El eje transversal de la política gubernamental se llama corrupción

La corrupción no ha logrado ser detenida en el país. Esto tiene consecuencias directas en el Gobierno.

La destrucción de la ética pública, de la vergüenza y moral ciudadana, han dado paso a la creación de un fenómeno llamado corrupción, que, si bien es cierto no nació en Ecuador, ha hecho metástasis en la política y administración pública, donde convive y se nutre de las acciones delictivas  de funcionarios que se hacen millonarios ilegalmente a costillas del sufrimiento de un pueblo y la mirada indiferente de un gobierno. 

La corrupción no solo afecta a los empleados públicos que siguen generalmente el ejemplo de sus jefes directos sino también de altas autoridades que amparadas en el poder roban sin importarles que este en juego la vida de los conciudadanos o los pocos recursos que tiene el país.

La honra de las personas es una mala palabra pronunciada por niños y adultos, donde el honrado es estigmatizado o un bicho raro, lo que prima es el avispado que trata de sacar tajada de todo contrato o de cualquier influencia a cambio de réditos personales.

La sociedad día a día se conmociona con actos de corrupción de un sinnúmero de empleados públicos en todos los niveles de la administración, que aprovechando el estado de excepción y la compras declaradas emergentes, las emplean como cobertura ideal para sus fechorías al amparo de autoridades gubernamentales y de control. Ejemplos palpables de esta degradación de la sociedad están en instituciones como el IESS y los contratos de adquisición de mascarillas, en el Sistema de Salud Pública y los escándalos por la compra de las pruebas para el Covid-19  y su comercialización, la compra de fundas para las personas fallecidas, los kits de alimentos de la Secretaria de Gestión de Riesgos  por citar algunos, que han salido a la luz pública gracias a las denuncias ciudadanas. 

La repulsa social se está elevando, la indignación del pueblo toma cuerpo, la organización de la sociedad ha comenzado a auto-convocarse. La desestabilización marcha de la mano de la insubordinación e insurrección ciudadana, mientras una estructura timorata de gobierno sin capacidad de maniobra y con complicidad ante la inacción de los actos de corrupción y la protección de sus funcionarios responsables, generan el escenario propicio para pedir al gobierno que demita o se atenga a las consecuencias.

Los días del Ejecutivo están contados, los actos de corrupción de sus leales compañeros de partido, han ido clavando puñaladas permanentemente en su credibilidad y aceptación. Lo que le pone en una débil posición político-administrativa y la deplorable imagen internacional de un Estado Fallido. Las funciones de control que están en la Constitución solo han cumplido el papel de observadores, con una venda en los ojos, para permitir más corrupción y garantizar la impunidad de los malhechores.