El proyecto de Ley de Protección de Datos tiene puntos sensibles

Ayer, en un encuentro de la Aedep, se debatió el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Hay varias alertas. Una es la creación de más burocracia.

El presidente Lenín Moreno entregó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El Presidente dice en el texto que es urgente que el país se encargue de regular el tratamiento de datos que proteja los derechos, promueva la actividad económica, comercial e innovación.

Sin embargo, el proyecto puede ser mejorado sustancialmente ya que cuenta con algunas figuras polémicas que, de seguro, serán ampliamente debatidas. Ayer, en un encuentro de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep), donde participaron los especialistas Juan Carlos Solines y Richard Martínez, se identificaron algunos de estos puntos que requerirán de un mayor análisis antes de su aprobación. Esto pese a que el gobierno construyó esta legislación por unos nueve meses.

Los expertos coincidieron en que es necesaria está ley. Sin embargo, el primer punto es que se crea más burocracia al tener una autoridad que vigile el cumplimiento de la ley. Esta es la Autoridad de Protección de Datos, que dependerá exclusivamente del Presidente de la República y su gestión tendrá autonomía administrativa y financiera. Los especialistas aseguran que hay ejemplos en el mundo donde la autoridad es independiente.

Además, es juez y parte. Vigila por el cumplimiento de la ley, pero también impone las sanciones. Este es otro punto que se debe clarificar. Las sanciones, se dijo en el encuentro, son excesivas. Hay multas que van entre el 3% y el 9% del total del volumen de negocio, en caso de infracciones leves. Y del 10% al 17% del total del volumen del negocio de la empresa pública o privada, sancionada por faltas graves. Eso pudiera quebrar a una empresa, se analizó. Una de las alternativas es que se establezca un plazo de ajuste del sector empresarial para poder cumplir con la nueva normativa. Este pudiera ser de dos años, antes de que se emitan las primeras sanciones.

Asimismo, hay un costo que pudiera aumentar en las empresas ya que se requiere de personas especializadas para manejo de datos, encriptación, cifrado, etc., si fuera el caso. Esto pudiera ser por incremento de la nómina o por la contratación de un servicio externo.  

Otro punto para discutirse es la extraterritorialidad de la ley, es decir, que las normas, faltas y sanciones, también puedan ser aplicadas a empresas que están fuera de Ecuador, como son las empresas de redes sociales, servicios de correo, páginas de e-commerce en otros países y continentes, entre otras.

Finalmente, otro de los puntos polémicos es el derecho al olvido. Esta es la posibilidad de que un usuario pida que se retire, oculte o se limite la información que él considere que no debe ser vista por otros, por motivos personales. El tema es de debate en varios países, ya que pudiera ser un limitante para la libertad de expresión. Además, por la aplicabilidad: si el retiro de los datos se debe producir en el país, en el continente o en el mundo.

Debido al alto nivel técnico de la propuesta se analizó el proponer una comisión legislativa especial para que trate la propuesta. La ley propuesta por el presidente Lenín Moreno tiene 90 artículos, siete disposiciones generales, cuatro disposiciones transitorias, siete disposiciones reformatorias y cinco disposiciones derogatorias.