Responsabilidades compartidas
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El deleznable sistema de justicia imperante refleja la colusión de “políticos” corruptos con seguidores que subsisten; son las huellas de mayo y julio del 2011.
El 7 de mayo de 2011, un tropel de electores, embaucado por el sistema propagandístico de los enmascarados de la “revolución ciudadana”, respondió sí a la pregunta de “¿Está de acuerdo en sustituir el actual pleno de la Judicatura por un Consejo de la judicatura de Transición, conformado por tres miembros elegidos, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?”.
En los 18 meses siguientes al 13 de julio de ese año, después de que promulgaron las 10 preguntas consultadas, el Consejo Transitorio, con credenciales sospechosas, integrado por incondicionales al gobierno, plasmaron la ansiedad proclamada el 25 de enero: meter las manos en la justicia.
Así comenzó la construcción del sistema de operadores de justicia que hoy sacude la conciencia ciudadana. Dicho Consejo integró una Corte Nacional a la medida gubernamental, sumiendo a ficción aquello de independencia de poderes del Estado, por lo que no dudó en salvar las reglas de méritos, al regalar puntos a quienes no los merecían, pero estaba determinado que los recibieran.
Los registros históricos refieren que se construyó el estamento judicial conforme los libretos de las sabatinas, el que se mantiene mayoritariamente y parece actuar en connivencia con litigantes cuando les llega casos relacionados con dicha estructura nominadora, como el del reo exvicepresidente y otros.
El Consejo Transitorio designó 171 jueces y conjueces, mientras el presidido por Gustavo Jalkh 1.872, refieren los registros. Serían 2.043 operadores judiciales que serían colchones sobre los que alegremente rebotan casos de sindicados por presuntos negociados con bienes del Estado y otros relacionados.
En contraste a ciertas opiniones, los jueces “seleccionados” tendrían presente las facultades previstas en la Constitución y los fallos de la Corte Constitucional y se articulan con sujetos de la misma especie que fungen de funcionarios gubernamentales para cumplir objetivos emanados desde México o Bélgica.
A los presuntos conniventes no impactan “sanciones garantistas”, por lo que la fiscal general, a mediados del mes último, exclamó que el país no puede seguir siendo escenario donde las “mafias, los intereses protervos o las componendas se impongan sobre el estado de derecho”.
La reacción fiscal resumió las conjeturas ciudadanas sobre tales connivencias y del presunto pacto político gubernamental con el movimiento político del reo Jorge Glas, quien obtuvo habeas corpus por un presunto calamitoso cuadro de salud, pero al salir del presidio demostró vigor playero.
Esta liberación, seguida de dos más por delitos comunes conmovió al país, pero como respuesta los representantes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, se limitaron a pedir a la Corte Constitucional “aclare el alcance y delimite” el habeas corpus, con tácita evidencia de su desconocimiento de los fallos de esta, del contenido del Art. 436 de la Constitución.
El entresijo motivó la reacción del expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, quien evocó el fallo sobre el caso 365-18-JH, de 24 de marzo de 2021, que analizó la concesión del habeas corpus para la protección de la integridad personal frente a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros carcelarios, y determinó que los jueces podrán otorgar el beneficio a personas privadas de la libertad con condenas por delitos que “no revistan de gravedad, no generen riesgos potenciales, daños a víctimas por violencia de género, o no provoquen conmoción social”.
“En el caso de (Jorge) Glas, o cualquier otro caso de estos que han cometido atracos al Estado, dijo a un rotativo, son delitos de la administración pública que no prescriben. Ese es delito grave. El narcotráfico es grave. El juez que le dio el habeas corpus dice que se ha basado en el derecho. ¿Qué derecho? Él no se ha basado en nada (…). Otra condición es la conmoción social, la que pasó con (Jorge) Glas o (Junior) Roldán, ¿no generó conmoción en el país? Los delitos contra la administración del Estado son gravísimos, al igual que los temas de narcotráfico” y asesinatos.
La primera minoría de la Asamblea Nacional celebró la liberación de Glas, guardó silencio sobre los otros. El gobierno se enardeció. La apelación sobre el beneficio a Glas demora. Se explica lo de la fiscal general. Aquella minoría, con sus aliados, camina por más objetivos. No descarta el control legislativo y otros estamentos estatales. ¿Gobierno y otros actores políticos y sociales lo permitirán? Después de sus dubitaciones, el presidente asegura, ahora, estar listo para activar la “muerte cruzada”.
