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Que decida el pueblo

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El desacuerdo entre los líderes políticos elegidos para legislar y fiscalizar suele llevar a la frase más democrática, en apariencia, y más ambigua de la política: “que decida el pueblo”. Se llama Consulta Popular y consiste en formular preguntas al pueblo.  

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

La Consulta Popular es, en principio, un sinsentido porque las dificultades evidentes de que el pueblo tome las decisiones condujo a la democracia representativa que consiste en elegir representantes para que tome las decisiones a nombre del pueblo. Eso supone que los representantes están habilitados para tomar decisiones, aunque no siempre es así, y que las toman pensando en el bien común, cosa que pocas veces es así.

El Gobierno analiza incluir dos preguntas más en la Consulta

¿Por qué apela el gobierno a la Consulta Popular?

Por diversas razones, los administradores no quieren, no pueden o no se atreven a tomar decisiones y apelan al pueblo. Los gobernantes no se ponen de acuerdo y tienen posiciones opuestas sobre algún asunto y apelan al pueblo para que decida quién tiene razón. Cuando se trata de temas que pueden definirse conforme la opinión de la mayoría, parece fácil. Temas polémicos como el aborto suelen someterse a decisión popular. A los políticos no les agrada tomar la decisión porque saben que la mitad de la población les felicitará y la otra mitad les maldecirá. Someten el tema a consulta y se decide por mayoría de votos.

Un tema jurídico o una decisión económica es más difícil porque la mayoría de los electores ni siquiera entiende el problema. Si la Consulta Popular somete a decisión una ley, Constitución o reglamento, el texto va acompañado de dos opciones, Si o No, como alternativas para la decisión. Lo normal es plantear preguntas cortas, claras y limpias para que los electores decidan a favor o en contra. Casi siempre se plantea en Consulta el apoyo a la decisión que desea tomar quien propone la consulta, aunque está prohibido inducir la respuesta a los electores.

El gobierno ha planteado una Consulta Popular con tres temas: la seguridad, la crisis política y la ecología. Ha enviado a la Corte Constitucional, que debe aprobar las ocho preguntas, un documento de 470 páginas. Los electores tendrán solo las ocho preguntas y sus anexos, pero una de las preguntas tiene un anexo de 15 páginas, lo que plantea un problema práctico que debe resolverse.

Tres temas populares para la Consulta

Las preguntas sobre seguridad plantean:

  • Que las Fuerzas armadas puedan colaborar con la policía en el orden interno.
  • Que se apruebe la posibilidad de la extradición de los acusados a otros países.
  • Que la Fiscalía General de la Nación tenga autonomía y haya un Consejo Fiscal.

Las preguntas sobre política proponen:

  • Que se reduzca el número de asambleístas y haya una mejor representación.
  • Que los partidos políticos tengan afiliados registrados y apoyo popular mínimo.
  • Que se le retire al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de nombrar a las autoridades de control y se devuelva esta facultad a la Asamblea Nacional.

Las preguntas sobre medio ambiente plantean:

  • Que se preserven las fuentes de agua excluyendo la actividad minera.
  • Que se pueda establecer compensaciones para proyectos que preserven el medio ambiente.

La oposición rechaza la Consulta

En los primeros cuatro días ya hay debate acerca de la constitucionalidad de algunas preguntas, pero la decisión le corresponde a la Corte Constitucional. Los adversarios del gobierno han cuestionado la Consulta en su totalidad, entre ellos Leonidas Iza y Rafael Correa, y muestran la incomodidad que tienen con el manejo de algunas preguntas. Oponerse a la extradición es pronunciarse a favor de los narcotraficantes; oponerse a la colaboración de las Fuerzas Armadas es mostrarse tolerante con la delincuencia; oponerse a las reformas a los partidos políticos es defender la degradación política y la corrupción. Sobre estos temas hay sólidas posiciones de la mayoría de los ecuatorianos.

La estrategia del gobierno será presentar la Consulta como el mecanismo de rechazo popular al narcotráfico, la delincuencia y la politiquería. La estrategia de la oposición será presentar la Consulta como un plebiscito a favor o en contra del gobierno, como una evasión de los problemas reales y como estrategia del gobierno para ocultar otros problemas.

¿Qué busca el gobierno con la Consulta?

Los críticos de la Consulta consideran que el gobierno hace una apuesta muy alta porque sus niveles de popularidad son bajos, los problemas son de difícil solución y, en caso de perder la apuesta quedará en una situación política calamitosa. Algunos consideran que le entrega en bandeja su cabeza a la oposición cuando le quedan todavía casi tres años de gobierno.

Los que apoyan la consulta al pueblo creen que los temas planteados son ganadores porque corresponden a las principales preocupaciones ciudadanas. Señalan también que el rechazo a la Asamblea Nacional y a los partidos políticos es tan alto que la Consulta servirá para que los ciudadanos castiguen a los narcotraficantes con la extradición y a los partidos con la reducción del número de legisladores.

La victoria en las urnas le daría al gobierno una legitimidad necesaria para el resto del período y podría incluso asimilar como apoyo al gobierno el apoyo a las preguntas. De cualquier modo, hasta los escépticos opinan que para el gobierno es mejor hacer algo que mostrarse inmóvil. No ha podido ganar la batalla a la mayoría legislativa, pero puede ganar la batalla en las urnas.

¿Resolverá los problemas nacionales la Consulta?

El problema de la seguridad y la crisis de los partidos no pueden ser resueltos por los ciudadanos. El gobierno debe haber meditado, consultado y realizado encuestas para examinar las ventajas y los riesgos de la consulta a los ciudadanos. Incluso la victoria constituye un riesgo porque problemas como la violencia, el narcotráfico y la corrupción política son profundos y tomará mucho tiempo resolverlos. Si los ciudadanos apoyan la consulta y los problemas siguen igual o empeoran, la desilusión puede ser muy profunda y revertirse en contra del gobierno.

La participación colaborativa de las Fuerzas Armadas con la policía puede ser de ayuda, pero no será suficiente. Desde hace una década han advertido los ecuatorianos más lúcidos de la penetración del narcotráfico en la política y en las instituciones. El gobierno deberá contar con un plan sólido para después de la Consulta. Ese plan exigirá presupuesto, tecnología, ayuda de otros gobiernos, inteligencia y capacitación de la fuerza pública para que se vean resultados.

La recuperación de los partidos políticos es urgente e indispensable para evitar que la delincuencia organizada termine proponiendo los candidatos y ganando las elecciones. No es suficiente que los partidos tengan afiliados reales y respaldo popular mínimo para su recuperación, hacen falta reformas al código de la democracia para que los tránsfugas pierdan su curul si traicionan al partido y sobretodo que se cumplan las reglas que los propios partidos aprobaron. La existencia de 270 movimientos políticos descalifica cualquier representación democrática.

Si el gobierno es capaz de hacer una campaña exitosa, es posible que los ciudadanos vean la Consulta Popular como el inicio de la lucha a fondo contra el narcotráfico y contra la corrupción. La angustia de las familias con hijos adolescentes, en un país que no brinda posibilidades de trabajo, es que los narcotraficantes perviertan a sus hijos.   El gobierno tendrá que mostrarse eficiente en la campaña y en la preparación de los planes para que la promesa de soluciones no caiga en el vacío.

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