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Arroz Verde: ¿El expresidente Correa podrá desvirtuar archivos digitales, correos electrónicos, decretos, depósitos, mensajes de texto?

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La Fiscalía General cuenta con pruebas documentales y testimoniales del involucramiento del expresidente en el caso de sobornos. Conozca el detalle.

Fotos: Cristina Vega – API

La defensa del expresidente Rafael Correa sostiene que no hay nada que lo ate al caso de sobornos más escandaloso de la vida democrática del Ecuador, desde 1979. Sin embargo, la Fiscalía ha recogido pruebas que lo ponen solo dentro del caso, sino en la cúspide. Como la persona que estaba al frente de la estrategia para pedir dinero a cambio de millonarios contratos para empresas constructoras de primer nivel.

Por eso el caso Arroz Verde es extenso. En la documentación hay desde las referencias en los cargos de los involucrados hasta los respaldos de decenas y decenas de contratos que obtuvieron las 12 empresas. Son 24 procesados en total.

Estos sobornos, considera la Fiscalía General del Estado, tenían dos vías para la entrega: dinero en efectivo y pago de servicios de terceros para la campaña política y para propaganda. Con esos pagos se pudieron crear los spots más agresivos de la revolución ciudadana, en la época de Rafael Correa. La Fiscalía considera que el delito de cohecho es la que se adecua a la coducta de los involucrados. Si son hallados culpables pueden ser condenados hasta con siete años de cárcel. Este delito es imprescriptible y Correa puede ser juzgado en ausencia. Por lo que no importa si el expresidente no es capturado por la Interpol (tiene dos ordenes de captura vigentes).

En los archivos electrónicos, que sirven de prueba para la Fiscalía, se han detectado la entrega de USD 7 537 119,87 por el pago de sobornos. Son decenas y decenas de pagos a terceros proovedores que reforzaron el poder de Correa y de su expartido Alianza PAIS. Entre ellos, como se verá más adelante, hay algunos reconocidos personajes.

Las autoridades consideran que lo ofrecido y entregado tenía por objeto que los funcionarios públicos actúen en el cumplimiento de sus funciones para la adjudicación de contratos. “Existiendo la concurrencia de dos voluntades, en un mismo actuar, como es la de quien cohecha y el que es cohechado; es decir, del que corrompe y de quien se deja corromper. Trasgrediendo el prestigio y el correcto funcionamiento de la administración pública”, dice la defensa del dictamen acusatorio de la Fiscalía, a la que accedió este portal.

La audiencia de llamamiento a juicio está por finalizar en la Corte Nacional de Justicia. La jueza Daniella Camacho debe dar lectura a la resolución final de esta parte del caso. Allí se verá si la defensa de Correa pudo enfrentar la investigación de la Fiscalía. Si no es así… irá a juicio.

¿Qué hizo Rafael Correa, según la Fiscalía?

Foto: Flickr Presidencia de la República

El expresidente Correa, quien ya tiene 56 años, es calificado como autor del delito de cohecho en el caso Arroz Verde. Según la Fiscalía, él estaba identificado en la organización delictiva como: SP (señor presidente), RCD (Rafael Correa Delgado); RC (Rafael Correa); A1. Fue, dice el documento, “quien estaba en el mando jerárquico superior de la estructura, puesto que conocía de la entrega de sobornos, disponiendo que una persona de su confianza proceda a recibir los mismos y en función de aquello supervisaba, aprobaba la recepción y distribución de dineros provenientes de empresas, que se beneficiaron con contratos de obra pública”.

La perito Alexandra Mantilla, perfiladora criminal, determinó en su informe que Correa, precisamente, era quien disponía y a quien se recurría para aclarar cualquier situación y se le informaba todo lo efectuado. Pamela Martínez, quien era su asistente de confianza y nexo directo al expresidente, a más de recibir y entregar los sobres de dinero, se aseguraba de hacer informes y registrar los datos de estas entregas de dinero; y también lo distribuía. Y así Laura Terán, la asistente de Martínez, era quien con los diversos códigos, registraba ingresos y egresos con sus respectivos comentarios, en algunos casos se crearon celdas o textos ocultos. Es decir, para la perito, este era el nervio de la cadena de mando de la organización delictiva.  

Al servicio de Correa estaba una estructura delincuencial, dice la Fiscalía, integrada por varios funcionarios públicos designados estratégicamente, como: ministros, secretarios de Estado y asambleístas, “cuyos roles facilitaron la aceptación de ofertas, promesas, dones, o presentes; recibidos de forma ilegal, a cambio del otorgamiento de contratos de obras de infraestructura”.

El esquema de corrupción, liderado por Correa, operaba desde las instalaciones de varias instituciones públicas, como la Presidencia de la República (Palacio de Carondelet), el edificio La Unión (oficinas de la asesoría de la Presidencia de la República), edificio Concorde (extensión de las oficinas de la asesoría) y las oficinas del Gobierno del Litoral.

Más allá de los datos del cuaderno de Pamela Martínez, que fue encontrado detrás de la chimenea de su casa, están los archivos digitales borrados y que fueron recuperados por los especialistas de Policía en asuntos informáticos. Específicamente, en el equipo que estaba en la Corte Constitucional, y que era utilizado por Laura Terán están varios. Es la PC 4 de la cadena de custodia No. 2410-19. Los archivos que juegan en contra de Correa y el grupo de acusados son:

  • Archivo Verde Final. xlsx (cuerpo 538, fojas. 53712 a 53809) (cuerpo 542, Fs. 54153 a 54234).
  • Archivo Victoria Andrade listado. xlsx (cuerpo 539, foja 53810) (cuerpo 543, Fs. 54235 a  54260)
  • Archivo BASE_GABY. xlsx (cuerpo 539, foja 53837)
  • Archivo Victoria Andrade II.. xlsx (cuerpo 539, foja 53838 a 53886) (cuerpo 543, foja 54261, a cuerpo 544, foja 53306).
  • Archivo Verde AM. xlsx (cuerpo 539, foja 53887 a cuerpo 540, foja 53951) (cuerpo 544, foja 54307 a cuerpo 544, foja 54369)
  • Archivo Verde. xlsx (cuerpo 540, foja 53952 a cuerpo 541, foja 54019) (cuerpo 544, foja 54370 a cuerpo 545, foja 54432).
  • Archivo Victoria III LT. xlsx (cuerpo 541, foja 54020 a 54055) (cuerpo 545, foja 54433 a 54463) (celdas ocultas).
  • Archivo Campaña. xlsx (cuerpo 541, foja 54056)

Además, los investigadores también hallaron conversaciones del teléfono Blackberry de Pamela Martínez con el número 593997392884, que estaba registrado con el nombre de Geraldo de Souza, quien era el principal funcionario de Odebretch en Ecuador. El 11 de septiembre del 2014, dice el informe, “indican que llamaron al Ministro Coordinador de la Producción para buscar apoyo en el primer esquema, pero también hay apoyo del 1 (es decir RC) y que se va reunir con el 2”.

Una más. La Fiscalía descubrió un préstamo de los fondos de los sobornos de las empresas. El Oficio No. 19-1126-UDC, del Banco del Pacífico, muestra información bancaria de Correa en la cual se evidencia el depósito en efectivo de USD 6 000 realizado por Christian Paredes. Correa dijo que ese dinero era un préstamo del fondo para ayudas humanitarias y que, finalmente, honró la deuda. Pero, José Augusto Briones, antes secretario del presidente Lenín Moreno y ahora Ministro de Energía, aseguró que en la Presidencia no hay registro de ningún fondo de solidaridad de la Presidencia o fondo de ayuda humanitaria entre los años 2012 y 2016.

Un correo con Alexis Mera y una amenaza de Odebretch
En la sustentación que hizo la Fiscalía se expuso un correo entre Correa y su exsecretario Jurídico, Alexis Mera. El Informe Pericial Técnico Informático No CNMLCF-LCCF-Z9-INF-2019-1227-OF, muestra un correo del 15 de marzo del 2017 enviado desde la dirección owen.lars@presidencia.gob.ec (correo electrónico de Mera) para lineamientos sobre el asunto Odebretch. Mera, informó la Fiscalía, le explicaba a Correa sobre una demora. El jurista le comentaba que supuestamente los representantes de Odebretch pedían algo similar a lo que firmaron en Brasil, “es decir, comprometernos en un acuerdo civil a que el Estado no inicie nuevas acciones ni civiles ni penales, contra ningún funcionario de Odebrecht, y que se levante de inmediato cualquier embargo o medida cautelar que se haga contra la constructora”. También rebaja de penas y nuevos contratos. Pero todo a cambio de no develar nombres de funcionarios cohechados.

Asimismo, informó sobre el caso del metro de Quito. “Hay situación relacionada con un eventual arreglo que no depende de nosotros. Por ejemplo necesitamos las autorizaciones del Municipio de Quito para las transacciones, por dos contratos que firmó Odebrecht. Y no sabemos si el Alcalde lo autorizará”.

¿Una emergencia para un contrato a dedo?
La Fiscalía recogió el testimonio de Javier N., el tres de septiembre pasado. Él testigo habló sobre un contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la Compañía Verdú (una de las empresas investigadas), en la administración de Walter Solís, quien actualmente está prófugo. Solís, en lugar de realizar el concurso público para adjudicar el proyecto ‘Chongon-Santa Elena’ pidió a Correa que declare de interés público la iniciativa privada presentada por Verdú. Esto sucedidó el 31 de mayo del 2016. Y el nueve de febrero de 2017, Correa firmó el Decreto Presidencial 1309, con el que se autorizó, con carácter excepcional, esa iniciativa privada. Esto fue una semana antes de las últimas elecciones presidenciales, dijo el testigo.

Los ejemplos de las personas que cobraron sus servicios de las empresas acusadas de cohecho

El esquema de corrupción esbozado por la Fiscalía involucra también un sistema de cruce de facturas. Es decir, empresas que trabajaban para PAIS pero que pasaban sus facturas para el respectivo pago a las grandes constructoras. Claro, siempre con pleno conocimiento del acto de los que relatan los testigos.

Es así que durante la investigación, liderada por la fiscal Diana Salazar, se conocieron detalles de esos pagos. Por ejemplo, Santiago C., de la agencia Uma Creativa, aseguró a la Fiscalía que en el 2013 se hizo una cotización para PAIS que consistía en elaborar publicidad electoral para las elecciones de alcaldía, que contenga las fotografías de todos los candidatos del partido. La cotización fue por USD 17 584. “Para la entrega del trabajo se solicitó que la factura sea emitida a nombre de Hidalgo & Hidalgo, por lo que Uma Creativa, le cobró el servicio de comisión de agencia por servicios creativos”.

Creacional, la empresa relacionada con Vinicio Alvarado, hombre de confianza de Correa, también participó. Eduardo R. dijo a la Fiscalía que en diciembre del 2013 prestó servicios con las empresas Metco y Fopeca, y en enero del 2014, de nuevo para Metco. El trabajo: “La contratación se realizó de forma verbal. Las actividades con estas empresas, en el 2014, fueron trabajos para la candidata Viviana Bonilla para la campaña política”.

Uno de los símbolos del periodismo de la revolución ciudadana también habló con la Fiscalía. Carlos R., quien incluso participó en la primera iniciativa anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno, dijo que en el 2013 entregó una factura a nombre de Metco por USD 7 000. Especificó que “el tipo de servicio que proporcionó fue el de asesoría en comunicación estratégica y media training. El servicio lo solicitó el señor Cristian Viteri y fue pagado por la empresa Metco Mercantil Técnica Córdova”.

Alonso G., un promotor de eventos, aseguró a los investigadores que fue contratado por Alianza PAIS en el período 2012 a 2017 a fin de proveer tarimas, sonido, pantallas, luces, generadores, vallas en eventos que se desarrollaron a lo largo y ancho del país.  “Los cobros fueron facturados a las empresas Hidalgo & Hidalgo y Sinohydro Corporation Limited”.

En las pruebas relacionadas con el procesado Rafael Córdova Carvajal, de la empresa Metco, la Fiscalía destaca el escrito presentado por “la señora Paulina R., Gerente General de la empresa Perfopis Perfiles de Opinión Cía. Ltda., el dos de agosto de 2019, quien remite copia notariada de la factura 462 que registra como cliente a la empresa Metco”. Perfiles de Opinión es una de las encuestadoras más reputadas de Ecuador.

El representante de otra empresa encuestadora también fue llamado a declarar. Diego Z., gerente general del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), aseguró que “prestó un servicio de encuesta nacional a doce grupos focales, para lo cual emitió la factura por el servicio de estudios de opinión pública, emitió una factura por el valor de USD 18 955.53, la cual fue cancelada por la empresa Equitesa”. Esa compañía también está procesada en el caso. Esa misma firma habría pagado pauta de medios a la agenda de publicidad McCann, según al versión de Mario B. Todo para ayudar a la revolución ciudadana.

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