Estos son los cinco pedidos de juicio político para censurar al ministro Richard Martínez

El CAL tiene los pedidos de juicio en sus manos. Uno de ellos ingresó en julio del 2019. Todavía no hay fecha para tratar estas solicitudes.

Hay cinco pedidos de juicio político en contra del ministro de Economía, Richard Martínez. Él ha sido quien ha estado detrás de las crisis políticas más graves del Gobierno, la de octubre por el intento de elevar el costo de los combustibles y en la propuesta de impuestos a empresas y personas por la crisis sanitaria. Ambas no prosperaron pero tuvieron un alto costo político para el presidente Lenín Moreno. 

Martínez ha ganado varios enemigos políticos y no ha podido defenderse solo. El presidente Moreno salió en cadena nacional para defender la gestión de su Ministro y pedir una tregua durante la crisis ya que Martínez sería clave para conseguir dinero de organismos internacionales. Este pedido no detuvo a las críticas, que incluso ya están en las calles. Organizaciones de estudiantes y de trabajadores piden su salida del Gobierno. Y algunos gremios empresariales, como la misma Cámara de Comercio de Quito, han sido críticos por la falta de diálogo antes de la adopción de propuestas legales. 

Los pedidos de juicio político, a los que accedió este portal, y uno que casi lleva un año en espera, deberán ser tratados previamente por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), para luego ir a la discusión en la Comisión de Fiscalización. Si es hallado culpable de faltar a sus funciones, el Ministro Martínez pudiera ser censurado y salir de la función pública. Para ello se requieren las dos terceras partes de los votos de la Asamblea. 

A continuación los argumentos de cada demanda: 

Yofre Poma ingresó el pedido de juicio político hace casi un año, en julio del 2019

El pedido de juicio político del asambleísta Yofre Poma tiene fecha del 23 de julio del 2019 y 112 páginas. El primer argumento contra Richard Martínez es la falta de asignaciones económicas para los GADs amazónicos que es un mandato de la Ley Amazónica. Esa norma dispuso que, durante el 2019, por cada barril de petróleo vayan dos dólares para el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y que el 4% del precio de venta de cada barril de petróleo en este año. Poma aseguró que los GADs amazónicos recibieron solo lo equivalente a un dólar. El siguiente punto es el supuesto incumplimiento de Martínez con el pago a los jubilados. El asambleísta de Sucumbíos, que estuvo detenido luego de las protestas de octubre pasado y casi pierde la curul, argumenta que el Ministro de Economía no ha cumplido con los pagos que anunció de cerca de tres millones de dólares semanales, incluso hubo una huelga de hambre en las afueras de la Asamblea Nacional y la recuerda como un hecho tangible del incumplimiento de los pagos. Luego relata otro supuesto desatino en sus funciones y que es suficiente para la censura política: la falta de asignaciones a la Casa de la Cultura de un plumazo.

La demanda del Partido Social Cristiano se centra en la crisis sanitaria

Para los firmantes de este pedido, el Ministro ha tenido un manejo negligente de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria y han determinado un anómalo manejo en el pago de la deuda externa. Las bases en este punto son las declaraciones de la exministra de Salud, Catalina Andramuño y los valores que en verdad se pagaron a los tenedores de bonos. Incluso mencionan comunicados de prensa que luego se convirtieron en noticia nacional, donde se oculto información sobre el monto real del desembolso del Estado para pagar deuda externa en medio de la pandemia. Se refieren a USD 791 millones. Asimismo, que no se concretan las entregas de dinero que Martínez anunció en reiteradas ocasiones, casi USD 3 000 millones. El siguiente punto es el recorte presupuestario en el sector de Educación, que ascendería a USD 98,2 millones de lo asignado a las universidades públicas. Esto podría en riesgo, incluso según la demanda, los programas de becarios y contratar a docentes que venían trabajando con regularidad. En es punto también recogen declaraciones de Martínez donde anuncia que no acatará la decisión de la Corte Constitucional. 

El tercer punto de la demanda, para el PSC, se refiere a la indebida retención de las asignaciones presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la no devolución del Impuesto al Valor Agregado en la adquisición local o importación de bienes y servicios. Esto, dice el texto, la gestión de Martínez ha puesto en riesgo la capacidad de los GADs para ejecutar sus competencias. Recuerdan que el Ministro no asistió al llamado de la Comisión de Educación ni entregó la lista de los tenedores de bonos. Y que las medidas adoptadas para paliar la crisis sanitaria y económica no han dado resultados lo que ha provocado la adopción de medidas que no son legales y poco transparentes. Es decir, no es apto para el cargo. Además, que ha incumplido la Ley orgánica de la Salud al pagar la deuda externa y no asignar suficientes recursos para enfrentar la pandemia. Asimismo, la Ley de Transparencia por no informar los nombres de los tenedores de bonos, y la Ley de Régimen Tributario Interno al no asignar los dineros correspondientes a los GADs.  

El pedido de juicio del asambleísta Raúl Tello da peso a los temas educativos

El legislador de Pastaza considera, como el primer desatino del ministro Richard Martínez, el reducir el presupuesto asignado al sistema de Educación Pública de los niveles inicial, básico, bachillerato y superior. De esta manera incumple con las funciones que le asigna la Constitución y la ley, vulnera el derecho humano a la educación de los menores de edad y de la juventud; y también violenta los derechos sociales y económicos de docentes y trabajadores de la educación. Él relata una situación crítica en el sector. En los niveles de educación inicial, básica, básica superior y bachillerato del sistema educativo, dice, trabajan 54 990 docentes bajo la modalidad de contratos ocasionales y nombramientos provisionales. “Son víctimas de las desvinculaciones; de hecho, el Ministerio de Educación ha notificado a 6 000 profesores la terminación de su relación laboral”. Incluso que el recorte ordenado por Martínez afecta a 120 000 estudiantes que aspiraban a iniciar, continuar y concluir sus estudios de alfabetización y post alfabetización. Asegura que Martínez y el Gobierno mantiene deudas con ocho universidades cofinanciadas, esto por el concepto de becas para estudiantes y devolución de IVA. Otro incumplimiento que se expone es que no se han transferido recursos para cancelar estímulos económicos a los docentes jubilados. El punto central de su demanda es que la Función Ejecutiva no podrá privar de su renta, asignaciones presupuestarias, a ninguna institución. 

El asambleísta Lloret se fija en la falta de recursos para la pandemia y uso de deuda externa

El pedido de juicio tiene la fecha 17 de abril. El asambleísta hace una recuento sobre cómo nació y se desarrolló la pandemia, con las alertas mundiales y regionales para el Ecuador. Recoge varios pedidos de recursos de la exministra Catalina Andramuño al Ministerio de Economía para enfrentar la pandemia. En uno, ella pidió USD 94 millones directamente al viceministro de Economía, Fabián Carrillo. Luego están citados oficios del personal financiero de Salud donde le comunican a la exministra Andramuño que no se han realizado asignaciones de Economía y que la “actual emergencia se ha venido atendiendo con presupuesto propio asignado por el año 2020”. Esto previo a la renuncia de Andramuño donde denunció la falta de apoyo económico. Otros de los antecedentes son varios pedidos por escrito a Martínez sobre las operaciones de pago de deuda, de titulares de bonos del Estado y del destino del dinero producto de la contratación de la nueva deuda externa. En este contexto, para Lloret, al no haber ejecutado las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por el Ministerio de Salud “no solo que inobservó los principios y objetivos del SINFIP, para realizar con efectividad, oportunidad, flexibilidad y equidad la asignación y uso de los recursos públicos. Sino que además, incumplió con el deber del Estado de garantizar el derecho a la salud mediante políticas económicas y brindando acceso permanente, oportuno y sin exclusión a atención integral de salud”. Incluso, que se pasó por encima de las alertas mundiales de la necesidad de la asignación de recursos adicionales en cada país para enfrentar la pandemia.  “Lo absurdo e inconsecuente en el proceder del ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado, brilla por lo insensato de sus acciones y omisiones. Al punto, que él mismo, con el documento con el que pretende aclarar que los recursos para combatir la pandemia se encuentran garantizados, no hace más que afirmar y dar la razón a la declaración de la exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, de que no contaban con los recursos necesarios”, escribió el asambleísta de la revolución ciudadana, Juan Lloret. Otro de los puntos es que contrató deuda sin contar con las aprobaciones del Comité de Deuda, esto cuando firmó el acuerdo con el FMI, el 1 de marzo del 2019. La autorización del Comité se dio 10 días después de la firma con el FMI. Otro: que la deuda con Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank y JP Morgan, que, asegura, fue para pagar gasto corriente de Petroecuador. Otra más: al ministro Martínez le tomó más de un año y medio en ejecutar la reducción de los servicios financieros, dice Lloret, pese al clamor ciudadano que convulsionó al país con los cobros indebidos y no autorizados por parte de ciertas instituciones del Sistema Financiero Nacional.

El asambleísta Candell alerta que Martínez ocasiona un deterioro a la Educación del país

El asambleísta Jimmy Candell es otro de los solicitantes del juicio político al ministro Martínez. Él pone como antecedentes los recortes a la educación, incluso la ausencia ante la Comisión de Educación de ministro de Economía, Richard Martínez, la ministra de Educación, Monserrat Creamer; y, del Secretario de Educación Superior, Agustín Albán, pese a que se les conminó, dice Candell, a que expongan los motivos del recorte presupuestario. Creamer y Albán se justificaron, Martínez no. Por eso, la misma Comisión resolvió iniciar el juicio político a Martínez por el incumplimiento de sus funciones. Otro de los argumentos para la censura política es por la falta de cumplimiento de la Constitución, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de Educación Superior. El Ministro, señala Jimmy Candell, “no está dando cumplimiento a un deber primordial del Estado que es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación”. El Asambleísta considera que lo más grave no resulta ser únicamente el incumplimiento de las funciones del Ministro de Economía, “sino que tales decisiones están provocando un grave deterioro en la calidad del sistema educativo en todos sus niveles, daños que son irreparables y que costarán muchos más recursos de lo que hoy en día el Gobierno Nacional ha recortado, violentando ante toda luz; el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos”.