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La Comisión de Integridad y Anticorrupción celebra el Decreto de normas éticas para el Ejecutivo

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La ICC destaca que el presidente Guillermo Lasso haya impuesto normas éticas de cumplimiento en el nuevo Gobierno. Conozca los detalles.

Foto: Comunicación Lasso

El presidente Guillermo Lasso puso en vigencia lo que sería para él un Código de Ética para todos los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo. El nombre es “Normas de Comportamiento Ético Gubernamental”. Tiene 28 artículos y una dispocisión final.  

Su cumplimiento es obligatorio para todos los nuevos ministros y secretarios. Está en sus nombramientos. Con esto lo eleva a carácter jurídico. Y la sanción puede llegar a la destitución del cargo.

Para la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) este e sun avance en la lucha contra la corrupción. En un comunicado, firmado por Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la Comisión de Integridad y Anticorrupución; Édgar Neira, su vicepresidente; y Carlos Zaldumbide, secretario Ejecutivo de la ICC-Ecuador, consididera que el Presidente de la República impone a sus colaboradores cuatro disposiciones reveladoras y que ayudarán en ese propósito: 

  • La prohibición terminante de que las entidades de la Función Ejecutiva destinen fondos públicos para hacer promociones personales (art. 18). En los últimos catorce años, dice la ICC, uno de los factores de corrupción en Ecuador ha sido el empleo inmoral de recursos del Estado para auspiciar imágenes de presidentes, vicepresidentes, ministros, alcaldes y prefectos, adicionalmente, mediante contratos de publicidad opacos y previamente direccionados; 
  • La prohibición de los nepotismos cruzados que con finura y desafiante reiteración en el período 2007-2021, indican los dirigentes gremiales, convirtió a esta prohibición en una norma plasmada en el papel, pero ahora tendrá el vigor de un mandato impuesto desde la Presidencia de la República y correctamente concebido (art. 3); 
  • Las restricciones a las rifas, sorteos y colectas, hasta hace poco métodos de extorsión a los particulares (art. 17), dice el comunicado; 
  • Y, las restricciones a la utilización de aviones presidenciales y vehículos del Estado (art. 5).

Estas reglas no son declaraciones de buenas intenciones del Presidente, considera la ICC, pues en ellas introduce un mecanismo expedito de control y supervisión permanentes, bajo responsabilidad del Secretario General de la Administración y las Unidades de Talento Humano de cada entidad. Para la Comisión es significativa la orientación de estas decisiones jurídicas. “Por primera vez revelan una preocupación ética, que va más allá del discurso para encontrar en preceptos del Derecho herramientas apropiadas que fijen límites éticos a la actuación de funcionarios gubernamentales. El que esta orientación nazca del liderazgo y con el auspicio del primer personero del Estado, augura un estilo que se orienta en la dirección correcta para luchar contra la corrupción y que se aparta radicalmente de lo que hemos vivido en los últimos catorce años”, asegura la Comisión. 

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