El Gobierno en alerta por millonarios cobros ilegales de impuestos en los municipios de Esmeraldas
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La Secretaría Anticorrupción se comprometió a coordinar y apoyar las denuncias de las empresas privadas. El monto del perjuicio ya supera los USD 70 millones.
El Secretario Anticorrupción, Iván Granda, acudió a una reunión con los representantes de estas empresas y evidenció de primera mano los actos ilegales de varios municipios de Esmeraldas, incluido el de la propia capital. Granda escuchó episodios relacionados con un estudio jurídico que ha engañado a los municipios para que emitan ordenanzas por fuera de la ley, con el fin de receptar dinero por cobros a empresas privadas.
Los cobros a empresas, que tienen sus sedes en Quito y Guayaquil, son por concepto de patentes, impuesto al 1.5 por mil de los activos totales y tasas creadas mediante ordenanzas, abusando de la capacidad coactiva que les confiere la Ley. Cobran como que la sede de las empresas fuera en cada municipio, lo que produce pagos recurrentes, ilegales, y que afectan a la liquidez de empresas nacionales y extranjeras.
Son más de USD 70 millones en cobros ilegales
El problema central fue expuesto por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). Y este funciona así: los municipios disponen embargos a las cuentas corrientes de distintas empresas, sin haber notificado debidamente títulos de crédito, ni citando autos de pago a la parte procesada. Esto les imposibilita ejercer su legítimo derecho a la defensa, vulnerando el derecho constitucional al debido proceso y de seguridad jurídica, aseguran los empresarios. No obstante, los motivos de los cobros, según las autoridades son por patentes, impuesto al 1.5 por mil y más tasas creadas mediante ordenanzas; sin que esas compañías tengan su domicilio comercial en esas ciudades o poblados.
La suma de los cobros ilegales ya supera los USD 70 millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de DirectTv, los municipios de Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde, Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas, han ejecutado embargos arbitrarios por USD 8,7 millones. Los cobros se realizan, incluso, sin que las empresas tengan su actividad comercial registrada en dichos cantones.
Las dos operadoras de telefonía móvil más grandes del país, Conecel (Claro) y Otecel (Movistar), también han sido perjudicadas en los últimos años por cobros, asegura el CEE, arbitrarios e ilegales, derivados de ordenanzas en más de 30 municipios en todo el país. En este caso, los cabildos cobran el uso de espacio aéreo, uso del espectro radioeléctrico, pese a que es competencia del Gobierno central.
Más aún, resulta que de una veintena de fallos de la Corte para impedir los abusos, hay 17 municipios que se resisten a reformar sus respectivas ordenanzas, situación que bien podría derivar en la destitución de sus autoridades, advierten los empresarios. El listado de las empresas afectadas es grande. Entre las golpeadas están Corpetrolsa, ExxonMobil, Lutexta, Duragas, Terpel, Vepamil, Eni Ecuador, Petróleos y Servicios, Unilever, La Llava, Arca, La Fabril, Petrolrío, Tecniequipos, OCP…
En el caso de OCP, Criterios supo que fue una acción ilegal por el cobro de tasa de utilización y ocupación del espacio público por el paso de tuberías. En otras, como Lutexa, Terpel, es el cobro de patentes y el impuesto de 1,5% por mil de los activos totales que se ejecutó pese a que esas empresas no tienen actividad comercial en dichos cantones, reteniendo y embargando cuentas a través de procesos coactivos. Pero esto no es todo. Este mecanismo de cobros ilegales también afecta a empresas de la propia provincia. Denuncian que por un capital de negocio de 9 000 dólares, pretendían un pago de impuestos anuales por 1 000. Esto afecta a un sector económico, ya afectado por las tragedias pasadas.
La solución propuesta por el Poder Ejecutivo
La Secretaría Anticorrupción se comprometió a coordinar con Procuraduría, Asociación de Municipalidades del Ecuador, la Secretaría de Competencias, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Bancos y otras las instituciones que puedan intervenir para sancionar y recuperar los recursos ilegalmente tomados por varios municipios de Esmeraldas.
Además, el Gobierno acompañará las acciones penales de las empresas que tienen abiertas contra estos abusos de estos municipios y abogados de un estudio jurídico. Las compañías perjudicadas están pendientes de las acciones del Gobierno para detener estos cobros ilegales y recuperar el dinero.
