Medidas no medidas

Las medidas económicas anunciadas por el gobierno el 10 de marzo de 2020 no fueron tales, sino propuestas, cuya materialización demanda tiempo y si logran vencer obstáculos de la legislatura y de otros órdenes.

Las ‘medidas económicas’ anunciadas por el presidente Lenín Moreno para, supuestamente, coadyuvar a sanear el drama fiscal, se asemeja a la búsqueda de terapia para combatir la epidemia del coronavirus: aún son inciertas, ya que para su aplicación deben vencer ‘misterios’ u obstáculos, lo que se puede hacer conjugando esfuerzos y decisiones.

El contenido del mensaje presidencial en la cadena audiovisual, muestra que la estructura gubernamental es huérfana de derecho constitucional, político y de administración pública, porque las más dramáticas no pasaron de causar momentáneo drama en la obesa burocracia, porque no son de materialización inmediata como demanda la crisis de liquidez fiscal.

Aquella de que “los servidores públicos vamos a aportar de manera temporal, un pequeño porcentaje de nuestro salario”, del 4% al 8%  de la remuneración, es quimera porque se traba en el segundo inciso del Art. 229 de la Constitución por el cual “los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables”, y los salarios o sueldos son “derechos”. Lo que complementa el inciso tercero del Art. 328 al determinar que “el pago de las remuneración se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley”.

Es decir, para hacer práctico el deseo (no medida) gubernamental de la contribución al fisco de los burócratas, se debe entrar al engorroso trámite de una reformar o enmienda constitucional, a menos que despliegue una iniciativa electrónica a través de la cual, cada uno de ellos, incluidos presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, asesores, etc., autorice el descuento correspondiente. A diciembre de 2019, son 499 004 empleados públicos, 36 000 del IESS, cifra similar en empresas públicas, alrededor de 100 000 en gobiernos seccionales, 11 023 en el Consejo de la Judicatura, conforme datos del Observatorio de la Política Fiscal.

Igualmente, al momento del cierre de esta nota, (13-3-2020), ningún responsable de la administración pública todavía especificó los nombres de las “4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas” a ser eliminadas de la estructura orgánica gubernamental.

¿Se duplican funciones?
Tedio, causa, por decir lo menos, observar en el orgánico administrativo gubernamental infladas instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con 13 540 empleados, y acaso duplicación de funciones en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con 217 servidores, en la Secretaría Técnica  del Plan Toda una Vida con 990 empleados, añade el citado Observatorio.

Pero las esferas gubernamentales no solo dicen que no están definidas las secretarías técnicas, agencias, institutos y empresas que desaparecerían, sino que enfrentan dificultades para tramitar la reforma que permita la contribución de los ciudadanos que tengan vehículos “avaluados en más de USD 20 000 dólares (y que) paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo” y, para cerrar, es misterio aquello que “estamos gestionando créditos con dos instituciones de financiamiento internacional por alrededor de USD 2 400 millones”.

Así, las medidas son inciertas, hasta ahora impracticables pese a las urgencias de la caja fiscal, sino solo aquella inmediatamente anunciada por el Servicio de Rentas Internas, la que regirá, desde el 1 de abril, que es la aumento de retención en la fuente del impuesto a la renta en bienes muebles y pagos en créditos en cuenta.

Así, las medidas se muestran irreales para atender las “circunstancias tan complejas como las que vivimos ahora, (que) necesitan decisiones responsables”.

¿Desidia?
Pero el martes 10 de marzo de 2020 también debe ser recordado como el día en que el régimen demostró su escaso interés por llegar con su mensaje a lo más amplio de la población ecuatoriana. Sus estrategas políticos y comunicacionales olvidaron enviar, con embargo, a los medios de comunicación escritos de circulación nacional, el contenido de la intervención audiovisual presidencial, por lo que estos no publicaron, en sus primeras ediciones, las medidas. Los periódicos nacionales que circulan en provincias tuvieron dicho vacío en sus páginas.

La omisión despierta una serie de conjeturas, como la que los responsables de la política y de la comunicación gubernamental estuvieron exentos de interés de que el grueso de la población se informe de la decisión presidencial, del gobierno. Los rotativos grabaron la intervención, la transcribieron y la publicaron en sus segundas ediciones de circulación local. ¿Hubo desidia en dichos estamentos gubernamentales en torno al contenido y difusión del mensaje presidencial?