Hoy será el primer debate del proyecto de Ley Humanitaria que mantiene las contribuciones de personas y empresas
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El proyecto de Lenín Moreno conserva los aportes, pero hay cambios en las tablas. Hay un nuevo impuesto a los bienes inmuebles. Otros incentivos fueron incluidos. Pero hay duras críticas.
El Informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis por el Covid-19, propuesto por el presidente Lenín Moreno, pasó al Pleno de la Asamblea.
La Comisión de Desarrollo Económico, integrada por 13 asambleístas, redactó el informe de 109 páginas. Acudieron en el período de análisis 88 personas, entre legisladores, representantes de gremios, autoridades gubernamentales y seccionales, académicos, economistas… Asimismo, recibieron 125 documentos de aportes de distintos sectores. Y celebraron 10 sesiones de la comisión. El informe, con el voto favorable de ocho legisladores y la abstención de cinco, reconoce las dificultades de liquidez y de ingresos de recursos del Presupuesto General del Estado.
Sobre las contribuciones, ya calificadas por los gremios del sector privado, de empresarios y trabajadores, como impuestos, la Comisión propuso cambiar el monto mediante el cual un trabajador debe aportar. El gobierno planteó que el pago empiece desde los USD 500 y la Comisión desde los 720, y durante nueve meses. Tomaron como referencia para el aporte los ingresos del ejercicio fiscal del 2019. Pagarán los que estén en relación de dependencia y los que no. Únicamente el personal de salud está excluido.
En el caso de las empresas la Comisión resolvió que sí hay aporte. Este será del 5% “calculado sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2019, siempre que la misma haya sido igual o mayor a un millón de dólares”. El pago se realizará en seis cuotas mensuales, y hay facilidades de pago hasta de tres meses.
Además, se diseñó una contribución del 2% del avalúo catastral del 2020 a todos los bienes inmuebles del país y, también, al valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador que “pertenezcan de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia”.
Los legisladores decidieron que el valor declarado y pagado de las contribuciones podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal del 2022, del mismo contribuyente, a razón del 20% de dicho valor, en cada año.
En el tema de pensiones educativas se sugiere una rebaja de hasta el 20% en las pensiones. El Gobierno entregará ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de las pensión de las guarderías, centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios, en aquellos segmentos de la población más vulnerables.
Además, durante todo el tiempo que dure el confinamiento, y hasta sesenta días después, no se podrán ejecutar desahucios, dice el proyecto normativo. Pero para eso los arendatarios deberán cancelar al menos un 20% del total del valor pendiente. No es una condonación.
Los legisladores acordaron también que en los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del estado de excepción, se prohíba el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones, sean públicos privados.
Asimismo, se dispuso una rebaja del 10% en el valor total del servicio de electricidad en los consumos de marzo, abril y mayo de 2020, únicamente para los usuarios de los primeros dos quintiles de nivel de ingresos. Es decir, unos 430 000 hogares, con ingreso de hasta unos USD 365.
También resolvieron, para evitar la ruptura de la cadena de pagos, según los legisladores, que las entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria, “implementen líneas de crédito, priorizando al sector productivo dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas o asociaciones de comerciantes y trabajadores por cuenta propia”.
Asimismo, que la Junta de Regulación Monetaria revise las tasas de interés máximas vigentes para créditos para este y el próximo año. Esto le llaman tasas de interés para la reactivación.
También proponen suspender el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica mecánica generados durante la vigencia del estado de excepción.
La cuenta humanitaria que propuso el gobierno, con vigilancia de la sociedad civil, será únicamente para enfrentar la emergencia sanitaria, los problemas económicos y sociales que sean prodcuto de la crisis, como también sostenimiento del empleo y fomento de actividades productivas. Los recursos ingresarán al Presupuesto General del Estado y el dinero podrá ser utilizado sólo para los fines descritos.
Crearon, en el proyecto, un fideicomiso en la Corporación Financiera Nacional para otorgar créditos y ayudas públicas a empresas que requieran financiamiento emergente para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.
Por otro lado, los acuerdos entre trabajadores y empleadores serán colectivos y servirían para modificar las condiciones de la relación laboral con el fin de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores.
Asimismo, crean una nnueva modalidad de contratación. Lo llaman el contrato especial emergente. Este se celebrará por un periodo convenido entre las partes, hasta por el plazo máximo de dos años y de común acuerdo podrá ser renovado por el mismo período por una sola vez. La jornada laboral podrá ser parcial u ordinaria, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de seis días a la semana sin sobrepasar las ocho horas diarias. La remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo con la jornada pactada.
Proponen la posibilidad de reducir la jornada de trabajo hasta en un 50%. Pero las empreas que se acojan no podrán despedir a los trabajadores. Además, en el artículo 35 se establece la priorización de contratación a trabajadores de origen local para el sector público. También se establece reglas para el teletrabajo.
Hoy el Pleno de la Asamblea conocerá el proyecto, desde las 15:30. Una propuesta que ya cuenta con críticas:
