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¿Deber de socorro?

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El socorro en diversos escenarios y el derecho penal como juzgador de las acciones.

Foto: @RacoolStudio – Freepik

Imagine lo siguiente: usted se encuentra corriendo en un parque de la ciudad y de repente ve como un sujeto agrede a golpes y patadas a su pareja. La mujer, desesperada, clama por ayuda pues asevera que el agresor la va a matar, pero quienes observan la dramática escena prefieren seguir avanzando o lo que es peor, se detienen a filmar la agresión en lugar de hacer algo.

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¿Qué opinión le merece el escenario planteado? ¿podemos reprochar de alguna forma a aquellos que, en lugar de socorrer, se limitaron a ser meros espectadores de la desgracia humana? ¿estamos llamados a responder penalmente por nuestras omisiones? ¿todo el que omite, responde?

El Derecho penal actúa como un medio de control social secundario que utiliza a las normas jurídico-penales como herramientas a través de las cuales influye en el comportamiento del ciudadano, haciéndole conocer qué conductas están prohibidas y cuáles son los deberes fundamentales que le corresponden. En este contexto, la pena, que no es sino la consecuencia jurídica al incumplimiento de dichos mandatos o prohibiciones, actúa con el fin de mantener la confianza en el ordenamiento jurídico y generar una actitud de respeto hacia el Derecho por parte del ciudadano, al confirmar la seriedad del aviso realizado previamente por las normas.

Es precisamente, a través de esta definición, que el Derecho penal no solo sanciona acciones que contravienen las prohibiciones establecidas, sino también el incumplimiento de los deberes determinados por la norma jurídico-penal. A estos últimos incumplimientos, los denomina omisiones. Vale señalar que una omisión no implica la pasividad del sujeto (o el mal entendido “no hacer” de este), sino que para su configuración basta con la realización de una conducta distinta a la determinada por la ley penal. Así, por ejemplo, si la norma penal establece la obligación de auxiliar a quien se encuentre en peligro, y el ciudadano que puede hacerlo, se limita a filmar lo que sucede, entonces aquel ciudadano sería penalmente responsable por “realizar” una conducta distinta a la determinada por la norma, incumpliendo, por tanto, el deber que ésta establecía.

Una vez explicado esto, respondamos las preguntas planteadas. Partamos señalando que las omisiones se clasifican en dos tipos: omisiones puras, que se conforman con el hacer algo distinto de lo determinado por la ley penal; y, comisiones por omisión, que consisten en la no evitación de un resultado.

Respecto de las omisiones puras, las mismas requieren indefectiblemente de tres elementos: a) una situación típica (es decir una conducta delictiva determinada en la ley); b) la ausencia de una acción determinada (es decir, la ley penal, determina un deber de actuar específico que el ciudadano incumple); y, c) la capacidad del ciudadano de realizar dicha acción determinada. Este es el caso de aquel que, teniendo el deber de socorrer, no lo hace.

Respecto de las denominadas comisiones por omisión, además de los elementos previstos para la omisión pura, se requiere de tres elementos adicionales: d) una posición de garante (es decir, el ciudadano tiene un deber especial de protección respecto de un determinado bien, con base en lo determinado en la ley o en un contrato); e) la producción de un resultado dañoso; y, c) la posibilidad de evitar dicho resultado. Este, por ejemplo, es el caso de la madre, que, teniendo un deber de protección respecto del bebé, deja de alimentarlo ocasionando su muerte. En el caso de la comisión por omisión, los requisitos aumentan por cuanto el Derecho penal realiza una equiparación entre la omisión y la acción, de ahí su nombre: cometer omitiendo.

Esclarecido esto, podemos señalar que sí, estamos llamados a responder penalmente por nuestras omisiones, siempre y cuando, cumplamos con los elementos determinados por la ley penal. Por otra parte, y con base en lo dicho previamente, es necesario aclarar que no, no todo el que omite responde, pues el juicio de responsabilidad requiere de la presencia de varios elementos y no únicamente del “no hacer” lo determinado.

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Lamentablemente, el escenario planteado al inicio, aunque es real y revela el progresivo abandono de valores como la solidaridad, se seguirá repitiendo, pues la ley penal ecuatoriana no prevé la omisión al deber de socorro. Esto entonces, nos obliga a pensar en la urgente necesidad de tipificar dicha conducta a fin de reafirmar, de manera expresa, un deber que, al parecer, estamos omitiendo como sociedad.

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