La sociedad civil busca los caminos efectivos para llevar sus propuestas a las más altas autoridades del Gobierno

La tarea de acordar políticas para mejorar el futuro del país, en este tiempo de pandemia, es complicada. Varios líderes gremiales y sociales hablan de sus estrategias para que el Gobierno abra la mano. Incluso anuncian demandas de inconstitucionalidad a sus leyes. 

El pasado 15 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Apoyo Humanitario enviada por el Ejecutivo el pasado 16 de abril. Pero no todas las propuestas en el documento fueron aceptadas por la Asamblea. El proyecto de ley fue recortado una y otra vez hasta que, a la finalización del plazo, se aprobó con la eliminación de los artículos referentes a contribuciones de personas y empresas; y los impuestos a bienes inmuebles. 

Un día después, el poder Legislativo, aprobó también, la Ley de Finanzas Públicas, la cual espera el veto o la aprobación definitiva del Ejecutivo. Esta, según los voceros del Gobierno, busca prevenir el gasto desmesurado de los recursos, tanto del Gobierno Central, como de los gobiernos autónomos, la Seguridad Social y otras instituciones. 

Estos cambios y rectificaciones se dieron en un contexto de insistentes quejas y manifestaciones por la inconformidad de grupos sociales que rechazaron rotundamente a la ley pidiendo su archivo. Además, las declaraciones del recorte presupuestario a educación causaron plantones y marchas en varias ciudades del Ecuador, lideradas por los estudiantes universitarios y sindicatos de trabajadores. 

Asimismo, los gremios de los sectores productivos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio e industrias, gremios de trabajadores, y más, presionaron constantemente al Legislativo para el archivo de la ‘Ley Humanitaria’. Después de largas insistencias y propuestas legales, documentos y cartas de recomendaciones; incluso, después de que la academia presentó sus advertencias, se logró eliminar únicamente las contribuciones y otros artículos de la ley. Y se aprobó en el Parlamento. 

Algunos representantes de estos sectores creen que el Gobierno no está dispuesto a dialogar y acordar con estos actores para concretar cambios. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, en una entrevista con Criterios, antes de la aprobación de la Ley Humanitaria, manifestó que el Gobierno no dialoga con los sectores productivos del país y que “solamente aparecen” los proyectos de leyes económicas enviados directamente del Ministerio de Finanzas. Sin consenso previo. 

Distintos actores han creado, cada uno por su lado, proyectos, estudios y análisis que convergen en propuestas para el Gobierno Nacional. Sin respuestas, estos movimientos y gremios se cuestionan si los poderes del Estado están comprometidos dialogar y acordar políticas de reformas laboral, judicial, sanitaria, fiscal, tributaria. Temas que para ellos requieren de atención urgente. 

Criterios preguntó a varios representantes de estas organizaciones sobre los cambios que proponen. A todos se les hizo la misma pregunta: ¿Cómo operar y hacer efectivos estos cambios desde la sociedad civil? El equipo de Criterios, intentó, en varias ocasiones, contactarse con Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sin embargo, su equipo de comunicación nos informó que no dará ninguna declaración hasta la que la organización acuerden nuevas decisiones. 

No obstante, estas fueron las respuestas de otros líderes: 

Boris Cornejo, presidente de la Fundación Esquel: “No estamos para seguir el juego político de los intereses particulares” 

Lo primero es juntar a gente diversa en una misma mesa para pensar y discutir sobre los temas más importantes del país, y sentarse con apertura y generosidad. 

Lo segundo es proponer cosas que sean prácticas realizables y en beneficio de todos. En ese sentido, nosotros hemos convocado a diversidad de actores. Son siete mesas que ya están constituidas; y nos propusimos como plazo máximo un mes para generar estas propuestas. Mismas que, luego, hay que plantearlas al país. Y, si es que la Asamblea se cierra y no quiere dar paso, como suelen hacerlo, hay que ver otras formas, formas más profundas; porque no estamos para seguir en el juego político de los intereses particulares. La verdad es que el país está en una crisis dramática que, si no nos ponemos todos a tratar de arreglarlo, puede ser el fin.  

Para ser escuchados debemos cambiar el modelo, los ecuatorianos debemos proponer para que las instituciones decidan. Es lamentable ver que, en la peor crisis de la historia del Ecuador, la Asamblea y el Ejecutivo se ponen a negociar este tema como si fuese cualquier cosa. Además, nadie quiere ceder, a nadie se le quiere topar un centavo, entonces el Gobierno hace lo que puede, y claro, también hay un bloqueo en el país. Y hoy queremos hacer esta propuesta, para ver cómo trabajamos en beneficio colectivo. 

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito: “Hay que tomar las decisiones que se tienen que tomar y tratar de dejarlo todo en la cancha”  

Para muchas de las propuestas que nosotros presentamos no es necesario el apoyo del poder Legislativo. Si estamos hablando de las reestructuraciones de Estado, eso se puede hacer por decreto Ejecutivo, de igual manera la focalización de subsidos. Si estamos hablando de la renegociación de la deuda eso se puede hacer directamente con un trabajo del Ministerio de Finanzas y del Ejecutivo. Pero, para otras propuestas, sí es necesario trabajar en proyectos de ley y pasarlos por la Asamblea, y ese sí es un gran reto. En un inicio por acción política, probablemente no pasen, pero, la alternativa y la decisión del cambio de modelo es algo en lo que se debe trabajar. Se debe dejar de pensar solo en la política el día de hoy, en que va decir uno u otro. Hay que tomar las decisiones que se tienen que tomar y tratar de dejarlo todo en la cancha.  

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular: “Estamos seguros de que este gobierno no va a recoger ningún planteamiento de los diversos sectores sociales”  

Nosotros estamos seguros de que este gobierno no va a recoger ningún planteamiento de los diversos sectores sociales, y me refiero a los populares. Por eso creemos que la única alternativa que nos queda es levantar las diferentes formas de lucha legales en el país, que corresponden las demandas de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas en el último periodo. Tanto la Ley de Apoyo Humanitario, que de apoyo humanitario no tiene nada. Así como también hacia la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, porque ésta última busca pasarle al IESS como parte del sector público, quitándole autonomía. Así, pasará el Gobierno Nacional a dirigir, como ellos crean, la administración económica. Es un paso, desde mi punto de vista, hacia la privatización de la seguridad social. Presentaremos otra demanda de este tipo por el Decreto Presidencial (1053) porque va en contra de los derechos laborales.  

También vamos a plantear una queja a la Organización Mundial del Trabajo, que es la que debe velar por el cumplimiento de los convenios internacionales de los derechos constitucionales de trabajo en cada país. 

Adicionalmente, estamos preparando un documento para presentar en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos sobre las violaciones que se está dando a los derechos de los ecuatorianos, en materia de trabajo, salud y educación. 

Y finalmente vamos a presentar un documento a la Organización Mundial de la Salud, porque cuando declaró el coronavirus como pandemia, dio algunas recomendaciones a todos los estados. Y señaló que frente a esta pandemia era indispensable garantizar y privilegiar la estabilidad de los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho a los salarios y adicionalmente las garantías de salud y educación. Pero aquí se hacen recortes, se está despidiendo a los trabajadores. 400 profesionales de la salud ya fueron despedidos.  

Por eso es que ratificamos que, a la par de estas acciones, hacemos el llamado a los diversos sectores de trabajadores, de jóvenes, estudiantes, maestros, mujeres, organizaciones barriales, movimiento indígena y campesinado, a retomar este 25 de mayo una nueva jornada de movilización, de manera unitaria entre todos los sectores.  

Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano: “Nosotros hacemos recomendaciones y si no se llevan a cabo… tampoco podemos asumir la responsabilidad de las consecuencias” 

Primero, como Comité Empresarial Ecuatoriano, debido a los más de 100 gremios afiliados, nos toca realizar todo un levantamiento de información. A veces escogemos, más bien, propuestas transversales, que las sectoriales que las manejan los distintos gremios. Nuestras propuestas siempre van ligadas a los principios del Comité Empresarial. 

Presentamos nuestras propuestas de distintas formas pero somos muy formales. Esto se hace a través de documentos y comunicados; y no estamos hablando sólo de la Función Ejecutiva, sino que alcanzamos otras como la Legislativa, Judicial, incluso a los GADs. 

Una gestión importante de los gremios, y en este caso del Comité Empresarial, es mantener siempre los puentes abiertos con esas entidades y esas autoridades a las cuales uno quiere incidir con recomendaciones. Uno nunca debe levantarse de la mesa, uno debe estar siempre con la forma, por eso la comunicación es tan importante. La comunicación es muy delicada en este momento, pero esto se logra con esta opción de hablar en todos los espacios y con todos los actores también. Con los actores de la sociedad civil y la academia, tremendamente importante, y debemos trabajar de la mano para formar la triple y cuádruple élite, que es el círculo virtuoso para el desarrollo de un país, del sector privado, público, academia y, ahora, la sociedad civil. 

Es toda una interacción compleja y delicada. Sin embargo, al final del día, la responsabilidad de la política pública no está en nuestras manos. La política pública la deciden las autoridades de cualquier espacio, inclusive en los gobiernos locales. Nosotros hacemos recomendaciones y si no se llevan a cabo… tampoco podemos asumir la responsabilidad de las consecuencias. Podemos advertir, sí, pero tampoco asumirlas. Porque si uno no llega a ese punto virtuoso donde se escuchan las sugerencias que se hacen desde los gremios, ya la responsabilidad recae en quienes toman las decisiones.