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Virus, epidemias y pandemias

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El 2020 concluye en el Ecuador con virus letales para la salud como para la perspectiva socio-económica-política de la población, a menos que esta asuma consciencia y posicione antídotos en favor de su bienestar.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

El 2020 concluye como año fatídico para la República del el Ecuador: la inmovilizó, le causó temor, miedo, agudizo desconfianzas, la sumió en recesión, su crecimiento económico anual será deplorable, adicionó créditos externos para aliviar su inmenso déficit, el desempleo, subempleo y pobreza llegaron a cifras inéditas, se redujeron remuneraciones, la seguridad social y los sistemas de salud y educación mostraron sus progresivas debilidades. En contraste, el virus, la epidemia, la pandemia de la corrupción escaló posiciones sobre la base de manías y estructuras enraizadas desde el 2007.

El 2020 hizo ver que la conciencia social y la conciencia política están embotelladas, aunque ciertas filtraciones mostraron desaciertos administrativos, malabarismos políticos y a la cleptomanía haciendo de las suyas, parapetada en demagógicos discursos vilipendiadores de la política, de la democracia, de los derechos humanos, del progreso, del desarrollo, del bienestar.

Salvo una o dos figuras de última hora que ingresaron a tratar de evitar el colapso total de la economía, la administración que está por cesar ha mantenido el sistema implantado en el 2007, con ciertas modificaciones “de estilo” que, en casi cuatro años, han permitido denunciar 2 774 casos por peculado, cohecho y tráfico de influencias, como reveló un matutino guayaquileño, pero la justicia se mantiene ciega sobre la amplia mayoría de ellas.

Los casos registrados en la actual administración no han sido cuantificados en la afectación a la caja fiscal, pero estiman “cifras bajas” en relación a los más de USD 70 000 millones cifrados entre el 2007 y 2017, probablemente ya lavados, con movimientos alegres en paraísos fiscales o en países “amigos” de la denominada “revolución ciudadana”, a donde se dice continuamente se desplazaba un avión presidencial sin más ocupantes que los tripulantes. Varios actores han sido procesados, sentenciados, guardan prisión o ambulan por los tejados de Europa y otras latitudes, disfrutando lo mal habido, por lo que recuperar el dinero raya en odisea.

La estructura judicial montada por el correísmo está casi intacta y no deja de ser señalada como timorata ante el cúmulo de denuncias que cifran miles de millones de dólares alrededor de refinerías, almacenamientos de gas, poliductos, hidroeléctricas, hospitales, preventas petroleras hospitales, contratos de deuda, en los que podrían estar envueltos “topos” que se señorean por las altas esferas de la actual administración.

No perdemos esperanza

Si los controversiales procesos políticos para cambio de régimen tienen resultados que podrían revertir la crítica situación estructural del Estado, es posible que se haga realidad la previsión del 2017 de que “en Ecuador (aun) no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza”, lo que sería posible con el imperio de decisión y transparencia política, mutación de la administración de justicia y legislación efectiva para combatir la delincuencia y la inseguridad nacional, como también los servicios de una diplomacia activa y consecuente con los intereses del país.

Así, el futuro administrador del Estado tiene el imperativo de realizar una reingeniería en la estructura y administración del Estado, con imprescindibles nuevos ejes en la justicia y en los sistemas educativo y de salud, iniciando procesos sustentables y sostenidos consecuentes con la responsabilidad, el compromiso, la ética, la dignidad humana, estableciendo asignaturas promotoras de capacidades intelectuales que desarrollen perspectivas de progreso individual y social, desechando las rémoras del facilismo, agiotismo, y la falsedad.

Es que el 2020 ha permitido ver que los “nuevos políticos” y “nuevos exitosos empresarios”, incubados en el 2007, han desarrollado prácticas de relativo éxito con las enseñanzas de sus incubadores, pero no pocos han sido sorprendidos in fraganti, y ya son parte estadística de las 538 denuncias realizadas en el año, de las cuales 315 por peculado, 119 por tráfico de influencias y 104 por cohecho, según los datos publicados.

Si ayer fueron quienes estuvieron tras la construcción y operaciones de obras “faraónicas”, esta vez se han reducido a traficar con la salud y el dolor humano, especulando, sin rubor, con mascarillas, guantes, fundas de plástico, kits alimenticios, etc., pero propio de ellos, sinvergüenzamente se han reputado como perseguidos políticos, han exigido cambios de medidas cautelares, reclusorios cómodos, respeto a sus “derechos humanos”, cuando ellos los violentaron inmisericordemente, alcanzando cinismos de dramatizar con su salud y para maniobrar requisitos electorales en afán de obtener inmunidad electoral.

Foto: Marcos Pin – API

Tal putrefacción no fue secreto a voces, las máximas autoridades lo sabían perfectamente, como en marzo divulgó, públicamente, el vocero de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, al advertir sobre compras “por combos y parrilla”, pero los responsables vieron a otro lado, sabiendo “que en las unidades de salud pública se están robando el dinero de los ecuatorianos”.

Verborrea política

Sujetos de tal laya, embusteros, sin escrúpulo alguno, serán más visibles desde el 31 de diciembre en medios audiovisuales, escritos y en redes sociales, pero como “candidatos”,  hablando a nombre del “pueblo”, de la “democracia”, de la “justicia”, de “derechos humanos”, de la “honradez”, aunque su cerebro estará concentrado en llegar a la representación popular para servirse del pueblo, de la sociedad y continuar haciendo de las suyas, enriqueciéndose ilícitamente.

El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación ética y moral de revelar la íntegra hoja de vida de los postulantes calificados, cuando realice la publicación oficial, con lo cual los electores podrán valorar las cualidades profesionales y éticas de los intervinientes y decidir sobre el futuro inmediato de las dos principales instituciones republicanas: Ejecutivo y Asamblea Nacional.

Pero mientras llegue ese momento, embusteros y demagogos se han desbocado prometiendo erigir minas de oro con desechos de teléfonos celulares, entregar USD 1 000 a 1 000 000 de ecuatorianos, que suman USD 1 000 millones, inexistentes en la angustiada y morosa caja fiscal, la que cada fin de mes sufre por la ausencia de recursos para pagar sueldos y otras obligaciones. También se anticipan indultos a cleptómanos sentenciados y prófugos y otros reducidos a prisión por haber sido artífices de sobreprecios, cohechos, peculados y otros tipos penales, hasta la exportación de agua, pese a evidencias de abastecimiento inadecuado.

El 2020 cierra con enconadas situaciones de salud y de proceso electoral; las primeras porque aumentan contagios y no cuadran las cifras de beneficiarios de la esperanzadora vacuna que cifran en 9 millones de habitantes, cuando la población llega a 17,5 millones y, las segundas, porque los propios organizadores avivaron dramas por no aplicar, taxativamente, la normativa electoral; mayores signos de corrupción.Son los virus, epidemias y pandemias que asolan al Ecuador, las que requieren antídotos efectivos para enfrentar el coronavirus, como a los embusteros y demagogos políticos que no ven más allá del horizonte de sus intereses, de sus bolsillos y de sus amigos, sin importarles la población que requiere inversión, crédito, producción, trabajo, servicios, seguridad jurídica y ciudadana, bienestar, para, progresivamente, eliminar tradicionales dádivas gubernamentales proclives a la institucionalización de la pobreza y de la miseria humana.

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