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¿Revive Chucky Seven?

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Chucky Seven, el íntimo judicial del expresidente Correa, habría revivido en el Tribunal Contencioso Electoral, donde también registraría otro récord en la elaboración del fallo de destitución de cuatro miembros del CNE.

Foto: Daniel Molineros – API

Las piruetas en la aplicación taxativa del Código de la Democracia, del Reglamento de Democracia Interna por el Consejo Nacional Electoral, CNE, agitan tensiones en el proceso electoral de primera vuelta de elección presidencial, de legisladores nacionales y parlamentarios andinos, los que no cesarían en lo que resta del proceso.

La batahola legal que envuelve al proceso electoral, sumó otro ingrediente que el miércoles último tensionó el ambiente político, cuando un miembro del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, decidió destituir a Diana Atamaín, Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, a quienes adicionó multa de USD 28 000 y la pérdida de derechos políticos durante cuatro años, y que el organismo cuelgue una leyenda, en su página web, por sesenta días, pidiendo disculpas públicas por la “conducta antijurídica” de los sancionados.

Chucky Seven

Tal conducta no solo parece ser patrimonio de los miembros del CNE, alcanzarían al TCE al tenor del fallo del juez Ángel Torres, que ha derivado suspicacias, como posible desconocimiento del Código de la Democracia reformado, probable relación partidaria política que habría revivido el protagonismo de Chuky Seven (pen drive) utilizado por la justicia correísta, que en tiempo récord falló contra los ejecutivos de diario El Universo en el 2011, ordenando indemnización a Correa con USD 40 millones por “afectar su honor” con la publicación del artículo titulado “NO a las mentiras”, el que arguyó que “un nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción  y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, elemento sustantivo del caso 30S, reabierto para determinar responsables específicos.

¿Por qué la evocación? Porque aquel juez temporal, Juan Paredes, utilizó tres días para leer más de 5 000 fojas y elaborar su dictamen de 150 páginas, que asemeja a lo recientemente expresado por el consejero del CNE, José Cabrera, quien ha considerado “admirable” que “en menos de 24 horas el magistrado (Torres) haya emitido una sentencia de 75 páginas, un día después de la audiencia de pruebas y alegatos que se extendió por cerca de seis horas”.

Entonces, el abogado de “El Universo” pidió una pericia técnica internacional para probar su sospecha de que el dictamen no se elaboró en la oficina del juez, la que fue certificada por un especialista del Consejo de la Judicatura, quien, por corroborarlo, fue despedido; ¿ha revivido Chicky Seven?

Al margen de eventuales diligencias técnicas, el abogado de la Presidenta del CNE ha dicho que solicitará aclaración y ampliación de la sentencia a Torres, a la que también considera “oscura e inmotivada”, tras lo cual recurrirá a la apelación.

Crucial sería encontrar en una de las 75 páginas del fallo, como motivación, la resolución de la Contraloría General del Estado que dispuso al CNE no registrar a Justicia Social, y otros dos colectivos, como organización política, porque las firmas de respaldo no fueron consecuentes con la legalidad exigida.

El CNE no dio curso a la resolución de la Contraloría, bajo el prurito de derecho de participación ciudadana, pese a no haber cumplido el requisito legal, generando controversias jurídico-políticas que han llevado a la situación actual. Álvaro Noboa se desmarcó del proceso electoral, pero retornó cuando terminó el plazo para la selección de candidatos en procesos de democracia interna, lo que legalmente le excluyó de la carrera electoral. Justicia Social tiene otras controversias que alcanzan a su principal dirigente, por posible lavado de dinero, como haberse determinado ser esposo de una de las sentenciadas en el caso Sobornos, en el que también está penado el expresidente Correa y parte de su gabinete.

¿Leyó la ley?

Un juez, por propia naturaleza de su desempeño debe tener relación con legislación vinculada a su trabajo; en el caso, con el Código de la Democracia y sus reformas; pero alarma que para la emisión del fallo contra los cuatro consejeros del CNE probable es que se le habría caído el segundo acápite del cuarto inciso del numeral 3 del Art. 270, reformado, del citado Código, el que taxativamente dice: “No podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral”.

El primer acápite del citado inciso establece que “el servidor electoral, en caso de ser declarado responsable, de acuerdo con la gravedad de la falta, será sancionado con multa desde uno hasta treinta salarios básicos unificados y/o con la suspensión de los derechos de participación hasta por dos años y/o la destitución del cargo”.

La norma no deja dudas, ni da lugar a interpretación, por lo que es probable que el segundo acápite constante en el texto publicado el 3 de febrero de 2020, en el Registro Oficial No. 134, bajo el título de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, podría haber sido ignorado por el presunto Chucky Seven, lo que ha llevado a resaltar al consejero Cabrera: “admirable” que “en menos de 24 horas el magistrado haya emitido una sentencia de 75 páginas, un día después de la audiencia de pruebas y alegatos que se extendió por cerca de seis horas”. ¿El texto no fue leído por Torres?

Medidas provisionales

Y mientras el incidente legal sigue su curso, el caso de Justicia Social ha llegado a conocimiento de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo jefe dice que ha comunicado al “Estado parte” (el Ecuador), que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de 30 de octubre de 2020 permitiéndose que el Sr. Álvaro Noboa Pontón sea inscrito como candidato de Justicia Social a las elecciones presidenciales previstas en febrero de 2021”.

Añade que “se ha rogado al Estado parte que haga llegar cualquieras observaciones con relación a la solicitud de medidas provisionales antes del 8 de febrero de 2021”. Si habla de “medidas provisionales”, quiere decir temporales, efímeras, momentáneas, por lo que la vista de la Subdivisión no es definitiva, por lo que bien podría la Contraloría remitir copia certificada de la documentación conteniendo las razones que le llevaron a disponer el no registro, en el CNE, de Justicia Social como movimiento u organización política.

Es claro que este incidente electoral no se habría producido si el CNE acataba la resolución de la Contraloría General del Estado en el momento específico, como tampoco se habrían producido los relacionados con el binomio Aráuz-Rabascall si aplicaba las taxativas disposiciones del Reglamento de Democracia Interna, porque inicialmente el binomio Aráuz-Correa nunca llegó a registrar las precandidaturas como dispone el Reglamento de Democracia Interna.Así, el proceso electoral, la denominada reafirmación democrática, la fiesta democrática, continúa enrevesado, con dramas que semejan telenovelas, cuyos protagonistas principales serían organizadores y jueces electorales y ciertos candidatos que han forzado llegar a la papeleta por sinuosos caminos; mientras tanto, el Ecuador sufre y ansía derroteros de seguridad jurídica-política, para propiciar inversión, producción, trabajo, bienestar.

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