Los sueños que se convierten en pesadillas con los créditos para estudiar

Los créditos educativos fueron una de las banderas de la revolución ciudadana. Pero, actualmente, 8 707 estudiantes viven un verdadero Vía Crucis por las deudas impagables y que los ahogan.

El drama de esta estudiante es una muestra de cómo una deuda se convierte en un lastre que parece eterno. Paola B. realizó un crédito al antiguo Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) para estudiar Diseño de Interiores. Cuando firmó el contrato, sus cuotas fueron de USD 900. “Las seis primeras cuotas de este tipo de créditos son altas y a partir de la séptima los montos bajan, dependiendo del monto que solicitamos”, cuenta.

Paola cuenta que tuvo que comenzar a pagar la deuda mientras realizaba su tesis. Pero debido a la presión por cancelar la deuda, postergó la entrega de su tesis para dedicarse a trabajar. En la cuarta cuota, recuerda, no le alcanzó el dinero y cayó en la fase preliminar de la coactiva.

Entonces, se acercó al banco a buscar una solución, pero no le dieron ninguna. Cuando ya reunió el dinero para pagar ya no constaba en las listas de pago, por eso, dice, se acercó en reiteradas ocasiones al Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) donde solicitó ayuda, pero la única solución era igualarse en los pagos y firmar un nuevo convenio bajo las reglas del Código Orgánico Administrativo (COA) o corría el riesgo de que le quiten su casa.

Los detonantes de la crisis estudiantil
Uno de los primeros problemas que sufrieron los estudiantes deudores fue el ‘Reglamento de Régimen Académico’, aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES), que entró en vigencia en mayo de 2015. Allí se produjo la venta de cartera del IECE al Banco del Pacífico.

Otra siguiente razón fue que, con la creación de las Unidades de Titulación en las Universidades, las carreras se extendieron por un período de seis meses adicionales al plan de estudios iniciales. Esto ocasionó un endeudamiento adicional debido a que el IFTH no extendió el crédito del estudiante. La reforma a la titulación, además, acortó el período de gracia de los créditos a tan solo 6 meses de los 12 meses que se mencionaba en el primer contrato que firmaron los estudiantes con el antiguo IECE.

En la administración de Luis Fernando Ochoa, como director del IFTH, se aplicó el COA (que entró en vigencia en julio de 2018) para los estudiantes que caían en coactivas. Este es un “proceso inhumano y extorsivo”… así es calificado por los estudiantes y las familias afectadas que fueron consultados.

Paola dice que, en el primer contrato que ella firmó, debía pagar su crédito en 20 años, pero que al firmar el nuevo convenio la obligaba a pagar el 20% de la deuda, que equivalía a USD 5 000, y el resto de la deuda en dos años, con cuotas de USD 1 200. Pagó cinco, para las cuales adquirió otras deudas… Hasta que se le hizo imposible seguir pagando.

Ella intenta trabajar en actividades relacionadas con la carrera que estudió, pero asegura que la situación del país es complicada en lo laboral y que en su último trabajo le despidieron por recorte de personal. Por eso ella acudió al colectivo AFEIECE, desde donde estudiantes y sus familias se organizaron en busca de soluciones ante el gobierno. “Tenemos propuestas. Nosotros queremos pagar nuestras deudas, pero con cuotas razonables, un interés del 7,5% es alto, y finalmente lo que necesitamos es trabajo”, asegura.

Los créditos educativos fueron una de las banderas de la revolución ciudadana para los jóvenes. Según el Banco del Pacífico, desde el 2013 al 2019 se otorgaron 15 000 créditos educativos, que equivalen a USD 240 millones.

René Ramírez, quien fue Secretario de Educación de 2011 a 2017, señalaba que con la revolución ciudadana existía un antes y un después en el financiamiento a la educación superior y en becas. Ramírez dijo en una entrevista, el 13 de enero de 2017 en el medio público Ecuador TV, que antes se destinaba 0,8% del PIB para becas y en el gobierno de Correa subió al 2% del PIB. Sin embargo, el gobierno decidió manejar el otorgamiento de créditos educativos desde el Banco del Pacífico.

El cambio de administración lejos de manejar ordenadamente los créditos educativos, generó problemas, afectaciones y el surgimiento de dramas sociales. Esto se debe, según Carlos Jaramillo, vocero de AFEIECE, a que no les notificaron a los estudiantes deudores de la venta de cartera y cuando ya debían empezar a pagar se enteraron que lo debían hacer mediante este banco.

El desempleo es una de las principales causas por las que los estudiantes deudores caen en coactivas. Sebastián B. es otro afectado. Hizo un crédito de USD 26 400 en el 2011 para estudiar un posgrado en Gestión del Diseño, en España. Él pagó su deuda durante siete años, hasta que cayó en mora, averiguó su historial crediticio ahora en el Banco del Pacífico y supo que en ese tiempo solo tenía cancelado USD 7 000 de capital, esto se debe a que la tabla de amortización aplica el mayor valor al interés que al capital. A más de ello le surgió otro problema: su título en Ecuador no fue homologado.

Cuenta que se atrasó en el pago de cuatro cuotas de los últimos meses del 2018. En enero de 2019 le notificaron que debía USD 1 136,06 de cuotas vencidas, los pagó pero cayó en coactiva. Entonces, como las normas lo dictaban, tuvo que pagar el 20% del total de la deuda, es decir, más de USD 4 000 y los USD 18 000 restantes en 24 meses. Entonces, las cuotas fueron de 700 dólares mensuales. Al momento están a la espera del crédito educativo social que los exoneraría de intereses en mora, gastos administrativos, entre otros cargos, y tienen seis meses de plazo para pagar la primera cuota.

Un coletazo de esta situación es que no pueden acceder a otros créditos. Sebastián explica que no puede ejercer su profesión de forma independiente porque los arquitectos trabajan con dinero y con pólizas a su nombre. Pero los seguros no son concedidos por las entidades financieras a quienes se encuentran en coactivas.

Janina es otra afectada. Estudió un pregrado en Diseño Industrial y para eso hizo un crédito de USD 27 000 que, sumando los intereses y costos judiciales, incrementaron la deuda a USD 38 000.

Ella es madre soltera. Mantiene su hogar, ya que su madre tiene una enfermedad degenerativa y no recibe tratamiento médico. La joven no ejerce su profesión, de hecho estuvo sin trabajo durante ocho meses. Pero actualmente trabaja en el área de marketing de una institución financiera, en Cayambe.

Asegura que jamás recibió una notificación de que se encontraba en coactiva, ella estaba en Argentina estudiando un posgrado. Entonces se vio obligada a regresar al país para averiguar esta situación, consiguió dinero para refinanciar la deuda. Las cuotas que tenía que pagar eran de USD 450 dólares, pero no le alcanza para pagar cada mes. Tiene medidas cautelares en su contra y corre el riesgo de que le quiten su casa.

Los estudiantes deudores coinciden en que se encuentran atados de pies y manos, pues las medidas cautelares les impide trabajar en el sector público, sus cuentas bancarias son congeladas al igual que las de sus garantes y en el sector privado no los contratan para evitarse problemas.

Cuando la asambleísta independiente Mae Montaño fue parte de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, respaldó al colectivo AFEIECE para que presente su caso en la Asamblea. El resultado fue una resolución publicada el 13 de mayo de 2019 donde se solicita a las instituciones implicadas en este tema que procedan a revisar la situación de los beneficiarios de becas y créditos educativos para garantizar que su accionar esté apegado a las leyes.

Montaño cuenta que solicitaron al IFTH que solucione los casos, pues se trata de un problema humano y social que enfrentan estudiantes y becarios. Ellos no consiguen empleo, terminaron convirtiéndose en deudores. Según la Senescyt, son cuatro becarios a nivel nacional con el mismo inconveniente. Esta fue una iniciativa más.

Ya en el gobierno de Lenín Moreno, en agosto de 2018, se aprobó la Ley de Fomento Productivo, que permitía solicitar la remisión de intereses a los deudores de créditos educativos. Asimismo, el Presidente, en mayo de 2019, anunció una nueva Ley de Remisión de Intereses, donde la deuda capital tenga un plazo de dos a cuatro años para ser pagada hasta que los estudiantes tengan trabajo estable. El motivo, dijo el Mandatario, es que la situación de los estudiantes deudores “es compleja porque no existió una correcta planificación y se agravó por la falta de empleo”.

El IFTH asegura haber implementado todo un sistema de información para que los deudores se acojan a este beneficio. Sin embargo, el vocero del colectivo de estudiantes deudores, Carlos Jaramillo, indica que en la primera remisión de intereses, no se informó de manera oportuna la resolución 039-IFTH-DE-2018, que en su artículo 10 establece el plazo de pago de acuerdo a la cantidad adeudada.

La institución asegura que ellos manejaron un sistema de envíos masivos de correos a becarios, beneficiarios de créditos educativos, universidades y colegios profesionales; además de un aplicativo informático que se encontraba disponible en la página web del IFTH y que permitía consultar los valores adeudados y solicitar la remisión de intereses.

Sin embargo, de los 10 734 deudores coactivos, solo 164 cuentas fueron canceladas en su totalidad acogiéndose al artículo 8 que establece el pago total de la deuda; y 1 384 se acogieron al artículo 9 que plantea facilidades de pago de hasta 36 meses. Es decir, 9 186 personas aún se encontraban en trámite coactivo pese a la aplicación de la Ley de Crecimiento Productivo.

Ahora los deudores esperan que se apruebe la Ley de Crecimiento Económico que les permitirá acceder a un crédito social y pagar sus deudas hasta en 20 años. Según el actual secretario de Educación, Agustín Albán, la deuda de los estudiantes con coactivas asciende a USD 65 millones. No obstante, él señaló que el programa de becas continúa vigente, y que en el 2019 se invirtió USD 49 millones en becas a nivel nacional y seis millones a nivel internacional.

Carlos Jaramilo dice que sería mortal que no aprueben la Ley. “De no aprobarse esta ley, se reiniciarían los procesos coactivos-. Y que su lucha seguiría en buscar una alternativa con el gobierno”. Desde el gobierno sí tienen un acompañamiento, la última acción que fue ayudarles a preparar el articulado que habla sobre ellos, en la Ley. La fecha máxima para aprobar o negar la Ley es el 16 de noviembre, los miembros del colectivo cuentan que el nuevo director, Ramiro Moncayo, es condescendiente con este problema. Moncayo ha mantenido varias reuniones con el colectivo para analizar caso por caso para plantear soluciones, así como también brindar una mejor información y atención al usuario. Aquellas acciones permitieron que 479 deudores salgan de coactivas. Los 8 707 restantes (con corte a octubre de 2019) continúan en el Vía Crucis.

• Los estudiantes deudores pidieron que se no se expongan sus apellidos para evitar inconvenientes al momento de conseguir un empleo en el futuro.