La Corte Constitucional y la CIDH reciben denuncias por supuestas anomalías en la evaluación a los jueces supremos

Una demanda de inconstitucionalidad del proceso de evaluación no ha sido admitida desde hace 42 días. Ayer, la CIDH recibió una alerta por serias irregularidades en el proceso de evaluación. La Judicatura defendió el proceso.

El Consejo de la Judicatura se puso como plazo hasta este mes para sacar adelante la evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pero, al parecer, no cumplirá ya que todavía están en análisis las sentencias que la Judicatura dispuso revisar y que están en manos de los evaluadores.

Gustavo Medina, veedor del proceso, lo ratificó. Indicó que ese trabajo de revisión está en proceso y que se espera que se cumpla el calendario o que no demore la entrega de resultados definitivos. “La revisión es una tarea compleja y extensa”, dijo el veedor.

Medina también informó que el informe del trabajo de la veeduría avanza, y prefirió no adelantar ninguna conclusión. Y sobre la demanda en contra de la evaluación que hace la Judicatura, y que todavía no ha sido admitida en la Corte Constitucional, señaló que no se han brindado pronunciamientos de las autoridades competentes.

Los jueces de la Corte Nacional, hasta el momento, no conocen cómo avanzan las revisiones y tampoco saben las calificaciones. Si no alcanzan 80 puntos de 100, serán removidos.

Los 42 días sin respuesta de la Corte Constitucional
Esa demanda de inconstitucionalidad tiene 146 fojas y fue ingresada el pasado 15 de agosto a la Secretaría General de la Corte Constitucional. El caso es impulsado por el presidente encargado de la Asociación de Magistrados y Jueces, Vinicio Palacios, y patrocinada por los abogados Rafael Oyarte, Ismael Quinta y Sergio Garnica.

Hasta el momento, no hay respuesta. En esa demanda piden que apenas sea admitida, es decir, que la conozca un juez constitucional, se declare la suspensión provisional y que la Judicatura, dice el texto, se abstenga de continuar con el irregular proceso de evaluación. Además, piden los abogados, que la Judicatura tampoco pueda dictar normas que reemplacen a las impugnadas para seguir con la evaluación.  

Ellos aseguran que el proceso de evaluación va contra 13 artículos de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de DD.HH.

El principal cuestionamiento de los demandantes es que la Judicatura ha creado resoluciones que atentan contra el ordenamiento jurídico del país al revisar la permanencia de los jueces de la Corte Nacional. El pleno, dicen, ha impuesto, exigido, requisitos que no se prevén ni en la Constitución ni en las leyes para ocupar el cargo de jueces y conjueces nacionales. Consideran que la Judicatura se ha excedido en las disposiciones de la Constitución.

Y relatan en la demanda que cualquier limitación de los derechos constitucionales “únicamente puede ser establecida en un instrumento normativo de rango de ley o una reforma constitucional. De ninguna manera una resolución del Consejo de la Judicatura es una ley, pero aún una reforma constitucional, por lo cual carece de validez para modificar los textos constitucionales y los propósitos de las leyes”.

Los demandantes advierten que si una resolución de su pedido saliera luego de finalizada la evaluación, “sería algo ineficaz e inoficioso”.

Finalizan con la petición concreta de que se declaren inconstitucionales seis resoluciones del pleno del Consejo de la Judicatura, que se refieren a la evaluación integral de la Corte Nacional de Justicia. Los demandantes esperan por el primer movimiento de la Corte Constitucional.

Ayer pidieron la intervención de la CIDH en el proceso de evaluación
Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, fueron recibidos en audiencia por los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acto fue ayer en la sede de la OEA, en Washington, EE.UU.

Ellos pidieron ese espacio para denunciar irregularidades en el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Los denunciantes indicaron que el Comité Evaluador cambió de nombre, pero continúa con plena capacidad de evaluar a jueces nacionales ya que entrega un informe de su trabajo. Y que sus integrantes no pasaron por un proceso de escrutinio público. Que el Consejo de la Participación Transitorio, violando la normativa, designó de manera directa a los integrantes de esta veeduría y no a través de una convocatoria pública. También que en el proceso se desconoce el trabajo que ya realizan instituciones sobre asuntos patrimoniales, como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas o la Unidad de Análisis Financiero y Económico.  

Finalmente, según el Reglamento de Evaluación, quienes no alcancen una valoración de 80 puntos sobre 100, serían removidos. Esto, según Marcelo Espinel, vulnera la garantía de inamovilidad de los jueces y actuando más allá de lo establecido en el régimen de transición de la Constitución, según el cual correspondería simplemente renovar a siete jueces.

Los demandantes pidieron que la CIDH realice un seguimiento del proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia y, de ser el caso, emita observaciones y recomendaciones para que este cumpla con los estándares internacionales. En su intervención aseguró que Judicatura tiene potestad para realizar este proceso, según lo dispone el artículo 181 numerales 3 y 5, de la Constitución.

Vocal de la Judicatura aseguró que el proceso será para todos
El vocal Morillo recalcó ante los comisionados que el artículo 187 de la Constitución establece que todos los servidores judiciales deben ser evaluados, de acuerdo a parámetros técnicos elaborados por la Judicatura. Dijo también que la evaluación es técnica, transparente y garantiza la independencia judicial interna y externa.

Asimismo, destacó que este proceso, desde su inicio, cuenta con la participación ciudadana, y puso como ejemplos el trabajo del Comité de Expertos y del Comité de Apoyo a la Evaluación, integrados con postulantes que provinieron de la sociedad civil y de la academia. También que existe una veeduría, de la que es parte Gustavo Medina. Reveló que este proceso será para todos. Un comunicado de la Judicatura aseguró: «por ello serán sometidos a este proceso, todos los funcionarios jurisdiccionales y administrativos, fiscales y defensores públicos».