El choque de trenes en la Justicia ecuatoriana

El Consejo de la Judicatura lleva adelante la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Eso trae un enfrentamiento, entre vocales y jueces supremos, que se intensifica.

La Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de aplicación de las leyes en el país, y el Consejo de la Judicatura, el ente administrativo, tienen discordancias por la evaluación a esos magistrados y los conjueces.

El actual Consejo se propone hacer una evaluación a los jueces supremos, los 21 de la Corte Nacional de Justicia y 15 conjueces. Esto ha provocado un enfrentamiento entre los dos órganos de control que mantiene en vilo a varios jueces supremos. Los juristas, que han sido contactados por Criterios, cuestionan esa evaluación porque aseguran que no es legal y no tiene parámetros aceptados internacionalmente. Sólo, según los jueces consultados, servirá para cambiar toda la Corte Nacional.

De hecho, el viernes pasado tres miembros de la Corte Nacional, Miguel Jurado, Pablo Tinajero y Patricio Secaira, ofrecieron una rueda de prensa para responder sobre el proceso de evaluación y de una supuesta negativa a levantar el sigilo de sus cuentas y patrimonio. Coincidieron en que no se oponen a una evaluación pero pidieron que se la efectúe dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en las leyes. Además, Jurado, quien es juez penal, pidió públicamente que esa revisión patrimonial sea también para el Consejo de la Judicatura y quienes los evaluarán. Todos.

Ya es un enfrentamiento abierto. La Judicatura, de su parte, no se ha quedado con los brazos cruzados. Ha expuesto, en reiteradas ocasiones, que existe el respaldo legal para la evaluación de lo miembros de la alta Corte de Justicia y, además, que el proceso cuenta con el apoyo de connotados juristas y de universidades nacionales. Para septiembre prevén finalizar con el proceso y dar a conocer los resultados. Algo que la Corte Nacional de Justicia busca frenar. Está en diseño una demanda de inconstitucionalidad del proceso y un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta semana esperan darlo a conocer.

La Judicatura sostiene la evaluación en dos instrumentos para ejecutarla: el primero es un Reglamento para evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; y, el segundo, es el Instructivo para la conformación y funcionamiento del Comité de Expertos y del Comité Evaluador del proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional.

Y la base normativa, dice la Judicatura, es amplia. Seis artículos de la Constitución, siete artículos del Código de la Función Judicial, una resolución del Consejo de Participación Transitorio y tres resoluciones de la propia Judicatura.

Evaluarán sentencias y revisarán patrimonio

La evaluación que impulsa la Judicatura tiene los criterios cualitativos y cuantitativos, y dentro de cada aspecto está la legitimidad y la transparencia.

Según ese organismo, los elementos cualitativos tienen un peso de 80% en la calificación. Esto implica una revisión de las competencias en el ejercicio de su cargo, y un análisis de la calidad de las sentencias (tres por año). Esta revisión de los fallos vale 65 puntos de los 100. La presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, también será evaluada. Para ella se considerarán las actuaciones jurisdiccionales propias de la dignidad, dicen las reglas de la Judicatura, y durante el período de gestión hasta el término del período de evaluación. Nadie se salva.

Los elementos cuantitativos, en cambio, suman el 20% del puntaje total. Esto implica productividad, asistencia a audiencias, asistencias al Pleno, cumplimiento de la jornada laboral y capacitación.

En el campo de legitimidad y transparencia está la revisión del patrimonio. Específicamente se señala como verificación de la transparencia la autorización del evaluado para el acceso a la información patrimonial y de sigilo bancario. Asimismo, las declaraciones patrimoniales juramentadas de inició de gestión y las periódicas. También las declaraciones juramentadas de no tener bienes o dinero en paraísos fiscales; declaraciones de Impuesto a la Renta; declaración juramentada de no estar incurso en las nueve prohibiciones del Código Orgánico de la Función Judicial; y, una certificación de utilización del sistema Satje. Quienes no entreguen estos documentos pueden ser destituidos, resolvió la Judicatura.

Sin embargo, Jason Reichelt, experto en independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un encuentro del 30 de mayo del 2019, en la Universidad Andina, cuestionó el fondo de la evaluación que hará la Judicatura. Advirtió de las consecuencias por remover a jueces si no están inmersos en casos graves de incompetencia, corrupción o actividad delictiva grave. Argumento que, obviamente, comparten los jueces supremos. La Judicatura, de su parte, garantiza la transparencia del proceso y la alta calidad de los evaluadores.

Fuentes de la Corte dicen que el recambio de jueces debe hacerse dentro de dos años y saldrían cinco, que eso dicen las leyes. Está por verse quién ganará en el muñequeo judicial.