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Subsidios y corrupción afectan la gobernabilidad

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Los candidatos presidenciales y legislativos para el 2021 deben acometer acciones alrededor de subsidios y la corrupción para sustentar cuentas fiscales y gobernabilidad.

Foto: Daniel Molineros – API

En medio de la incertidumbre, los retos de los nuevos administradores-gobernantes que pujan por serlo desde el 24 de mayo del 2021, son casi los mismos que a lo largo de la historia ecuatoriana, poquísimas veces y por breve lapso, han materializado: ética, transparencia, bienestar para la sociedad.

Hace casi 177 años Vicente Rocafuerte estableció que “el objeto del gobierno no es otro que la virtud, la libertad, la seguridad y la felicidad de la sociedad”, porque en la virtud está la honradez, la honestidad, la justicia, la integridad, la probidad, la dignidad, valores, desde hace mucho tiempo, reñidos en la práctica política ecuatoriana.

Como la libertad para desarrollar iniciativas de prosperidad y bienestar sobre la base de normas acordes con la promoción y aliento de producción, trabajo y bienestar, imposibles sin enlazarse con la seguridad, que redunda con la certidumbre, la confianza, la tranquilidad, la garantía, y la felicidad de la sociedad, que se asimila al bienestar individual y colectivo de estos tiempos. Los elementos descritos por Rocafuerte se anhelan en el Ecuador de hoy que se debate en incertidumbre política, económica y social por la institucionalización de la pobreza y la corrupción.

Las precandidaturas presidenciales, hasta hoy exhibidas, son tímidas respecto al objeto del gobierno descrito por Rocafuerte y reafirman sus egos en desmedro de la urgencia ecuatoriana de unidad diseñando y materializando políticas de Estado para salir del atolladero económico y social, heredado de los administradores-gobernantes que durante 14 años riñeron con la virtud descrita, dilapidando la caja fiscal, al amparo de normativas acomodadas para rapiñar de diferentes formas, destruyendo la seguridad y la felicidad de la sociedad.

Clientelismo electoral 

Si las atrocidades de los últimos 14 años están llevando a tocar fondo al Ecuador, pertinente es recordar que la pobreza fue institucionalizada con la novelería latinoamericana del bono de pobreza para grupos marginales, eufemísticamente ahora denominado bono de desarrollo humano, devenida en arma clientelar-electoral.

El bono es un subsidio, y como tal tiene temporalidad, pero como los combustibles que rebasaron 45 años, este ya tiene 20 años, sin que los administradores gubernamentales realicen mínimos esfuerzos para mutarlo, organizando a los beneficiarios, según sus habilidades, para integrarlos a cadenas productivas y de servicios, revirtiendo el creciente desempleo. La inmensa burocracia gubernamental relacionada con el bono es indolente con la realidad, por lo que es sarcástico que se retraten como servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social y afines.

Los aspirantes presidenciales y legislativos tienen que valorar seriamente este subsidio cercano a los USD 1 000 millones, de lo contrario este segmento social que en algún momento el correísmo lo subió a dos millones de beneficiarios, duplicando el valor que salen de la caja fiscal, pasarán incólumes esperando la próxima campaña electoral, porque saben que en ella habrá baratillo de ofertas para incrementarlo. Hay opiniones de que otro remedio para evitar la manipulación política del segmento sería limitar la participación electoral de los beneficiarios del bono.

Nuevos ricos

Si la institucionalización de la pobreza es importante instrumento de sobrevivencia política-electoral, otro es la institucionalización de la corrupción, que Rocafuerte englobó en la virtud después de que el gobierno y congreso de su predecesor gobernaron “apoyados en la fuerza de las armas y en la inmoralidad de un Congreso corrompido (…), de empleados serviles, de monopolistas empeñados en la continuación del agiotaje que (…) han derrotado la Constitución y destruido todas las garantías sociales”, similar al período iniciado 177 años después, con cuyos recursos se estaría consolidando una poderosa “delincuencia organizada”.

Por ello no solo se puede hablar de lavado de dinero por drogas, sino también nuevos grupos de poder económico y en la proximidad electoral se muestran activos en redes sociales, condenando la corrupción, con el escaparate de “yo soy correísta”. El blanco es el  “gobierno traidor”, en cuyo sistema hospitalario se cometen fechorías, pero investigaciones divulgadas revelan que los inculpados serían sus adláteres con quienes “trabajaron” desde el 2007 y han permanecido incrustados en la administración que poco o nada realiza para sanearlos pese a ser de conocimiento público.

Es que desde el 2007 el Ecuador volvió a ser escenario de los gobiernos de las “argollas”, coloquialismo utilizado para referirse a círculos políticos cerrados que han rotado en diferentes funciones de gobierno, como los que el país vivió en casi todo el último cuarto del siglo XIX, último depuesto por la revolución liberal de 1895, en la que el periodismo de investigación también fue protagonista, cuyo símbolo fue Luciano Coral Morillo con sus mordaces denuncias del alquiler de la bandera ecuatoriana a Chile para la venta de un navío de guerra a Japón.

La concentración de poder de la “gallada” o “argolla” desde el 2007 se mantuvo hasta entrado el gobierno que cesa y no es extraño que aún se mantenga en algunos espacios de poder, por lo que no sería extraño que bulle la corrupción hasta el último día de gestión del actual administrador.

Penuria nacional

Si los administradores gubernamentales no hubiesen vaciado la caja fiscal, si hubiese habido manejo eficiente de las empresas e institutos estatales, el Ecuador no estaría padeciendo las penurias actuales como el cese de pago de sueldos a médicos y profesores, pensiones jubilares, su décimo cuarto sueldo y otros. Se afirma que se llevaron más de USD 70 000 millones, dos veces el presupuesto inicial de este año. La corrupción es gran penuria nacional, pero es sarcástico que autores, cómplices y encubridores reclamen derechos humanos, cuando en la práctica cometieron delitos de lesa Patria; es decir, afectaron a todo el país, por lo que merecen ser sancionados con el máximo rigor, desde la pérdida de derechos de participación de por vida hasta la devolución de todo lo traficado, incluyendo sus bienes patrimoniales, por ser parias de la sociedad. Las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial tienen que llenarse de virtud para sancionar y desterrar esta falacia  política. 

Confianza y credibilidad 

Si el nuevo administrador-gobernante del Ecuador, a ser elegido, solo actuara saneando esas dos perniciosas institucionalizaciones, estaría trabajando por “la felicidad de la sociedad” postergada desde hace mucho tiempo, devolvería la confianza para la apertura de nuevas unidades productivas, ampliar las existentes y reiniciar las cesadas por el forzado paro de la pandemia, restableciendo oportunidades de trabajo, regresarían flujos a la caja fiscal que debe tener ahorro para servir la abultada deuda pública, reorientar recursos para impulsar obras necesarias, mejores y a precios justos, restableciendo la credibilidad.

Se espera que al menos un candidato presente un plan de trabajo orientado a reactivar seriamente el país, porque demagógicos se escuchan desde hace rato, como el recaudatorio, de imposición de impuestos a diestra y siniestra. Las elecciones serán convocadas por el cuestionado CNE el 17 de septiembre y desde entonces hay que leer detenidamente las propuestas para optar por la que determine rumbos de bienestar para el país.

Son 96 organizaciones habilitadas para participar en los comicios, de las casi 280  registradas en el CNE: 14 nacionales y 72 provinciales. Posiblemente varias de ellas realicen alianzas para las presidenciales y legislativas, pero no hay que dejar de lado a las casi 180 cantonales y parroquiales que buscarán protagonismo, generalmente a cambio de espacios de poder en la burocracia, su razón de ser.

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