Diana Atamaint recibe una queja electoral por su posible inacción en el caso Arroz Verde

La demandante es Gina Gómez. Ella asegura que la Presidenta del CNE no ha avanzado con las investigaciones dispuestas en una resolución del Pleno, de mayo pasado. Si la demanda es admitida y hallada culpable… puede ser destituida.

El primero de noviembre ingresó al Tribunal Contencioso Electoral una queja contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. Esta tiene cinco páginas y está firmada por la jurista Gina Gómez De La Torre.

La queja tiene varios reparos a la actuación de Atamaint, específicamente en relación con el caso Arroz Verde. Esta es la investigación periodística y luego judicial de los supuestos sobornos que recibió Alianza PAIS en las campañas electorales desde el 2012 hasta el 2016. Todo sería a cambio de obtener contratos estatales.

El caso en la Justicia avanza pese a que el correísmo ha intentado demorar el caso con incidentes procesales. Incluso, intentaron sacar del proceso a la jueza suprema, Daniella Camacho. Sin embargo, ya está a punto de pasar a una nueva etapa. Que ya sería la de juzgamiento de los implicados, donde están Rafael Correa, Jorge Glas, Walter Solis, Vinicio Alvarado y otros más.

La demandante asegura que por la falta de cumplimiento de la fiscalización desde el CNE del caso Arroz Verde se estarían vulnerando derechos constitucionales directamente relacionados con el sufragio, su equidad y transparencia.

Además, en la demanda, a la que accedió este portal, se hace una advertencia sobre la inacción del CNE: “La defensa de los procesados en el caso ‘Sobornos’ está apoyándose en la falta de pronunciamiento del CNE para alegar que no existen irregularidades electorales comprobadas. El CNE debe pronunciarse, bien certificando la existencia de irregularidades o bien negándolas, de esta manera permitiendo que la justicia pueda llegar a un veredicto tomando en cuenta una verificación técnica de la autoridad electoral de los indicios revelados en el caso Arroz Verde vinculado al caso ‘Sobornos’”.

Gómez también se refiere al supuesto incumplimiento de la Resolución No. PLE-CNE-3-8-5-2019. Esta recoge la decisión del Pleno para investigar sobre varios aspectos relacionados con el caso Arroz Verde.

Por ejemplo, qué acciones de control de financiamiento se adoptaron desde 2012 hasta el 2016. También un examen del contenido de la publicación del portal Mil Hojas y La Fuente, que dio a conocer el caso, para revisar las actuaciones del CNE sobre los detalles. En especial, si hay indicios de delitos para una posible denuncia del CNE en la Fiscalía; y determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales por acción u omisión de funcionarios del CNE a cargo del control electoral.

Asimismo, el Pleno del CNE resolvió un análisis integral de la contabilidad de PAIS desde el 2012 hasta el 2016. Este debía incluir lista actualizada de donantes, aportes de todo tipo, proveedores, gastos, cuentas bancarias, gastos ordinarios…

En la denuncia, Gina Gómez asegura que “hasta la fecha no se han completado la totalidad de las tareas, ni siquiera completado parcialmente las mismas, no se ha remitido a las consejerías ningún informe”. Y sigue: esto “genera un claro agravio al sistema de justicia y al interés nacional relacionado con el proceso actualmente en curso por el caso ‘Sobornos’”.

Adjunta además escritos de prensa sobre que dos consejeros, Enrique Pita y Luis Verdesoto, han hallado posibles irregularidades en la campaña de PAIS. Todo sin que el Pleno se pronuncie.

La presidenta Atamaint fue consultada sobre la acción de queja en su contra, que, si es hallada culpable, puede ser sancionada con destitución. Pero no respondió porque está fuera del país.

No obstante, desde la Dirección Nacional Jurídica, Fiscalización y la Secretaría General sí respondieron. La denuncia de Gómez todavía no es notificada a la Presidenta Atamaint, por lo que no ha presentado descargos. 

Informaron que: “las infracciones electorales las conoce y resuelve el Tribunal Contencioso Electoral, la acción para denunciar estas infracciones prescriben en dos años, de acuerdo al Art. 304 del Código de la Democracia”. El CNE, dicen, ha brindado todas las facilidades a la Fiscalía General, Contraloría y a la Asamblea Nacional, y han atendido todos los requerimientos de información que le han sido solicitados. Han resuelto 36 solicitudes atendidas únicamente por la Dirección de Fiscalización, desde abril de este año; 10 de Fiscalía, siete de la Asamblea, ocho de Contraloría y 11 de otros solicitantes. “Por tanto, el CNE rechaza que se quiera confundir a la ciudadanía hablando de una inacción”, escribieron.

Además, aseguran que luego de la resolución de mayo se han elaborado informes que todavía no se han puesto en conocimiento del Pleno ya que existen observaciones por parte de los miembros de la Comisión de Supervisión designada por el Pleno.

Asimismo, la Dirección de Fiscalización ha presentado tres informes preliminares, los cuales han recibido observaciones y “en la actualidad existe el informe final que está en manos de la Comisión de Supervisión, que deberá verificar el cumplimiento de los parámetros que resolvió el Pleno”. Finalmente, la Comisión de Supervisión de la investigación prevé en los próximos días poner en consideración el informe de Fiscalización, como de la Dirección Jurídica, respecto al caso Arroz Verde. Pero no hay fecha en firme, cuando ya han pasado seis meses.