Senain: cuando nadie quiere darse por enterado

Nunca serán suficientes los cambios en el sistema de Inteligencia ecuatoriano mientras exista impunidad. Lea este análisis.

La impunidad política que reina alrededor de lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) es gigantesca. Fiscales que no investigaron (ni aún lo hacen) las advertencias hechas por el Contralor. Un Contralor que tampoco presionó lo suficiente a la justicia para que recoja sus informes. Políticos que, escudándose en la reserva de la información, no exigieron (tampoco lo hacen aún) cuentas a los responsables políticos. Exsecretarios de inteligencia, que, arropándose en la reserva, no se esforzaron en explicar su accionar.

Exfuncionarios y funcionarios de Estado (no creo que todos hayan salido) que aún se sienten protegidos por la información que pudieran hacer pública para frenar procesos legales. Filtración calculada de información a la opinión pública, seguramente por un grupo de los involucrados, no por arrepentimiento ni transparencia, sino por puro cálculo para obtener beneficios y envío de mensajes a sus contendores.

Lo que ha pasado en el sistema de inteligencia, desde 2009, ha sido motivo constante de investigaciones periodísticas, pero no avanzan al ámbito judicial. El juicio contra Pablo Romero Quezada, vinculado al intento de secuestro de Fernando Balda, no puede ser el caso ejemplificador de lo ocurrido con un sistema que se convirtió en la policía política.

Si Romero Quezada llegase a vincular a altos exfuncionarios, incluido el expresidente del decenio 2007-2017, no pasará de ser un caso concreto, pero todo lo que hizo la Senain, sigue intacto. Los procesos, de tipo personal, que han seguido en busca de justicia, no son suficientes, cuando se habla de estructuras como la montada a partir de 2009.

Los cambios de responsables del sistema de Inteligencia, una nueva legislación, el cambio de nombre de la institución, de agentes y cualquier otro movimiento que se haya hecho y se siga haciendo, no va a resultar nunca suficiente, mientras la impunidad exista.

Los operadores de justicia y los políticos conocen cómo se mueve el juego de la información, de ahí que, si quieren sanear al sistema de inteligencia -que en cualquier país del mundo es uno de los más importantes- tienen que dejar precedentes, para que el personal que cruzó ciertas líneas no lo vuelva hacer.

Mientras tanto, no solo la impunidad será un problema, sino las interrogantes que se han generado desde hace tiempo: ¿Cómo reconstruir un sistema de inteligencia cuando hay antecedentes de que prácticamente podían hacer lo que querían?  ¿Cómo devolverle un bajo perfil a un sistema que, por sus características, no necesita estar en los titulares de la prensa constantemente? ¿Cómo lograr que los políticos que lleguen al poder y que no sean de la misma línea confíen en el trabajo que se hace en un organismo que no ha rendido cuentas?

Entonces, señores políticos y operadores de justicia, ¿nos quedamos solo con uno que otro caso investigado?