IESS: Ilusoria transparencia

Si no existe decisión y voluntad política para emprender reformas estructurales en el IESS, el Instituto irá de tumbo en tumbo con soluciones parches que eluden su crisis financiera causada por manipulaciones gubernamentales y subsidios antitécnicos.

No es de las últimas décadas que los gobiernos consideren al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), como su “caja chica” para financiar sus déficits fiscales, lo utilicen como fuente de recursos para “obra pública”, o manipulen los aportes de los afiliados.

Cuando en 1928, se instituyó la Caja de Pensiones, su presupuesto mensual fue de 2.420 sucres, en el que constaron sueldos del gerente, 3 miembros de la Comisión Ejecutiva y 9 empleados; pero, al cabo de un año, en 1929, el presupuesto y el número de servidores casi se triplicó, al pasar a 6.450 sucres y 25 dependientes. Desde entonces, no cesa el manejo politiquero.

92 años después, en 2022, el presupuesto del IESS asciende a USD 10.170 millones y alrededor de 36 000 empleados, y la entidad se maneja a voluntad del gobierno, con probable cooperación de los representantes de empleadores y trabajadores.

“Pese a la voluntad de sus propugnadores, resulta evidente que la Caja de Pensiones adoleció desde su creación de graves fallas conceptuales y técnicas. Creada sin un adecuado estudio analítico de la realidad nacional de entonces, sin el acopio de estadísticas vitales, económicas y laborales que permitiesen el establecimiento de bases técnicas adecuadas para su funcionamiento”, se resalta en la “Historia del Seguro Social Ecuatoriano”.

Y la “Historia” ha sido consustancial al “politiquero” manejo de la seguridad social. Al inicio, el presidente de la república tenía la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias a ciudadanos, sin corresponder el financiamiento respectivo; por ello, los problemas estructurales no son nuevos, los existentes requieren solución con voluntad y acción política urgente, que hagan realidad el manejo técnico, profesional de la misma.

Es que el dinero de los aportantes no se refleja en las prestaciones obligatorias a los afiliados, sino que se lo manipula con la discreción del gobernante, como lo hizo Rafael Correa que fantaseó inversiones con jugosos retornos, como en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, al que destinó USD 250 millones, cuya última información resume que la Contraloría General del Estado determinó glosas, en firme, por USD 93 millones, sin que el proyecto, hasta la fecha, contribuya con un solo kilovatio hora.

El proyecto, ubicado entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, fue concebido para generar 354 megavatios. Los contratos examinados (2015-2020) fueron de CELEC EP con la Compañía International Water&Electric Corp, la Sociedad Anónima Abierta Inter Rao IES y CPT Consultor Pilatón Toachi, para obras civiles, obras electromecánicas y fiscalización. De los 93 millones de glosas, USD 29’843.051 son por incumplimiento de plazos contractuales y USD 63’757.254 por defectos constructivos que impiden que la hidroeléctrica opere en la zona de aprovechamiento Toachi-Alluriquín.

Como otros ejemplos de “inversiones” de Correa Delgado, Refinería del Pacífico, ampliación de la Refinería de Esmeraldas, en el Toachi-Pilatón también participó la inefable Odebrecht. Dos de las glosas son empresas de China y de Rusia.

Mientras tal información está en página roja, los administradores del IESS no revelan retornos de la inversión, realizada a 20 años plazo, al interés fijo del 7,65 % anual. Al justificar la “inversión”, pomposamente se dijo que se lo hacía para “garantizar la máxima rentabilidad en la administración de los recursos previsionales de la seguridad social”.

Igualmente, la demagogia gubernamental correísta succionó recursos del IESS al incorporar a servicios de salud a millones de ecuatorianos, hijos menores de 18 años de los aportantes. Correa concedió “derechos”, un nuevo subsidio; pero, una vez más, asumió la obligación de financiar la nueva prestación.

En este marco los representantes de las organizaciones que han llevado a la crisis de la seguridad nacional en el Ecuador pretenden lavarse las manos, al aprobar un texto adicional al Art. 1 de la Ley de Seguridad Social, para que, al inicio de cada año, el administrador informe sobre los indicadores de gestión institucional que incluyen lo administrativo, financiero, previsional y de salud, como de todas sus subunidades operativas, que incluye el Banco institucional.

¿Transparencia ilusoria?

Los aportantes pensarían que podrían enterarse de la situación actuarial, del estado de inversiones, de la cartera vencida, de las cuentas por cobrar, de pasivos, activos y otros. El primer informe podría ser revelador de las “inversiones” y “subsidios” del correato, pero se duda, porque no habría garantía profesional en la elaboración, ya no es menos cierto que ahí está anidada gran parte de la estructura correísta clientelar.

El proyecto, se mantiene como tal, hasta cuando no se pronuncie el colegislador Ejecutivo, que de sancionarlo no será sino otro parche de los tantos, porque mantendría la defectuosa estructura institucional. La información no impedirá que prosiga el discrecional manejo gubernamental que, a su antojo, hace y deshace con los aportes de los afiliados.

En estas circunstancias parecería ser apropiado excluir al IESS de la administración gubernamental. Los aportantes activos están llamados a determinar el rumbo de la institución que está en peligro, sobre la base de una nueva estructura administrativa, técnica, profesional, eficiente, bajo estándares internacionales de seguridad social.

¿Cooperativismo o privatización? No olvidar que los contribuyentes son privados, imperativos para obtener servicios adecuados, los que deben velar por sus recursos, por el rendimiento y beneficio de sus ahorros.