuestran que se busca que regrese al país Correa, liberado de sus sentencias judiciales.

Fotos: API

La conspiración sigue su marcha. Ya lograron la impunidad de algunos políticos, como los de las amnistías de la Asamblea, los correístas Pabón y Hernández y los dirigentes indígenas Iza y Vargas, protagonistas de un complot con un solo objetivo: desestabilizar la democracia, romper el estado de derecho y lograr que regrese al país el autoritarismo, encarnado por Rafael Correa, con el auspicio de Jaime Nebot, dos que con Leonidas Iza forman parte del “triunvirato de la conspiración” anunciado por el presidente Lasso hace no mucho.

Octubre de 2019 fue el comienzo de una serie de acciones encaminadas a lograrlo. Gente en las calles con escudos metálicos, ejércitos de guerrilleros urbanos bien entrenados, con bazucas artesanales para disparar a los policías, organizados en líneas de combate. Tropas de asalto que volverían a aparecer en las próximas manifestaciones anunciadas por Leonidas Iza y otros sectores sociales.

El documental “Laberinto” de Carlos Andrés Vera, mostró que en ese octubre, se montó una logística en el sur de Quito con volquetas que colocaban materiales de construcción para obstaculizar las vías, más el decomiso de llantas en vulcanizadoras para el mismo fin. Gente que llegó a Quito para destruir la propiedad privada. Aunque la prefecta Pabón adujo que todas las volquetas de la prefectura tenían GPS, deslindando su responsabilidad, un informe de la contraloría demuestra que más del 60% no lo tenían.

Las amnistías otorgadas por la Asamblea reviven el debate por las protestas de octubre, 2019

Roberto Aguilar se preguntaba, en su columna de Expreso: “¿Quién planificó y financió la logística de camiones de aprovisionamiento, relevo de manifestantes y distribución de material para barricadas en los puntos conflictivos de la capital que, según el documental ‘El laberinto’, de Carlos Andrés Vera, fueron muchos más de los 180 que calculaba el gobierno de ese entonces y estaban mucho mejor organizados de lo que se pretende?¿Quién contrató a los lumpen proletarios que recorrieron la ciudad en camionetas aterrorizando a los vecinos? Sabemos, por algunos testimonios, que les pagaban entre $ 40 y 60 por salida. Y estamos hablando de cientos de personas por tres o cuatro días”.

Es probable que nunca se sepa, se respondía Aguilar. Con las amnistías otorgadas por la asamblea quizás jamás se conozca los móviles que provocaron el octubre violento de 2019, por lo que será difícil establecer responsabilidades individuales por terrorismo, muertes y secuestros de policías y periodistas.

Los únicos capaces de armar ese disturbio están, desde hace tres años, desestabilizando el país y buscando que se caiga el gobierno de Lasso, como lo intentaron también con Moreno. En los años de revolución ciudadana organizaban los picnics de Collaguazo, con entrenamiento militar a civiles, para que se preparen para la toma del poder. Calentar las calles siempre fue su objetivo y lo sigue siendo con las marchas anunciadas por los movimientos sociales, sindicales e indígenas.

La Asamblea, las amnistías y el pronunciamiento empresarial

Agrega Aguilar que el correísmo es “el único movimiento político que se ha preparado por años para tumbar gobiernos, aprovechando cualquier descontento social para echar gasolina y pasar ‘de la resistencia pasiva a la resistencia combativa’, como instruía el deplorable Ricardo Patiño a sus bases; el único movimiento político del que nos consta que perfeccionó sus herramientas para movilizar lumpen proletarios con fines de intimidación. Los que declaran sus intenciones de llegar al poder para quedarse treinta años y tomarse la justicia, como anunció Andrés Arauz. Los que defienden la violencia como un mecanismo legítimo de cambio, como escribió Leonidas Iza”.

El correísmo quiere recuperar el poder y no lo oculta. Pasó en octubre de 2019 y ahora en la asamblea, cuando quieren tomarse el CPCCS, buscando cambiar el orden de los juicios políticos previstos, desechando el del procurador. Lo hicieron hace pocos días cuando intentaron crear una comisión que juzgue las actuaciones del CAL y de la presidenta de la Asamblea. Y lo seguirán haciendo con el proyecto de ley de inversiones.

No basta que caiga la presidenta del legislativo, sino recuperar el CPCCS, institución clave en nombramientos de funcionarios clave (contralor, procurador, fiscal, autoridades electorales y del contencioso electoral. Una troncha que ni Correa ni Nebot dejarán pasar. Los correístas quieren la impunidad de su líder y otros cuadros. A esto se suman los rumores de que el presidente Lasso se decidiría por la muerte cruzada, lo que los dejaría sin piso. Por eso, un CPCCS afín y servil es urgente en sus afanes de conspiración.

Del 30-S al octubre negro: más de una década de violencia y errores

Como señala Patricio Moncayo en su artículo del portal Plan V “en la Asamblea Nacional se ha implantado una corriente desestabilizadora. El llamado quinto poder es el Caballo de Troya de tal desestabilización. Las amnistías aprobadas confieren estatuto de ley a la insubordinación social impulsada con fines antidemocráticos”.

Moncayo sostiene que “el juego político fundado en el equilibrio de funciones no puede librarse si está condicionado por la existencia de candados institucionales que lo enervan. La reforma política, entonces, es una tarea improrrogable si queremos evitar la demolición progresiva de la democracia”.

El periodista Jean Cano, también en Plan V, dice que “por eso, en realidad, temen a la muerte cruzada. No hay cuadros contundentes para disputar una elección presidencial. Sería una pérdida de tiempo y de recursos. Si dicen que no la temen, acongojados y en voz baja, deja ver el susto de intentar mezclar el agua y el aceite, y el deseo perenne de un salvador, que no tiene rostro. Ya son la perpetua oposición”.

Esto, en lugar de tranquilizar al presidente, debe preocuparle mucho. Sus intentos para aprobar leyes y buscar gobernabilidad chocan no solo con la oposición de la asamblea y las organizaciones sociales, sino con trols en las redes sociales, cuyo fin es lograr el retorno de Correa, impune, para que participe en unas hipotéticas elecciones, que podrían celebrarse éste o el próximo año.

Thalia Flores lo analiza, preocupada, en el portal Primicias: ”a estas alturas, ya ni siquiera les importa guardar las apariencias. Lo único que pretenden es tomarse ese Consejo, para elegir contralor y llegar a la joya de la corona: la Fiscalía General del Estado. Con cinismo y desparpajo, retiraron el juicio político al procurador Íñigo Salvador. Y pretenden que Pachakutik (PK) retire las solicitudes de juicio político contra los vocales del CNE”.

La analista lamenta que Lasso no haya aprovechado su popularidad, “de cifras históricas, del 74% de respaldo, por la exitosa campaña de vacunación. Hoy, con solo 34%, según Perfiles de Opinión, debe arriesgar, porque no puede seguir sometido y maltratado por una Asamblea, que parece haber convertido al hemiciclo parlamentario en casino”.

Hernán Pérez Loose en El Universo retrotrae el recuerdo de personajes como León Febres Cordero y dice: “los patriarcas de ayer han sido remplazados hoy por vulgares piratas, gente que con todo cinismo busca seguir asaltando las arcas fiscales y asegurarse impunidad. Pero la gran diferencia es que, contrario a lo que sucedía en los tiempos de Roldós, la actual constitución sí contempla la facultad del presidente de disolver a la legislatura y convocarnos a elecciones a los ecuatorianos. En manos del presidente está decidir qué ruta su gobierno y el país van a seguir”.

Las razones de la conspiración

Al tomarse el CPCCS con sus facultades de nominación de contralor, fiscal, procurador y autoridades electorales, Correa y Nebot quieren repartirse cargos y, de paso, la asamblea, con lo que la estabilidad de Lasso correría peligro, porque rompió el pacto con el PSC y UNES antes de iniciar su gobierno y le quieren pasar esa factura.

Como señala José Hernández en 4 Pelagatos: “en principio Nebot obtenía la presidencia de la Asamblea, seguramente la presidencia de algunas comisiones, el manejo de la agenda legislativa y, por supuesto, beneficios derivados de acuerdos con el presidente que tenían que ver con ofrecimientos específicos a sus electores. Pero, claro, no solo eso. Correa, que ya tuvo todos los poderes y estuvo diez años en Carondelet, estaba obsesionado por un tema del cual depende su presente y su futuro político: quitarse de encima la Fiscalía y los jueces. Y volver al país tan santo como él se dice para intentar, cambiando la ley, instalarse en el poder y, de lograrlo, atornillarse a la silla presidencial”. Así, Lasso se ganó dos enemigos y en la Asamblea tienen la complicidad de los asambleístas de Pachakutik cercanos a Leonidas Iza.

Freddy Carrión, el exdefensor del Pueblo hoy preso por abuso sexual, en su informe sobre octubre 2019, negó derechos a policías y militares. El saldo: 1507 policías afectados, 435 heridos, 267 lesionados, 400 secuestrados, sin olvidar las mujeres policías manoseadas, diez policías secuestrados en la Casa del Cultura y 27 periodistas: descalzos y humillados en directo por Jaime Vargas aunque, cínicamente, lo negó.

Las revueltas y movilizaciones sociales de octubre de 2019

Meses antes ocurrieron hechos que evidenciaban disconformidad ante el gobierno anterior, especialmente en materia económica. El 23 de julio, en la Asamblea, profesores jubilados realizaron una huelga de hambre exigiendo el pago de saldos pendientes en efectivo (el régimen les había ofrecido pagarles con bonos del tesoro nacional).

Días después (28 de julio en Santo Domingo y el 5 de agosto en Guayaquil), realizaron acciones asociaciones de jubilados del país. El 6 de agosto fue levantada la medida tras un acuerdo en el que el gobierno pagaría las compensaciones en bonos canjeables en dinero en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

En septiembre, los ánimos seguían caldeados. El día 2, empleados y jubilados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) iniciaron otra nueva huelga de hambre, con apoyo del FUT en su movilización del 5 de septiembre. Se preanunciaba una huelga nacional para los primeros días de octubre.

El 24 de septiembre, fuerzas sociales, centrales obreras, alcaldes y el prefecto del Carchi iniciaron otro paro por considerar que el gobierno los había abandonado. Plantones ante la gobernación, marchas en las calles y bloqueos de vías, afectando el comercio de bienes de Colombia. La medida fue levantada el 30 de septiembre tras acordar doce compromisos con el gobierno. Pero, obreros e indígenas anunciaban movilizaciones, porque el régimen incumplió sus promesas de diálogo.

El 1 de octubre de 2019, el expresidente Lenin Moreno, en cadena nacional, anunció el Decreto 883, con medidas económicas y laborales para equilibrar cuentas fiscales. La medida más controversial fue la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel, colocándolos a precios internacionales.

La medida buscaba sincerar los precios y generar un ingreso de $ 1.700 millones al Estado, pero afectaba la economía de sectores vulnerables. Se quería evitar el contrabando de combustibles a Colombia y Perú (con altos ingresos para los contrabandistas) y buscaba no beneficiar al narcotráfico de esos dos países (principales productores mundiales de cocaína que usan ese combustible como precursor de su producción). Así, se llegó al 3 de octubre, cuando comenzaron las movilizaciones.

Los transportistas sintieron que los beneficios de su negocio se afectarían, tomando en cuenta que el servicio público de transporte en el Ecuador lo manejan grupos oligopólicos privados. La paralización y el bloqueo de vías fue la medida adoptada. El gobierno solucionó el problema, subiendo el pasaje del transporte público, que no entró en vigor.

Pero esto enojó a los indígenas, que anunciaron marchas, tomas simbólicas, bloqueos, paralizaciones y traslados masivos a las capitales provinciales y una, la más importante, a Quito, que inició el 4 de octubre. Desde varias provincias llegaron unos 25 mil indígenas al parque “El Arbolito” y al ágora de la Casa de la Cultura y como lugares de acogida y abastecimiento algunas universidades cercanas: Católica, Politécnica Nacional, Politécnica Salesiana, Andina Simón Bolívar y Central. La movilización ganaba espacio. Y pronto, mediante noticias falsas e infiltraciones, algunos sectores del correísmo y de izquierda se alinearon a las acciones de protesta.

Paralización y barbarie

Fue una guerra de 12 días, denominada como “la rebelión de los ponchos y el terrorismo correísta” o “el octubre negro”. El fin del subsidio a los combustibles fue el detonante. No sirvieron las medidas paliativas, como el ajuste de vacaciones de la burocracia, la reducción de empleos y el día obligatorio de descuento en el sueldo mensual. La eliminación del anticipo al impuesto a la renta solo satisfizo a los empresarios.

Los transportistas, grupo de presión beneficiado en tiempos del expresidente Correa, protestaron. El régimen, para mantener la medida, declaró estado de excepción por sesenta días. El decreto movilizaba a entidades públicas, milicia y policía para mantener el orden y prevenir la violencia, suspendiendo el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión. La medida fue rechazada por los transportistas y por algunos políticos que pescaron a río revuelto.

Actores del correísmo -la entonces asambleísta Gabriela Ribadeneira, el asambleísta Pabel Muñoz, el militante Virgilio Hernández y la prefecta de Pichincha Paola Pabón-, sugirieron “adelantar las elecciones o la salida del presidente”. En las presidencias de Correa era prohibido manifestarse en la calle, porque la protesta estaba criminalizada y se infringió el derecho constitucional a la resistencia. Algunos, como legisladores votaron, poco antes, en la Asamblea, contra la incautación de bienes mal habidos por corrupción.

El gobierno de Moreno era poco creativo en sus medidas económicas, cuando lo que debió hacer es eliminar empresas estatales improductivas. El país estaba paralizado por transportistas, indígenas, correístas, ciertos políticos y todo aquel que veía en la desestabilización una oportunidad. Desde Bélgica, ante la conmoción interna, Correa aconsejó adelantar elecciones y así evitar los procesos penales en su contra.

Entrado en vigor el decreto 883, del 1 de octubre de 2019, que eliminaba los subsidios de los combustibles extra y diésel, la marcha indígena, encabezada por Jaime Vargas y Leonidas Iza, se tomó Quito. Miles de indígenas llegaron desde Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura, mientras otros grupos actuaban en sus territorios.

La consigna inicial: derogar el decreto. Se tomaron las gobernaciones de Chimborazo, Cañar y Sucumbíos, boicotearon instalaciones petroleras del Oriente y cerraron ductos de transporte de petróleo (encabezados por el hoy amnistiado, el correísta Yofre Poma), Atacaron instalaciones y antenas de transmisión de radio y televisión en Surihurco (Tungurahua) y cortaron el suministro de agua en Ambato, la capital provincial.

En su marcha hacia Quito, especialmente en Cayambe y Machachi, los indígenas agredieron a trabajadores de haciendas florícolas y agrícolas, destruyeron sus campos, producción y vehículos. Crecía el nivel de violencia y se registraba vandalismo y saqueos en Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. Fueron afectados los centros históricos de ciudades patrimoniales, como Quito y Cuenca, hubo una toma “pacífica” de la Asamblea, protagonizada por “Yaku” Pérez (defensor del agua y la lucha anti minera que, paradójicamente, luchaba por combustibles fósiles subsidiados) y el incendio de la Contraloría General del Estado.

A partir del 7 de octubre, la estrategia de desestabilización de grupos correístas coincidió con la del indigenado y la izquierda, cuando Jaime Vargas ordenó a los militares derrocar al presidente (junto a militantes del marxismo ecuatoriano, infiltrados en universidades públicas, que adoctrinan jóvenes para la revolución).

Con el presunto objetivo conspirativo en marcha, el gobierno decretó toque de queda y ordenó a los ministros de Defensa y Gobierno para que militares y policías salgan a las calles a hacer una contención progresiva a las manifestaciones y la violencia, cuyo epicentro era el parque “El Arbolito” y el centro histórico. El 9 de octubre, hubo una asamblea indígena en el ágora de la Casa de la Cultura, donde se llamó a la desobediencia al gobierno y estuvieron retenidos contra su voluntad policías, periodistas y camarógrafos. Uno de ellos, el reportero Freddy Paredes, de Teleamazonas, fue agredido y apedreado a su salida del ágora por no haber dicho en la asamblea indígena “que no estaba retenido”, como después declaró ante la Fiscalía.

Dos días después, el 12 de octubre, grupos de manifestantes atacaron el mismo canal de televisión y efectuaron actos de violencia en muchos sectores de Quito, bloqueando vías e intentando ataques a la propiedad privada (hubo tentativas fracasadas de atacar el canal de televisión Ecuavisa y el diario El Comercio).

¿Quién estuvo tras el paro? ¿Quién patrocinó a los indígenas? ¿Buscaban derogar solo el decreto 883? ¿Por qué tanta violencia y destrucción de ciudades? ¿Se intentó un golpe de estado? Más dudas surgieron: ¿Qué “consultorías” hacía Rafael Correa para el gobierno de Venezuela? ¿Por qué el expresidente estuvo en ese país poco antes de la asonada y por qué en una entrevista, a fines de septiembre, en Russia Today (RT), sugirió al mandatario de ese país eliminar los mismos subsidios? Rafael Correa, Virgilio Hernández y Gabriela Rivadeneira hablaban, casi al unísono, de convocar la muerte cruzada (adelanto de elecciones, previsto en el art. 148 de la Constitución ecuatoriana) y cesar al mandatario por “estado de conmoción interna”.

La teoría de un golpe de Estado detrás de las manifestaciones violentas de octubre de 2019 fue manejada por fuentes gubernamentales, como denunció el expresidente Lenín Moreno. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaba que “las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse (…) a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social”.

Las motivaciones de ahora siguen siendo parecidas. Lo lamentable es que políticos como Nebot y el partido Socialcristiano, estén patrocinando estos movimientos, demostrando que su pacto con Correa y Leonidas Iza sigue firme. Así busca Correa recuperar el poder.

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