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¿Pena de muerte camuflada?

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En la Asamblea Nacional ya no se conforman con atropellar la Constitución en la formación de la ley, pretenden también hacerlo con la legislación supranacional.

Foto: Christian Medina – Flickr Asamblea Nacional

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado elabora un informe sobre el proyecto de “Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria (aborto) del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación” y, si la Asamblea Nacional lo aprueba, en los términos hasta ahora concebidos, el colegislador Ejecutivo debería vetarlo totalmente, por vicios de legislación constitucional y supranacional.

Que en la Asamblea Nacional se forme la ley salvando expresas disposiciones constitucionales no sería novedad, por la serie de antecedentes; pero, en el trámite del proyecto afecta legislación supranacional: tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es parte.

La Comisión se ha enfrascado en dilucidar la temporalidad del aborto por violación, pero no ha dedicado un solo minuto al discutir el sustento jurídico: pasan por alto, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 4.1 reconoce que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción (sic). Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

La Convención es determinante, taxativa. Si la mayoría de comisionados la hubiesen leído el trámite del proyecto, tal como está concebido, habría cesado, archivado, no sin antes asentar la imposibilidad de hacerlo ante la Asamblea y ante la Corte Constitucional por la vigencia de la indicada norma supranacional.

Es posible que la Corte haya ignorado que en el Ecuador rige la Convención Americana y prevalece sobre la Constitución de la República, conforme el inciso segundo del Art. 424 de ésta y que el 426 manda a todas las instituciones ecuatorianas sujetarse a ella.

Si el estado de trámite, del proyecto, afecta a dicha Convención, también lo hace al Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el cual “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, mientras, en lo interno, el Art. 66.1 de la Constitución, reconoce y garantiza a las personas “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”. La vida inicia en el momento de la concepción en la matriz reproductiva, lo determina el mencionado Art. 4.1.

Pero la mayoría de la Comisión, integrada por miembros de UNES, ID, PK, pretenden atropellarlos, y parecen tener el ferviente deseo de hacer abjurar a los médicos su principio hipocrático de “tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción”, de preservar y salvar vidas con conciencia y dignidad.

Los auténticos profesionales de la medicina, al incorporarse a servir a la sociedad, lo hacen con el principio de “no utilizar, ni aún bajo amenazas, los conocimientos médicos contra las leyes de preservación de la humanidad”, pero las actividades de la mayoría de la comisión parecen constituir denodados esfuerzos por intentar revertirlo, probablemente para establecer que los médicos ya no sean garantistas de la existencia humana, sino obstaculizadores de ella.

Por ello fuerza a pensar que, en las apasionadas e intensas posiciones de estos mismos grupos de legisladores, que generalmente invocan derechos constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, con sesgados intereses particulares, como ya aluden para probablemente amnistiar a quienes dirigieron el vandalismo de octubre de 2019, que dejó pérdidas económicas de casi USD 1.000 millones, en este caso hayan decidido archivarlos.

Si la Comisión de Justicia y la Asamblea quieren dar luz al mentado proyecto, deberían primero hacer y aprobar un informe que, debe aprobar la Asamblea, oriente la urgente reforma al Art. 66.1 de la Constitución y, exigir al Gobierno, como representante del Estado, la denuncia de los citados artículos, o todos los que integran la Convención Americana y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ante la OEA y la ONU, aprobadas en 1969 y 1948, respectivamente.

Como no se advierten iniciativas para cumplir el mandato de la Corte Constitucional, no sería extraño que esa mayoría de legisladoras soliciten a ésta extender el plazo (meses y años) hasta obtener los efectos legales de la eventual reforma constitucional y de la denuncia a la legislación supranacional.

Es improbable que den esos pasos la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y la Asamblea, por lo que más certero sería la aprobación del proyecto en los términos en marcha, lo que llevaría al colegislador, el Ejecutivo, a vetarlo totalmente, no solo por inconstitucional, sino por no observar los instrumentos internacionales de los que el Ecuador es parte.

Aún más, la debilidad del sustento jurídico del proyecto está en su concepción “orgánica”, esto es que “regula el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”: ¿El derecho a la inviolabilidad de la vida? No, porque los debates giran en torno a pretender camuflar la pena de muerte, contraviniendo la norma expresa constante en el segundo acápite del Art 66.1.

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