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Las alertas se encienden por la evolución de las pretensiones de los transportistas, acostumbrados a la acumulación con dinero de los contribuyentes, del Estado.

Foto: César Muñoz – API

Los movimientos ya se dieron en el epílogo del gobierno anterior y se reactivaron con la asunción del nuevo, el objetivo: congelar para los transportistas los precios de los combustibles; es decir, que a más de los pasajes, también quieren adosar dinero de los contribuyentes al fisco; para lograrlo, se han “inventado” la “reducción de la jornada laboral” y lograr que, disimuladamente, le acolite facción de la CONAIE, en Cotopaxi, el 11 del corriente.

Con sus movimientos, los transportistas, fieles a las “teorías” de quien gobernó entre el 2007 y 2017, chuscamente han generado “nuevos” preceptos económicos, como aquello de no salir a trabajar porque no tienen dinero, cuando es corriente que la ausencia de circulante invita a trabajar, a ser activo para conseguirlo, para activar bienestar.

Los novedosos teoréticos han tratado de complementar su manifiesta disociación con las angustias sanitarias de la población reduciendo su “jornada laboral”, como si fuesen empleados de los sectores público y privado, cuando son prestadores de servicio de transporte sobre la base de reglas específicas.

Por ello, su total y parcial inactividad mostradas en Quito y Guayaquil les hace reos de lo prescrito en el numeral 15 del Art. 326 de la Constitución que “prohíbe la paralización de los servicios públicos de (…) transportación pública”, transgresión que debe activar a la justicia para actuar en los términos correspondientes, no solo por contravenir la norma, sino por haber conspirado, gravemente, contra la emergencia sanitaria.

Es que mientras el sector público redobla esfuerzos por detener los avances de la COVID-19, las acciones de los transportistas tienen relación con estimular contagios, porque el grueso de la población se abarrotó, encontrando múltiples formas para movilizarse a sus sitios de trabajo, salvando normas de prevención sanitaria, porque ella sí sabe que para obtener dinero hay que trabajar, no quedarse en casa, como los transportistas que pretenden que los contribuyentes continúen alimentándoles sus canonjías que reciben desde hace casi 46 años, como “subsidio” a combustibles.

Una causa legal está ingresada en Guayaquil, la que debe ser sustanciada valorando no solo las infracciones legales, sino las sanitarias con sus efectos letales, cuando no los esfuerzos económico-sociales de los pobladores para movilizarse a sus destinos de trabajo y recogerse a sus hogares, al término de la jornada.

Acumulación fácil

La historia del “servicio” que prestan los transportistas dice relación con procesos fáciles de acumulación, porque sus ingresos no solo llegan desde los pasajeros, lo que es legal y legítimo por la prestación del servicio, sino también desde exenciones arancelarias para las unidades de operación, el citado “subsidio” y la exclusividad de sus plazas de operación, cuyas pretensiones monopolistas son vedadas por la Constitución (Art. 335) y la ley.

Ciertamente que el sector fortaleció beneficios en el correato con el que tuvo manifiesta identidad en coliseos y otros albergues, por lo que algunos de sus dirigentes tuvieron cobijo político para llegar a dignidades de elección popular y fueron parte de los “alza manos” que transformaron en ley toda propuesta ejecutiva.

Sus últimas pretensiones, configuradas en el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hablan de su visión monopolista, segregacionista, de su añorado centralismo en la administración del transporte público y comercial, vetadas por contravenir la Constitución y la ley, pero se espera que la Asamblea no sucumba a eventuales concurrencias de dádivas.

El veto rechaza pretensiones taxistas de vedar la libertad de trabajo; que las cooperativas atenten contra la libre asociación, el desconocimiento de la descentralización administrativa del Estado; por ello, la Asamblea debe convalidar el pronunciamiento gubernamental, hacer lo contrario desatará alarmas sobre la probidad constitucional y legal de ella.

Mezquino proteccionismo

A estas alturas del desarrollo de la humanidad, donde en otras partes del planeta no existen controversias sobre el transporte público, porque sus actores económicos concentran atención en mejorar servicios con tecnología, eficiencia y calidad, en el Ecuador subsisten obsoletas teorías proteccionistas, que la ONU dio pábulo el 25 de febrero de 1948, con la creación de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, consecuente con otros momentos históricos.

La subsistencia del proteccionismo parecería corroborar que el Ecuador ha caminado lento, lentísimo en su desarrollo económico y social, especialmente en transporte, aunque ya se ve a artesanos, micro, pequeños, medianos, grandes industriales, comerciantes, agricultores y prestadores de servicios, conjugando ideas de competitividad internacional.

Por ello luce chusco el argumento de “reducir la jornada laboral”, porque ahora no tienen ingresos similares a los de antes de la pandemia, porque entonces transportaban 700 pasajeros y ahora 400, como si solo ellos hubiesen sido afectados en sus ingresos y no también otros actores de la economía, no pocos de los cuales, lamentablemente, dejaron de operar, reduciendo plazas de trabajo.Innúmeros son los actores económicos con problemas de liquidez, pero se mantienen activos con estoicismo, al ver signos de luz en el horizonte por coherencia en las políticas sanitarias que todo el Ecuador y el planeta esperan se cumplan, sincerando también a la economía, en beneficio de la humanidad.

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