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Cuatro barbaridades en la Ley de Comunicación

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La mayoría de la Asamblea Nacional decidió rechazar el informe de mayoría de la Comisión que estudió las reformas a la Ley de Comunicación propuestas por el Ejecutivo. En su lugar aprobó una nueva ley propuesta como informe de minoría en la Comisión.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

La ley propuesta por dos asambleístas contiene cuatro taras de la izquierda internacional y de los gobiernos autoritarios que aborrecen la información independiente y a los medios privados de comunicación porque considera que son poderes fácticos que atentan contra el poder político.

El proyecto de Ley de Comunicación y los artículos sensibles

Lo que ha hecho la Asamblea Nacional al aprobar ese proyecto es volver a las desmedidas aspiraciones del gobierno de la revolución ciudadana que dictó leyes contrarias a la libertad de expresión y dejó malherida a la prensa libre en el Ecuador. Esas heridas no sanan con las reformas propuestas por los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, apenas mejoran. La ley enviada al Ejecutivo para su sanción contiene muchas disposiciones bárbaras por lo que el gobierno ha hecho bien en calificarla de Ley Mordaza y haría mejor si le sancionara con un veto total. Señalamos cuatro barbaridades de las muchas que contiene esa ley.

El Estado como dueño de la verdad

El artículo 17 de la ley, que bien podía haber sido el único, dice que el Estado garantiza la verdad y prohibe la mentira. De ser verdad lo que ofrece este artículo, tendríamos que concluir que el Estado puede garantizar la verdad a los ciudadanos porque es el dueño de la verdad. Es una idea seudo religiosa de un Estado infalible y concebido sin mancha, como los viejos dogmas de la Iglesia Católica.

Si el Estado pudiese garantizar la verdad y prohibir la mentira, dejaría como inútiles a todos los medios de comunicación privados ya que no caben varias verdades y cualquier otra verdad que no sea la del Estado forzosamente sería mentira y, en consecuencia, debería ser prohibida. De la misma manera tendríamos que concluir que los medios públicos, controlados por el Estado, no dirían sino la verdad.

Esta concepción se basa necesariamente en una ficción, la de que el Estado es una entidad unitaria dentro de la cual no es posible el disenso o discrepancias y que su formulación de la verdad se transmite, sin interferencias a los medios públicos y a través de ellos o de los voceros a los ciudadanos.

Leyes y sanciones que violan la libertad de expresión

El germen des esta concepción infalible del Estado está sembrado en el artículo 18 de la Constitución vigente que garantiza a los ciudadanos el derecho a informar y ser informados, pero establece como condiciones de la información que sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa. ¿Quién vigila y establece que la información tenga estas características? Pues el Estado impoluto.

Cualquier reforma legal que pretenda devolver a los ciudadanos la libertad de expresión, será incompleta mientras siga vigente este artículo constitucional que, además, contradice a los acuerdos y tratados internacionales firmados por el Ecuador sobre libertad de expresión. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice textualmente: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.” Todas las leyes y reglamentos derivados de un artículo incompatible con la libertad de expresión, necesariamente nos privan de este derecho.

Los asambleístas han dictado normas para asegurar que la información tenga las características establecidas por el Estado y toda norma establece sanciones para los transgresores. Si tomáramos por ciertas las disposiciones de la ley, no podrían sobrevivir los medios privados de comunicación ni los periodistas independientes.

Vigilantes de la verdad y castigos para la mentira

Los desventurados autores de las reformas a la ley de comunicación y los asambleístas que aprobaron esas reformas establecieron vigilantes y sanciones para asegurar que se imponga la información en los términos convenientes para el Estados y no para beneficio de los ciudadanos. La aplicación de las leyes queda en manos de los funcionarios y especialmente de los designados para asegurar el control.

La revolución ciudadana estableció una Superintendencia de Comunicación de triste recordación porque cometió numerosas tropelías contra la libertad de prensa. Esa institución dictatorial fue abolida en una reforma posterior. Ahora la Asamblea ha puesto el control y las sanciones en manos del Defensor del Pueblo a quien le da atribuciones para acusar civil o penalmente a los periodistas y a los medios que, a su juicio, difundan informaciones que no cumplan con los parámetros establecidos.

Que el 2022 sea el año del fin de la Ley Mordaza del correísmo

Las reformas establecen controles adicionales mediante Consejos de Vigilancia, designados por las autoridades de turno y enquistados en los medios, con iguales capacidades que los Consejos editoriales. Inquisidores, dentro y fuera de los medios, harían imposible la crítica al gobierno y,  en consecuencia, eliminarían el derecho y el deber de los ciudadanos de fiscalizar a los representantes que ha elegido.

Reeducación para los mentirosos

Uno de los artículos más viciosos de la reforma legal, establece la obligación de los funcionarios de reeducar a los periodistas y a los medios que trasgredan las normas. Dispone que las autoridades organizarán cursos obligatorios para reeducar en aspectos como verificación, contrastación y contextualización.

A los asambleístas les asaltaron reminiscencias de los campos de reeducación de Siberia, con un sistema algo más civilizado, que no eliminan el temor a la censura, mantiene la pretensión de uniformidad típica del estatismo centralizado. Los medios quedan encerrados en un esquema que aparenta proteger a los ciudadanos aunque todo conduce a que el Estado controle la información y mediante la unificación del relato construya la realidad.

Todos los gobiernos autoritarios tienen la obsesión por controlar la información; aunque se disfracen con apariencias democráticas, no pueden ocultar el desprecio a la libertad de información y la concepción de la empresa privada de comunicación como un poder fáctico que conspira contra el poder político.

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