La segunda parte de Arroz Verde podría descubrir a más empresas que se beneficiaron del poder de PAIS

Dos consejeros del CNE consideran que hay otros mecanismos de corrupción que golpean directamente a PAIS. La sospecha es que se hicieron cobros ficticios, otros con sobreprecios o que resultaron ser aportes a cambio de futuros beneficios de contratos estatales.

Los consejeros de Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto y Enrique Pita, hicieron una revelación que puede abrir una nueva investigación penal en el caso Arroz Verde. En concreto ellos explicaron varias irregularidades que pueden ir más allá de infracciones electorales.

En dos informes, a los que accedió este portal, se muestran anomalías que están relacionadas con los aportes a la campaña 2013 de Alianza PAIS. Estas se descubrieron luego de el que el CNE abriera una investigación sobre las cuentas de ese partido, cuando su líder era Rafael Correa, y de las averiguaciones del consejero Verdesoto.

El informe dice que PAIS no entregó la información original de las cuentas de campaña ya que eso fue entregado en 2013 y que no harán ningún envío. Pese a la negativa, Verdesoto identificó a 20 aportantes, entre los que constan, como los que más dinero entregaron a esa tienda política: Manuel Freire Alvarado (USD 197 400), Iván Freire (USD 160 000), Juan Guevara Cisneros (USD 119 000), y Micaela Leher Alarcón (USD 85 123).

Los aportes fueron usados, mayoritariamente, en publicidad. Nueve empresas fueron las que tuvieron contratos con PAIS, entre ellas: Eco Producciones, Kronopio, Vértigo Films, Vip Publicidad y Wendy Vanessa Vera Flores. Algunas de ellas están vinculadas, dice el informe, al caso Arroz Verde I.

Además, en estos dos informes, que ya fueron entregados a las autoridades de control para que pueda abrir nuevas investigaciones, se hizo un listado de facturas con supuestas irregularidades de algunas de las compañías. La sospecha es que se hicieron cobros ficticios, con sobreprecios o que resultaron ser aportes a cambio de futuros beneficios de contratos estatales.

De hecho, las hipótesis, que fueron compartidas con la Fiscalía General del Estado, es que dos de los nuevos mecanismos de corrupción descubiertos por los consejeros tiene que ver con intermediarios entre las empresas y el partido que cobraron hasta el 20% de comisión, y otro donde la misma persona era el intermediario y el proveedor.  

Además, los consejeros realizaron una investigación de los aportantes. Algunos de ellos no tendrían la capacidad económica para entregar aportes por valores que superen los USD 100 000. En una las personas descubrieron que tuvo juicios penales por lavado de activos y que fueron archivados.

“Hay personas que en los años de elecciones y posteriores fueron contratados por el Estado en servicio público y para ejecución de obras del Estado, lo que podría mostrar indicios de la vulneración del artículo 218 de Código de la Democracia, en tanto la prohibición de la entrega de recursos condicionados o basados en compromisos o contraprestaciones futuras”, dice en las conclusiones.

Fuentes del CNE indicaron que las pruebas entregadas a la Fiscalía pudieran ser suficientes para abrir la segunda parte del caso Arroz Verde, y puedan descubrirse a más empresas beneficiarias de contratos y aportantes, que en realidad eran testaferros. Los registros de Laura Terán, procesada en el caso Arroz Verde I, muestran a más de 300 beneficiarios de contratos, entre empresas y personas naturales, que colaboraron a la campaña de PAIS y que no han sido incluidas en el proceso penal que avanza. Ellos habrían sido beneficiarios de los supuestos sobornos de otras empresas y con pleno conocimiento.