Por qué el funcionario público es insustituible en la vida nacional

El trabajador al servicio del Estado es clave para proteger los intereses de la ciudadanía. O para acabar con ella… Lea este análisis sobre este engranaje ciudadano imprescindible de la vida nacional.

Funcionario público es una persona que trabaja al servicio del Estado. En una democracia, los funcionarios públicos son contratados de acuerdo con procedimientos que establecen capacidades y méritos. Cuando el funcionario tiene un contrato permanente conseguido en estas condiciones, se llama funcionario de carrera. Una de las condiciones para el acceso a una función pública es la declaración de bienes.

El funcionario o servidor público, considerado desde la perspectiva del ciudadano, es una persona que conoce los secretos del poder, los requisitos para obtener los servicios y, con frecuencia, el privilegio de facilitar o estorbar el acceso a los servicios; por esto el burócrata tiene un estereotipo negativo. La relación entre los servidores públicos y los ciudadanos no es muy amigable. De parte de los funcionarios son pocos los que se sienten servidores del ciudadano y que asocien su salario con las contribuciones que realiza el ciudadano. La mayoría ejerce un poder sobre el cliente al que le tratan despectivamente porque ignora las leyes, reglamentos y requisitos para acceder a los servicios. El ciudadano no es amigable porque ve al funcionario como estorbo y amenaza, es castigado constantemente con pérdida de tiempo, negación de los servicios, multas y sanciones; el funcionario nunca es castigado por negar, demorar o dar un mal servicio, aunque el ciudadano presente quejas.

El funcionario y la eficacia del Gobierno
El funcionamiento de la burocracia determina la calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado y, en consecuencia, la calidad de un Gobierno. Todos los sistemas políticos tienen burocracia y casi todos tienen algunos problemas comunes que tratan de remediar con leyes y con institutos de formación de los funcionarios públicos. En nuestro país hay tres clases de burócratas que tienen origen y estabilidad diversa. Los permanentes que son los conocedores de la institución en la que trabajan, las leyes que las rigen y los secretos que guardan. Los temporales que llegan con cada Gobierno y se van cuando termina el período. El tercer grupo de burócratas son los recomendados que llegan con cada Gobierno y se quedan cuando este cambia. Así, en cada administración aumenta el número de burócratas y se complica la organización.

Los políticos y los funcionarios de alto nivel que han realizado cursos de gobernanza, han tratado de responder a la pregunta: ¿cuántos funcionarios son necesarios para que un Gobierno sea eficiente? Saben que si son pocos el servicio es malo y si son muchos el servicio es pésimo. Los empresarios y los ciudadanos siempre se quejan de la tramitología que impone la burocracia estatal. No es culpa solo de los funcionarios, sino de las leyes que se duplican, se contradicen, cambian constantemente. Desde que se inventaron las leyes Trole, estas no se refieren a una sino a muchas materias, lo que complica el conocimiento y el cumplimiento de los mandatos. Los países han establecido índices de competitividad para atraer capitales y empresas ofreciendo el menor número de trámites necesarios para instalarse. En Ecuador, se dice que abrir una empresa es difícil, pero cerrarla es imposible por el número de trámites y la lentitud de los funcionarios encargados de cumplirlos. La tramitología afecta a los ciudadanos, pero también a los burócratas porque corren el riesgo de ser castigados por los organismos de control por la omisión de procedimientos exigidos aunque sean insulsos. Según datos del Banco Interamericano, en Ecuador hay 4 679 diligencias burocráticas solo en el Gobierno Central y apenas un 4% de los trámites son totalmente en línea. Solo Guatemala y Venezuela tienen una maraña burocrática peor que la ecuatoriana.

El funcionario y el costo para el Gobierno
El exceso de burocracia tiene un costo para el ciudadano, porque tiene que deambular de un lado a otro para realizar trámites en distintas sedes u oficinas del organismo. Tiene que pasar por numerosas ventanillas para gestiones que debieran hacerse en una sola y volver dos o tres veces para completar un trámite. También tiene un costo para el Estado porque el exceso de burócratas impone una carga absurda al presupuesto nacional en el pago de sueldos, en la cantidad de oficinas y mobiliario necesario, el uso de materiales, transporte y administración de personal. Cuando hablamos de cientos de miles de funcionarios en exceso, el caso es crítico tal como ocurre en Ecuador.

No se puede echar a la calle a miles de funcionarios porque el despido tiene un costo para el presupuesto, afecta a la capacidad de compra que incide en la empresa y la economía, y genera un problema social enorme y peligroso. Los gobiernos temen la caída de los índices de popularidad y prefieren aplazar la decisión. La única solución es una política económica coherente que aliente a la empresa privada para que pueda generar más empleos y simultáneamente vaya reduciendo la burocracia estatal.

Todos los gobiernos se quejan de la burocracia inflada que han recibido, pero nunca la reducen, sino que la inflan más para acomodar a los miembros del partido, a los que trabajaron en las campañas, para satisfacer a los amigos y colaboradores. Cada Gobierno tiene nuevos funcionarios de distinto nivel jerárquico, pero todos recomiendan y acomodan nuevos empleados. Un ejemplo para el escándalo es el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cada Presidente del Consejo Directivo del IESS infla la nómina. El famoso Ramiro González infló de 11 000 a 20 000. Víctor Hugo Villacrés no llegó a completar el año, pero contrató más de 5 000 nuevos burócratas, 22 por día laborable durante su paso por el IESS. Richard Espinosa 11 000 nuevos burócratas. A nadie puede extrañar que la institución vaya a la quiebra con esos niveles de dispendio. La historia se repite en Petroecuador y en todas las empresas públicas y organizaciones del Estado y de los gobiernos seccionales.

El funcionario y la corrupción

Seguramente la mayoría de los funcionarios públicos son honrados. Desde luego ningún funcionario de carrera puede robar por miles de millones como señalan las denuncias y prueban los sobreprecios de las obras. La gran corrupción es obra de mafias políticas organizadas, ya que para robar tales cantidades se requiere de especialistas en finanzas, en inventar modalidades y mecanismos, la participación de abogados, jueces, inversionistas, empresas y sistemas de lavado. Todo eso es imposible para una sola persona.

Sin embargo, no se puede despreciar el robo permanente, diario, de la burocracia corrompida que reclama abierta o solapadamente comisiones o sobornos para agilitar los servicios, esa burocracia especializada en crear dificultades para vender facilidades. Si se suman todos los pequeños sobornos, suman también millones porque tiene, además, costos colaterales. La corrupción de la burocracia es eterna sin que nadie haya descubierto mecanismos capaces de impedir y castigar este mal. Las variedades y combinaciones son numerosas y están establecidas en los códigos. En su versión ordinaria y grotesca funciona así: Un constructor o propietario inicia la construcción de una obra con todos los permisos y autorizaciones. En algún punto de la obra le paralizan con algún pretexto. Abierta o disimuladamente le piden una coima para autorizar la reanudación de la obra y queda planteada la trampa. Si no paga no le autorizan continuar, si paga se convierte en cómplice, si denuncia y no puede probar, puede ir a la cárcel. Por desgracia, el mal menor parece ser pagar la coima porque se incrementa día por día el costo financiero, el lucro cesante, el daño a los trabajadores, a los posibles clientes, etc.

Ningún país ha logrado desterrar la corrupción, pero algunos han conseguido reducirla sustancialmente con leyes y mecanismos de control, comisiones de vigilancia, educación, transparencia, especialistas y uso de la tecnología.