Ocho países, entre ellos Ecuador, registran graves casos de abusos a la libertad de expresión
Compartir
El informe Una región con Claroscuros, del colectivo Voces del Sur, retrata una región con poderes estatales intolerantes a la libertad de expresión. En Ecuador hay avances, pero aún existen amenazas. Aquí algunos detalles.
La lupa en las autoridades de ocho países. Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina midieron, en ocho países, la implementación de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente el 16.10.1 tiene que ver con un asunto que poco gusta a los gobiernos: libertad de expresión. Específicamente, se trata del número verificado de casos de abusos de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Todo esto en los 12 meses anteriores a la medición que acaba de salir a la luz. Y no hay resultados alentadores. Es más, en el 2018 los patrones de violencia extrema, impunidad y políticas autoritarias en contra de periodistas continuaron imbatibles, dice el informe.
Seis asesinatos y centenares de abusos. Este colectivo integrado por ocho ONG (como Fopea de Argentina, Fundamedios de Ecuador, Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, Ipys de Perú y Venezuela), autodenominado Voces del Sur, revisaron la situación en Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Registraron un total de 734 alertas bajo los doce indicadores regionales en común. Cuentan ya: seis asesinados, siete desapariciones forzosas, 306 ataques y agresiones, 112 casos de uso abusivo del poder estatal, 84 violaciones al acceso a la información, ocho secuestros, dos casos de torturas, 74 casos de restricciones de internet… Los mayores perpetradores de los abusos son los propios gobiernos centrales y locales.
Los que menos atacan. El informe destaca que hay países que pueden ser considerados como paraísos seguros para ejercer el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ahí están Uruguay (12 alertas en un año) y Perú (13 alertas en un año). Pero, del otro lado, están los más peligrosos: Nicaragua (234 alertas) y Venezuela (196 alertas).
73 periodistas huyeron de Nicaragua. La libertad de prensa y la libertad de expresión se deterioran más, mientras Daniel Ortega sigue en el poder. Su régimen ha convertido al oficio de informar en sinónimo de riesgo, dice el informe. Las denuncias van desde intervenciones militares a salas de noticias, criminalización y encarcelamientos, todo ejercido desde el Gobierno. Entre abril y diciembre de 2018, dice el colectivo Voces del Sur, más de 73 periodistas huyeron del país para proteger sus vidas y libertades. “Muchos continúan su trabajo periodístico desde el extranjero. Sin embargo, sus familiares que se quedaron han sido identificados como blancos”, asegura. Los diarios de ese país también han denunciado que Ortega mantiene un bloqueo a la importación de papel.
Maduro pone plata contra la libertad de expresión. Pese a la grave crisis humanitaria en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro invierte, dice el Informe, en propaganda ofensiva y lastima a la prensa libre. Además, hay un ataque sistemático que ha debilitado a la libertad de prensa en lo institucional, legal y empresarial. No hay defensa alguna frente el régimen de Maduro, dice el informe. El colectivo denuncia la venta forzada de medios de comunicación y cambios drásticos en sus líneas editoriales, censura y auto censura. Como en lo económico… es una situación insostenible.
En Ecuador hay avances, pero aún existen amenazas. En el informe Una región con Claroscuros reviven el episodio de la muerte del equipo de diario El Comercio, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Aseguran que los actores no estatales, en este caso los narcotraficantes, constituyen un gran riesgo para el periodismo. Pese a los esfuerzos del Gobierno por cambiar la situación que se vivió en la etapa del correísmo, todavía hay actores estatales que ejecutan la mayoría de los ataques en contra de la prensa. Lo hacen, dice el texto, a través de medidas administrativas, judiciales y legislativas. “Estos ataques ya no se originan en el gobierno central, sino en las autoridades y oficiales locales. Algunos ejemplos incluyen autoridades y oficiales públicos que presionan procesos para criminalizar y perseguir a aquellos que los critican en los medios de comunicación”, dice el capítulo sobre Ecuador. Además, hay agresiones en contra de reporteros y camarógrafos que cubren movilizaciones de partidos políticos; y casos de censura en internet. Son 83 alertas en total.
