Los gremios empresariales cierran filas ante la propuesta del Gobierno de más impuestos a la ciudadanía y a las empresas

«No más impuestos», es el lema de más de 50 gremios de sectores productivos del país que piden el archivo de la Ley de Apoyo Humanitario enviado por el Gobierno a la Asamblea. La aprobación en el Legislativo debería darse hasta el 16 de mayo.

En una rueda de prensa realizada ayer, varios representantes de los gremios de los sectores productivos expusieron sus opiniones sobre la Ley de Apoyo Humanitario planteada por el Gobierno de Lenín Moreno. Dieron a conocer sus propuestas para la reactivación económica del país en medio de la crisis. Todos concuerdan en que aumentar los impuestos no es la solución.

Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa (Capeipi) afirmó que en otros países los gobiernos, para superar la crisis, están inyectando liquidez de incluso un 20% del PIB e impulsando incentivos a los sectores productivos, para sostener en máxima medida al empleo en medio de la crisis. Sin embargo, asegura, en el Ecuador se está haciendo todo lo contrario y que el incremento de los impuestos y tasas, incluidos en el proyecto de ley, estaría “matando la liquidez de las empresas para salvar a un gobierno que no ha hecho su trabajo”. Su criterio es firme al archivamiento de la ley, aseverando que todos los gremios, a pesar de sus preferencias políticas, están unidos con la consigna “no más impuestos”.

El representante de la Cámara de Agricultura Zona II, Rafael Guerrero Coca aseguró que el sector agricultor pequeño y mediano ha estado abandonado, casi 13 años, sobreviviendo sólo “por el amor a la agricultura”. Afirma que los efectos de la ley comprometería a la competitividad de los productos ecuatorianos y mencionó “no podemos ser competitivos si tenemos esta cantidad de impuestos, estos son impuestos imposibles de pagar. Tanto así que el pequeño agricultor tendría en algunos casos que vender su casa para pagar los impuestos”.

Por otra parte, Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo (Captur) de Guayas, dijo que el sector hotelero es uno de los más golpeados y que actualmente el sector turístico se encuentra en ‘cero’. Agregó que están siendo acusados de responder a intereses políticos, a lo que señaló, ‘se nos está acusando de politizar esto, pero no, esto no es política es la realidad’. El representante del Captur Guayas, pide al gobierno una ley actualizada pues considera que están trabados con normativas ortodoxas que no funcionan; pide también incentivos y menos trabas que les permitan crecer y producir. «Este es el país de los impuestos, no más impuestos», dijo.

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, se refirió a la normativa jurídica como compleja, arcaica y obsoleta frente a la crisis que está atravesando el país. Además aseguró que el proyecto de Ley humanitaria, en la primera parte, es «estrictamente recaudatoria» y para quien no puede pagar es «absolutamente sancionatoria vía coactiva», al manejarlo a través del Servicio de Rentas Internas (SRI). Esto, según el dirigente, genera desconfianza e iliquidez en las empresas, un problema presente desde el año anterior. Gómez de la Torre considera, con respecto al aspecto laboral, la urgente necesidad de reformas estructurales definitivas.

Por otro lado, Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, afirma que el sector exportador desde hace más de tres años pide al Gobierno una inyección de liquidez que pueda permitirle solucionar el problema de competitividad de las exportaciones ecuatorianas. Rivadeneira explicó que, todos los impuestos que se generen ahora a las empresas exportadoras, trasladarían su costo directo a sus productos, que por ahora no pueden modificar su costo debido a la alta competencia, demanda nula y el cierre varios mercados a nivel internacional. El representante de Fedexpor instó a la Asamblea Nacional a reflexionar. «Hay momentos para recaudar y que este no lo es», aseguró. Para Rivadeneira es imprescindible, para reactivar la economía, dar oxígeno a las empresas y familias ecuatorianas.

Por su parte, el representante de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano el proyecto de ley va en contra de los esfuerzos que el mundo entero ha tomado para sostener los empleos afectados por los impactos económicos derivados de la pandemia del Covid-19. Camposano se refiere a estos efectos como: el impacto a los mercados de consumo en Asia, Europa y EE.UU., que han detenido las exportaciones de productos ecuatorianos; a la afectación a la actividad económica y productiva debido a las medidas de prevención y aislamiento; y a la depresión del mercado interno, que viene dándose desde el año interior. Según el representante, al restar la liquidez a las empresas se reduciría la capacidad de operación y capital de trabajo y, asimismo, el crecimiento de las fuentes de empleo. Además, las aportaciones del ciudadano que sugiere la propuesta de Lenín Moreno les restarían liquidez. Por consiguiente entregaría al sector del comercio, que se alista para volver, una ciudadanía con una capacidad de consumo afectado.

Finalmente, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, destacó que en otros países los gobiernos hacen lo posible por mantener las empresas operativas, por inyectar liquidez en el aparato reproductivo, diferir impuestos y ayudar con la seguridad social. Además, el representante del sector comercial de la capital, manifestó que, mientras la Asamblea debería estar discutiendo reformas estructurales para sacar al país adelante, sus esfuerzos están dirigidos a una ley que «no ayuda a los ciudadanos, empresas y al sector empresarial».

Anticipa que, junto con los demás gremios, se enviará un documento con propuestas «reales» como parte de la nueva ‘unión de hecho’ creada para defender al sector empresarial. Las propuestas estarían encaminadas al ahorro de gastos suntuarios del gobierno, focalización de los subsidios, renegociación de la deuda externa, titularización de ciertas carteras, reformas laborales, tributarias, y al código monetario para permitir el ingreso de la banca privada al país.