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Cuerda para rato

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El juicio político contra la ministra de Gobierno generó fuertes raíces políticas que, si son cultivadas con ética y transparencia, podrían dar frutos necesarios para el país.

Foto: Flickr Ministerio del Interior

Quizá el más importante efecto de la censura y destitución de María Paula Romo Rodríguez del Ministerio de Gobierno, es que la Asamblea Nacional la proyectó como importante actora de la política nacional, mientras las organizaciones censoras revelaron sus incoherencias, acentuando la escasa valoración de sus legisladores.

Después de que en el 2017 Alianza PAIS llegó al Parlamento como el más numeroso bloque legislativo, al concluir el juicio se dispersó más de lo que ya estaba, menoscabando aún más sus posibilidades de representación en el próximo período, en tanto que la facción “Revolución Ciudadana” continuó con su resquebrajado y viciado discurso de “democracia” y “respeto” a manifestaciones sociales vilipendiados cuando fueron gobierno.

Romo Rodríguez fue parte de ese iracundo y agrietado proyecto político como “Ruptura de los 25”, y estuvo en el grupo que tomaba decisiones para desfigurar la convivencia democrática, por lo que su réplica al juicio político marcó certezas que deben tener respuesta de la timorata Función Judicial. La ministra mostró el fortalecimiento de su cariz político, utilizando el fogoso discurso que caracterizó a los diez años de “revolución ciudadana”.

Documentos mostraron que la dureza de la réplica incluyó la resignación a la censura y destitución, cerrando su tiempo de enlace político gubernamental, con los otros estamentos del Estado, porque el régimen está urgido del parlamento para que contribuya con parte de la agenda de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El voluntario paso al costado derivaría en actora política para tratar de fortalecer las endebles candidaturas de su Movimiento Construye.

Incoherencias legales

La tesitura de Romo Rodríguez entre renuncia y censura y destitución develada por los “topos” en el palacio de Gobierno explican una de las razones de la debilidad gubernamental, porque la “confusión” de textos del Decreto 1196 fue leído como arma de sus opositores ante un eventual desenlace no previsto por la coyuntural coalición parlamentaria. El primer texto del Decreto consignó la “renuncia” de la ministra, que le permitiría optar nuevas funciones administrativas, pero la omitió ante la certeza de que estaba ante el mismo grupo que, semanas atrás, le negó la vicepresidencia de la república.

El juego administrativo jurídico fue más allá, cuando el presidente Moreno decidió acatar el fallo parlamentario, pero no lo consignó en el segundo texto como causal de la separación de la ministra, sino solo invocó su facultad de nombrar y remover ministros de Estado, abriendo controversias jurídicas-políticas, hasta hoy no ventiladas.

Ante tal galimatías, adentro y afuera se especuló sobre si Romo Rodríguez podría optar o no nuevas funciones administrativas tras la censura y destitución, quizá por desconocimiento de la norma constitucional, cuyo último inciso del Art. 131 no determina impedimento alguno. El orden jerárquico de la normatividad ecuatoriana (Art. 425) dice que las leyes orgánicas están en cuarto lugar, por debajo de la Constitución, por lo que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que determina dos años de exclusión de la administración pública, carece de efecto jurídico en el caso.

La vigente disposición de la LOSEP refleja que desde el 2008 no hubo sensatez para armonizar la Constitución con la legislación operativa o secundaria, como se evidencia en muchas leyes, entre ellas la represiva Ley Orgánica de Comunicación en la que se impuso, a última hora, que la comunicación es “servicio público”, cuando el sistema establecido en la carta fundamental no tenía la menor alusión, aunque tiempo después incluyeron el exabrupto en medio de amañadas reformas y enmiendas a la Constitución.

Sea oportuno para que la Academia se preocupe de los arbitrarios comportamientos sobre la formación de la Ley del Ejecutivo y Legislativo de la “revolución ciudadana”, para que los nuevos profesionales no vicien estructuras normativas futuras, como también los nuevos representantes de las organizaciones políticas. Las inconsistencias, sin embargo, son muestras tangibles del “trabajo” de las “mentes lucidas y corazones ardientes” que gobernaron el Ecuador, quienes representarían acciones de “secuestro como deformación de la protesta” y de “intereses” que estuvieron “detrás del juicio”.

Tareas para Fiscalía 

Entre esos “intereses” determinó la “gigantesca estafa” perpetrada contra el Instituto de Seguridad Social de la Policía, “una operación de permuta fraudulenta” que transfirió USD 327 millones, en la que “ni siquiera constan los nombres de quienes firmaron a favor de una empresa de Jorge Chérrez y sobre lo cual la Policía no recibió nada, y cuando la Bolsa de Valores de Guayaquil hizo la transacción, al Banco Central del Ecuador se le cayó el sistema por tres horas”.

La frase debe activar acciones puntuales e inmediatas de la Fiscalía no solo a lo externo de la Asamblea Nacional, sino al interno de la misma, por ello en su réplica dejó en claro que “hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí, los de Coopera, los de Caminosca, Samanes, los de la venta del Hotel Quito, los de acuerdos entre privados, los de Odebrecht”.

Si tales evocaciones que, desde hace rato, pululan en la opinión pública, sin respuesta judicial, Romo Rodríguez no se inmutó en señalar que entre sus censores “están los que intentaron dar un golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores (de policías y periodistas) en héroes”.

La pregunta que ronda es si tales señalamientos podrían alcanzar, en diferente grado, a las campañas de la “Revolución Ciudadana”, a Centro Democrático, a Justicia Social, a “topos” de Alianza PAIS, a Pachakutik, a CREO, al PSC y otros.

¿Raíces promisorias?

La réplica al juicio político trazó claras intensiones de Romo Rodríguez de intervenir en la campaña política que oficialmente comienza el 31 de diciembre próximo para posicionar a sus candidatos de Construye, pero también podría valorarse la conveniencia para el Ejecutivo que necesita urgente la colaboración legislativa para expedir varias leyes concomitantes con sus compromisos internacionales para sanear la caja fiscal.

Romo Rodríguez, sin embargo, se frotaría las manos para que nuevamente le llamen a juicio político por el “reparto de hospitales”, el que podría ser oportunidad para desnudar los “repartos” correísmo para construir y sostener su “revolución ciudadana”, de la que no saldrían librados actores confabulados para desintegrar el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia. 

Empero, no hay que olvidar que la historia política ecuatoriana registra que los “repartos” son protagonistas de la vida institucional del Ecuador desde su origen, pero la eventual nueva presencia de María Paula Romo Rodríguez, en la Asamblea Nacional, alimentará la singular forma de ejercicio del poder político en el país y aumentará el registro de indemnes.

La Ministra se despidió del gobierno con fuertes raíces políticas, cultivarlas depende de ella y, de su entorno político inmediato, del Movimiento Construye, muy débil hoy.

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