Rendición de cuentas

Ninguna persona está exenta de responsabilidad, menos quien ejerce o ejerció funciones públicas en sus diferentes niveles. Cuando están de por medio fondos públicos, están obligados a rendir cuentas ante la sociedad y la justicia.

Parece que calculada y prematuramente los gobernantes y cogobernantes del 2007 al 2017 son presas de Alzheimer, porque no recuerdan su “deslumbrante” Constitución del 2008 que imperativamente manda (83.8): “Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”.

Cuando saborearon las mieles del poder político rindieron cuentas a la sociedad y a la autoridad según sus conveniencias, no conforme a la Constitución y la ley, por ello desde entonces y desde que dejaron de serlo, investigaciones, esencialmente periodísticas, han puesto en conocimiento público lo la forma cómo realmente fue administrado el estado, derivando que algunos casos ya hayan llegado a instancias judiciales.

Sí, en el ejercicio del poder no cesaron de perorar, para perseguir a quienes pensaban diferente, que todos los ciudadanos estaban obligados a cumplir los mandatos de la Constitución “aprobada”, por ellos, en Montecristi; pero hoy, cuando se trata de rendir, realmente, cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo a la ley, no cesan de montan todo tipo de trabas para dilatar casos que procesa la autoridad judicial, de acuerdo a la ley.

En el caso “sobornos 2012-2016” o “arroz verde”, Rafael Correa y su defensa  han ensayado todo tipo de incidente procesal, llegando a la recusación de jueces sobre la base de normas procesales inexistentes, cuando no con viajes y/o enfermedades de los procuradores.

Durante sus investigaciones preprocesales sobre el caso, la fiscalía ha determinado “una estructura criminal” que operó al interior del gobierno entre 2012 y 2016, conformada por funcionarios y empresarios, pero en la etapa de descargos, los sindicados no han mostrado pruebas fehacientes para alegar su inocencia.

El solitario descargo de Correa fue presentar a la exsuperintendente de Compañías, Suad Mansur, quien ha corroborado la versión de que existió un “fondo de solidaridad” en la Presidencia en dicho lapso y que ella fue aportante de USD 300, dividido en tres partes. ¿Camuflaje? Los jueces sabrán valorar el testimonio de Manzur, cesada en julio de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, por “falta de probidad”.

Alexis Mera arremetió contra Pamela Martínez, la que habría recibido USD 20 000 de Equitesa y USD 400 0000 de Odebrecht cuando integró la Corte Constitucional, ¿A modo de revancha contra la “traidora”?, lo que no desvanece su presunta vinculación con el caso Sobornos, pero probablemente procuró distraer el curso del mismo, y ha sugerido indicios para abrir otra causa contra la también exasesora presidencial y “cooperadora eficaz” en el caso que se ventila.

Viviana Bonilla ha dejado abiertas conjeturas sobre su idónea personalidad y grado de responsabilidad en el cumplimiento de funciones públicas, al presuntamente desconocer el origen de recursos que financiaron su campaña electoral para la alcaldía de Guayaquil en 2013 y 2014. Terrible nivel de confesada responsabilidad, pero sugiere que nunca le importó el origen del dinero, bien o mal habido, sino que llegue  para su objetivo político, a como dé lugar. Otra arista procesal en ciernes, porque fue Gobernadora del Guayas y es Asambleísta.

Con alzhéimer, quemeimportistas, los involucrados parecen estar en aprietos. Aunque ahora tendrían capacidad de maniobra en su nueva cuna salvadora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los jueces ecuatorianos no pueden ignorar la vigencia de disposiciones, imperativas, constitucionales, de responsabilidad ciudadana en general, y de autoridades en particular, contenidas en el Art. 83.

Numeral 2: Ama killa, ama hulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.

Numeral 7: Promover el bien común y anteponer el interés  general al interés particular, conforme al buen vivir.

Numeral 8: Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio político y denunciar y combatir los actos de corrupción.