Moreno cede ante la Conaie para espantar el fantasma de Correa

Luego de 11 días de protestas y denuncias públicas de la infiltración del correísmo y de grupos irregulares extranjeros, hubo acuerdo para salir de la crisis. Las pérdidas generadas por la protesta todavía son incalculables. 

Luego de 11 días de protestas, donde el correísmo aprovechó para provocar el caos según las más altas autoridades del Gobierno, llegaron a un acuerdo con los manifestantes. 

En la mesa estuvo el presidente Lenín Moreno, parte de su gabinete y otras autoridades estatales, como la fiscal general Diana Salazar, y el contralor Pablo Celi. Del lado de los indígenas estuvieron el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas; Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi; Marlon Vargas, presidente de la Confenaie, entre otros. Los asesoró Pablo Dávalos, economista y mano derecha del alcalde Jorge Yunda. 

Luego de casi cinco horas de reunión entre las autoridades, y de enfrentarse cara a cara en cadena nacional, llegaron aun acuerdo. Arnaud Peral, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Ecuador, quien hizo de mediador, dio el anuncio. 

Acordaron un nuevo Decreto que deje sin efecto el 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel. Para lo cual se instaló inmediatamente una Comisión que empezó a trabajar en el nuevo mandato. Esta mesa, ya sin la ciudadanía viendo por televisión, contó con la mediación de la ONU y la veeduría de representantes de otras organizaciones del Estado. 

También se pactó terminar con las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y restablecer la Paz. “Pueden creer que este texto pudiera ser mejor. Pero el país está en una situación dramática. Hay muertos, heridos. Hay mucha angustia y preocupación. Llegó el momento de la Paz, del acuerdo, y de mirar el futuro para el Ecuador”, dijo Peral.

El fin de esta disputa fue negociado en medio de cruentas protestas en varias provincias del país, especialmente en Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua. El gobierno denunció que detrás del caos estuvieron Rafael Correa, Nicolás Maduro, grupos pandilleros, fuerzas desestabilizadoras de Cuba y hasta narcoterroristas de Colombia, como el ELN y las FARC. Eso le obligó al presidente Lenín Moreno a buscar un diálogo directo con los manifestantes, quienes también admitieron infiltración del correísmo en sus acciones. 

Además, la Defensoría del Pueblo informó que se contabilizaron siete fallecidos durante las protestas, 1340 personas heridas, 1152 detenidos (la mayoría entre 15 y 24 años de edad). Asimismo, hay cuantiosas pérdidas por la paralización. El sector privado determinó que se perdieron USD 200 millones diarios, es decir, unos USD 2 200 en el período de las manifestaciones. A eso hay que sumar la destrucción de bienes públicos, como el edificio de la Contraloría, parte de la Asamblea Nacional, vías, aceras, una estación del metro de Quito, contenedores de basura… Gasto en armamento y movilización de la Fuerza Pública para contener a los manifestantes. La cuenta es abultada. 

Quedó pendiente el pedido de renuncia de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín. Los indígenas criticaron su accionar en las protestas. Hubo excesos y vulneración a los DD.HH., argumentaron.

Pero el diálogo no ha acabado. Viene un segundo round. Mañana, los líderes de los sindicatos de los trabajadores se sentarán con las autoridades del gobierno, con la mediación de la ONU y la Iglesia. Ellos tratarán las reformas laborales, que los sindicatos buscan impedir que sean ingresadas a la Asamblea.