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El Hábeas Corpus Correctivo en Ecuador

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El Hábeas Corpus en Ecuador se ha transformado en el recurso favorito de los delincuentes para evadir sus condenas. Los abogados Diego Beltrán y Ricardo Lara analizar esta figura en la coyuntura nacional.

Foto: @Fabrikasimf – Freepik

En días pasados se hicieron públicos varios casos de abusos en la presentación y decisión de procesos jurisdiccionales constitucionales, en específico, en la garantía de hábeas corpus, una de las figuras más complejas y delicadas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Esta garantía constituye la piedra angular del amparo de derechos contra abusos provenientes principalmente del Estado; pues, – en su esencia – busca proteger a los ciudadanos contra las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, la tortura, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La acción de hábeas corpus (cuerpo presente) no es una figura nueva, se estima surge en 1640 en Inglaterra, como un mecanismo para procurar la libertad de una persona que se encontrara ilegalmente privada de la misma, permitiendo al implicado acudir a la Alta Corte de Justicia para determinar si su detención era legal o arbitraria.

Esta garantía ya fue reconocida en la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998; sin embargo, la autoridad competente para conocer y resolverla era el Alcalde, quien en un plazo de veinticuatro horas, requeriría la presencia del detenido, y constataría la orden de privación de libertad, caso contrario se ordenaría su liberación inmediata.

Juez que otorgó el hábeas corpus a Glas, suspendido

Nuestra actual Constitución (2008), amplió la garantía de hábeas corpus, y estableció que esta acción tenía por objeto, no solo recuperar la libertad en casos de detención ilegal, arbitraria o ilegítima; sino también garantizar la integridad personal y la vida de personas privadas de libertad aunque aquella privación fuera absolutamente ajustada a derecho.

Es así que, por una parte, cuando se trata de la protección de la libertad personal del individuo, la Constitución exige tres supuestos para que sea procedente la acción frente a la detención; a saber, que la misma sea: i) ilegal, ii) arbitraria; o, iii) ilegítima; en consecuencia, cuando la privación de la libertad cumple con uno de los presupuestos indicados, la acción de hábeas corpus deberá tener como resultado la libertad inmediata de la persona.

Por otra parte, conforme al artículo 89 de la Constitución, en el Ecuador, el hábeas corpus también busca garantizar la vida y la integridad física de aquellas personas quienes, no obstante encontrarse legítimamente privadas de su libertad, se encuentran expuestas a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes; o condiciones que pongan en riesgo aquellos derechos.

Para efectos de claridad en la correcta aplicación de la garantía del habeas corpus, la Corte Constitucional ha emitido criterios jurisprudenciales con el fin de que la misma cumpla con su objetivo, sin convertirla en un mecanismo para la revisión de la pena impuesta.

Como resultado de estas decisiones, se desarrolló el concepto del “Hábeas Corpus Correctivo”, el cual, en tanto se enfoca en la protección de la integridad física, obliga a la autoridad judicial que sustancie el proceso, a observar e identificar toda forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con el fin de “corregir” dichos actos.

La Sentencia No. 365-18-JH/21 determinó que, cuando el juez sustanciador conozca de afectaciones a la integridad y amenazas a la vida del privado de la libertad, debe dictar todas las medidas tendientes a proteger aquellos derechos, por ejemplo: cambiarlo de centro de privación de libertad, atención de salud médica inmediata, custodia personal, entre otros. Solo excepcionalmente, se pueden dictar medidas alternativas, pero sólo cuando la condena no sea por delitos que generen riesgos a las víctimas, que la condena no provoque conmoción social; y, que la persona se encuentre en indefensión.

Asimismo, la Sentencia Nro. 209-15-JH/19 estableció que, en caso de enfermedades que requieran de tratamiento, la o el Juez debe ordenar de manera inmediata el acceso a los servicios de salud en el mismo centro de privación de libertad, con condiciones sanitarias adecuadas. En caso de falta de atención médica adecuada, la o el Juez debe ordenar que en coordinación con el sistema de salud pública y con resguardo de la fuerza pública, la persona reciba atención médica en un Hospital, y luego retorne al centro de privación.

Finalmente, y de forma excepcional, si las medidas anteriores no son suficientes, dada la severidad de la enfermedad que puede padecer el privado de libertad, la o el Juez que conoce la acción debe ordenar que el Juez de Garantías Penitenciarias ordene medidas alternativas a la privación de libertad.

Lamentablemente, como suele ocurrir en el derecho, con cada vez mayor frecuencia, algunas personas privadas de la libertad han pretendido recurrir al habeas corpus para obtener su libertad, empleando los precedentes vinculantes indicados, tergiversando su naturaleza; así, el abuso en la interposición de este recurso, aparejado a su resolución favorable, aún en los que no se observaron los requisitos necesarios tanto de forma como de fondo, resulta sumamente perjudicial, no solo para el sistema de justicia constitucional en general, sino para la sociedad y los legítimos beneficiarios de este tipo de garantías.

Por un lado, a través de estas decisiones, se ha afectado la seguridad jurídica de la colectividad, misma que se orienta a conferirnos a todos los administrados, certeza, previsibilidad y garantías sobre la aplicación rigurosa, justa e igualitaria de las leyes, y que las decisiones se adopten por parte de quien ostenta la real facultad para hacerlo.

Hábeas Corpus para uno de los máximos representantes del correísmo

Por otro lado, con estos cuestionables procesos, se ha comprometido severamente la integridad de ésta garantía constitucional, pues los legítimos beneficiarios de la misma, se encontrarán con decisiones negativas, basadas en la desconfianza de las autoridades judiciales, aun cuando sus pretensiones sean válidas, sus casos justificados, y sus derechos se encuentren real o potencialmente amenazados.

La respuesta a este problema no reposa en la desviación de la responsabilidad sobre las decisiones de las autoridades judiciales, mediante cuestionamientos a la Constitución, a la ley, o buscando chivos expiatorios en organismos como la Corte Constitucional, sino en fortalecer de manera estructural a la administración pública para evitar actos u omisiones que amenacen o vulneren estos derechos en primer lugar; así como consolidar los procesos de formación constitucional de los jueces y juezas a todos los niveles y en todas las jurisdicciones, o crear judicaturas especializadas en materia constitucional, a fin de preservar estos mecanismos de protección de derechos, sin propiciar cuestionamientos por demás validos a una justicia constitucional que hoy por hoy se presenta deficiente, obscura y manipulada.

  • Diego Beltrán: Abogado por la Universidad Católica del Ecuador, Diplomado en Cooperación Internacional por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y Master en Derecho en Seguridad Nacional y Derecho Internacional por The George Washington University, actualmente es Docente de Postgrado en la Universidad Internacional SEK, y Abogado Socio en la firma Solines & Asociados Abogados, en la que lidera, entre otras, las áreas de Derecho Constitucional e Internacional.
  • Ricardo Lara: Abogado por la Universidad Internacional SEK. Diplomado Internacional en Derecho Procesal Penal, Litigación Oral y Criminalística. Asistente de cátedra en la especialización de derecho constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Indoamérica. Investigador asociado al Centro de Investigación y Estudios en Derechos Humanos, en áreas: constitucional, procesal constitucional, sistema interamericano de derechos humanos, familia y pueblos indígenas. Actualmente pertenece a la firma Solines & Asociados.

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