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Una vela que nunca se prendió

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La vela que apagó el último sábado la Asamblea Nacional fue mortecina, símbolo de la mayoría que soslayó legislación para generar empleo, seguridad, bienestar nacional.

Foto: Flickr Asamblea Nacional

La mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional celebraron con opacidad su primer año de cuatro posibles, sin pena ni gloria, envueltos en turbulencias acciones para intentar el fortalecimiento de cimientos de impunidad para cabecillas sentenciados y procesados por malversaciones a la caja fiscal cuando fueron gobierno.

Son los mantienen la estructura administrativa en diferentes funciones del Estado, pero, a estas alturas, les paree insuficiente por ausencia de mandos que les son imperativos para lavar su rostro manchado con oprobiosas gestiones públicas en10 años gubernamentales.

Son parte del lisonjeo de que en el primer año de actividades ingresaron el 94% de 219 proyectos de ley, de los que habrían aprobado 28, aunque 13 fueron heredades del anterior período, de las cuales poco o ninguna incidencia han tenido en los clamores nacionales de inversión, empleo, inseguridad, luchar contra la corrupción, deterioro del ambiente, por ejemplo.

Más bien han hecho algarabía por aprobar más de un centenar de acuerdos y resoluciones insípidas para el estado de crisis nacional; sin embargo, lo más notorio ha sido el desgrane legislativo, siendo beneficiarios objetivos y propósitos de la primera minoría, empeñada en imponer una agenda que perpetúe la impunidad para sus orquestadores de delitos contra el erario nacional.

Por ello, en el primer año, parece que no tenido interés por conocer la prescripción constitucional de que ser asambleista es una función pública al servicio del país, que debe actuar con sentido nacional, premisas que también deben conjugar los representantes de las otras Funciones del Estado.

El deplorable balance de la legislatura, es consecuencia de la endeble legislación de movimientos y partidos políticos como la electoral, que ha permitido entrar en escenas políticas a personajes escasos de principios ideológicos y principios éticos, por solo exigir membretes de “adherentes o simpatizantes” de partidos y movimientos para ser candidatos a dignidades de elección popular.

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A ello adiciona la endeble autoridad electoral que no exige a partidos y movimientos formar a sus adherentes y simpatizantes “para el ejercicio de funciones públicas en cualquier nivel de gobierno”, como prescribe el fútil Código de la Democracia.

El avieso sistema de organizaciones políticas que, por ejemplo, permite a interesados grupos “alquilar” movimientos que devienen en plataformas electorales con ideología y ética difusas, del cual surgió, por ejemplo, la primera minoría instalada en la Asamblea.

Así se entiende la brega de dicha minoría para tratar de adicionar adherentes a sus causas, como intentar controlar la Asamblea Nacional y otras instituciones del Estado, desplazando a sus dignatarios de sus funciones con diferentes artificios, manías valoradas, por algunos sectores, como conducentes a poner en riesgo la institucionalidad del Ecuador.

Tales movimientos determinan drásticas percepciones ciudadanas: la Asamblea Nacional solo cuenta, en promedio, con el 10% de “aprobación pública”, según encuestadoras, no solo por las interesadas controversias intestinas, sino por ser notoria la decisión mayoritaria de conceder amnistía a sujetos relacionados con delitos comunes, establecer aumento de sueldos a docentes sin financiamiento y atentar contra la vida de ciudadanos desde su concepción, por ejemplo.

También son magros los conocimientos de los asambleistas de su legislación institucional, como describe en un medio impreso la exsecretaria de la Asamblea, Libia Ribas: “Veo omisiones en el ejercicio de las atribuciones de la Asamblea, tanto en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como en el derecho parlamentario; así, por ejemplo, tienen complicaciones para presentar adecuadamente las mociones. Tienen errores al momento de tomar las votaciones respecto de las mociones de reconsideración y rectificación”.

Adicionan el desconocimiento de los alcances de la inmunidad parlamentaria. Aunque la Constitución omite la frase, expresa que los asambleistas “gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional”.

Pese ello, los desbarajustes internos pretenden resolverlos con actuaciones judiciales, con comisiones ad-hoc o de ética. Para colmo, un juez superior ha identificado su inutilidad, al pedir permiso, a la Asamblea, para procesar a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización por un acto parlamentario.

No es irreverente considerar que una Asamblea de tales características está demás. La endeble Constitución lo permite, como también nueva normativa para que partidos y movimientos postulen personas competentes, vinculadas a la realidad nacional, a fin de continuar viendo anuncios de que “se buscan candidatos” a través de medios de comunicación convencionales e informáticos.

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