Poder y corrupción

La política que sustancia servicio a la sociedad se degrada en el Ecuador, por el inmediatismo de  movimientos y partidos políticos débiles en principios e ideologías. 

El carácter individualista del ser humano le hace obsesivo por el poder, sin importar su condición social, económica, política. El Poder es su meta, sea pequeño, mediano o grande, en su entorno, en su cotidianidad, en los estamentos del Estado a los que llegue.

Común es hablar, escuchar y pulsar Poder en la familia, en clubes, barrios, comunidades, parroquias, cantones, provincias, en el Estado, en lo social, económico y político. Múltiples y dilatados tratados teorizan sobre el Poder, uno es el de Robert Greene y Joost Elffers, quienes concluyen que “el poder, en esencia, es amoral (…), es un juego” que no “juzga a sus contrincantes por sus intenciones sino por el efecto de sus acciones”.

“Es un juego social. Para aprenderlo y dominarlo deberá desarrollar la habilidad de estudiar y comprender a la gente” y, “para ser un maestro en el juego del poder, también deberá ser un maestro en psicología”, pues “la comprensión de los motivos ocultos de la gente es el conocimiento fundamental para adquirir poder. Le abre las puertas a infinitas posibilidades de engaño, seducción y manipulación”.

Conducen a la ruina

En el Ecuador de estos tiempos afloran tales “posibilidades”. Green y Elffers, en su obra “Las 48 Leyes del Poder”, expresan que ellas se rigen “por una premisa muy simple: Determinadas acciones casi siempre incrementan el poder del individuo (la observancia de la ley), mientras que otras lo reducen e incluso conducen a su ruina (la transgresión de la ley)”.

Y prevalece la segunda, porque la “fuerza de tarea” Fiscal pesquisa generalizados indicios que confirman esos juegos del poder y no pocos ya están encaminados a la ruina de sus libertades, aunque no material porque aún se agazapan en laberintos judiciales que dilatan la recuperación de lo sustraído, aunque indiciados y sentenciados, cínicamente, reclaman derechos humanos, cuando con sus argucias, sistemática y organizadamente, violentaron el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, relativo al bienestar ciudadano.

Leamos la Ley 26 de Green y Elffers, que sintetiza el drama ecuatoriano: “Mantenga sus manos limpias”, que los sindicados dicen tenerlas así, pero su realidad muestra manchas curtidas. El criterio de los autores se asimila a lo que ocurre desde el 2007: “Es necesario que, en todo momento, usted aparezca como paradigma de la corrección y la eficiencia. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. Mantenga esa apariencia impecable, utilizando a otros como testaferros o pantallas para ocultar, cuando sea necesario, su participación personal en hechos de esta índole”. Así pregonan en los juzgados.

Con esa brega pretenden librarse de sus trampas, mentiras y robos administrativos y fiscales, típico de la “delincuencia organizada” develada, en gran parte, por la investigación periodística, pese al asedio de los cabecillas que amañaron una Ley de Comunicación para reprimirla y conculcar su deber de informar hechos para que los administradores judiciales tipifiquen delitos, delitos de Lesa Patria, violadores de derechos humanos ecuatorianos.

Tal asedio se mantiene porque aún rige la inconstitucional ley, también violatoria del derecho universal de libertad de opinión y de expresión, pese a que el discurso oficial abogue su respeto.

“Imaginería impactante”

Sigamos: la ley 37 determina: “Arme Espectáculos Imponentes”, sobre la cual los autores creen que “una imaginería impactante y gestos simbólicos grandiosos generan aura de poder, ya que ejercen gran atracción sobre todos. Presente espectáculos imponentes para quienes lo rodean, plenos de elementos visuales fascinantes y radiantes simbolismos, que enfaticen su presencia. Encandilados por las apariencias, los demás no se darán cuenta de lo que usted está haciendo en realidad”.

Ello fue sistemático en el Ecuador de diez años de “sabatinas” con “imaginería impactante”, con imposición de culturas de sainete, información antojadiza y violencia verbal, en los que se ufanaron de proyectos multimillonarios, como la Refinería del Pacífico, la repotenciación de la de Esmeraldas, repletos de coimas traducidas como “acuerdos entre privados”. Proyectos fallidos, como otros, con los que habrían amasado no menos de USD 70 000 millones, convertidos en patrimonios y depósitos en paraísos fiscales que soportarían sus actuales placenteras existencias en el país y en el exterior y movilizaciones de adeptos.

La “imaginería impactante” se amparó y ampara en legislación recurrentemente señalada como favorable a la “delincuencia organizada”, cuyo ascenso en el Ecuador y otros países llevó al Sistema Interamericano (OEA) asumir, el 14 de abril de 2018, el “Compromiso de Lima/Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” que parece dormir el sueño de los justos en archivos de los responsables de acometer las acciones ahí descritas para combatir la pandemia que distrae y represa el bienestar de los pueblos.

Cierto que el compromiso 23 protege “el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión”, pero los 56 restantes no incluyen, taxativamente, capacitación de actores políticos y ciudadanos en ética política, en gestión transparente de Estado, sabiendo que tras elecciones son administradores de él.

“Políticos” sin política 

En el Ecuador, movimientos y partidos políticos reciben recursos del Estado, con cargo al Fondo partidario Permanente, para ser utilizarlos “exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para su funcionamiento institucional”, como prescribe el Art., 355 del Código de la Democracia, pero no hay evidencia de que sea así. ¿Malversación de fondos públicos?

Las entidades contraloras de partidos y movimientos no hacen su trabajo, quizá por ser parte de versatilidades del Poder, coadyuvando así  a que dirigencias y militancias sean huérfanas de saber ideológico, de principios, de filosofía (dialéctica), ética política, administración pública, historia y realidad ecuatoriana, omisiones que les hacen “políticos” lejanos de la ciencia política.

Vasta examinar los registros de los 280 movimientos y partidos ecuatorianos para advertir su nubosidad en valores éticos, cívicos, de realidad e historia nacional, de su apego a la lectura correspondiente. Un político sin lectura riñe con la realidad y las perspectivas; la ausencia de tal hábito le obliga a llenarse de veleidosos “asesores” que imponen intereses particulares y expanden la obesidad y la desarticulación administrativa del Estado.

Un político consecuente lee y valora la libertad, potencia su personalidad, educa su sensibilidad, desarrolla su fantasía, se conoce más a sí mismo y a los demás, mejora su capacidad de análisis, reflexión, crítica y autocrítica, sus relaciones humanas; las organizaciones fortalecen su dinamia, su militancia realiza su trabajo con convicción, eficiencia y desarrolla dirigencia y liderazgo, proyectará acciones, redundando en bienestar individual y social, en conducción equilibrada del Estado.

Así, la política dejaría de ser artimaña como la tradujeron los “robolucionarios”, recuperará su sentido real de servicio a la sociedad; los ciudadanos militantes reclamarán derechos y responsabilidades sin contradicciones, porque discordante es abogar por fuentes de trabajo, bienestar, cuando al mismo tiempo vilipendian y ahuyentan al capital, pequeño, mediano o grande, generador de empleo público y privado.

Por ello, importa leer bien la “consigna” establecida en la Constitución sobre el deber del Estado: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir a una sociedad democrática y libre de corrupción”; tal deber es responsabilidad de todos, porque todos somos el Estado, transgredirla supone incurrir en delitos de lesa Patria, porque frena el desarrollo político, económico y social, el bienestar nacional.