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Desconcierto político

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Desconcierto político provocó la inesperada abstención del correísmo sobre el urgente proyecto de reforma tributaria, negando pacto alguno con el gobierno y trastrabillan sobre las razones de su actuación.

Foto: Christian Medina – Flickr Asamblea Nacional.

Desconcertante, por decir lo menos, la posición de la mayoría de la Asamblea Nacional que no aprobó, modificó ni negó el proyecto de Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, remitido, a trámite, como económico urgente en materia económica, por el Ejecutivo.

Que la híbrida mayoría de correístas, socialcristianos y facciones de Pachakutik e Izquierda Democrática, hayan bartoleado sobre el contenido del proyecto durante 30 días de plazo previstos en la Constitución sobre proyectos de este tipo, redobla pensar sobre la incompetencia de los legisladores de UNES, que arguyen haber votado por negar y archivar la iniciativa propuesta.

Más deleznable es que la coordinadora de UNES resuelle que solicitará la declaratoria de inconstitucionalidad a la normativa que entrará en vigencia por efectos del inciso tercero del Art. 140 de la Constitución.

La norma es clara y terminante: “Cuando en el plazo señalado (30 días) la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”.

Los correístas se abstuvieron de negar el proyecto, probablemente demostrando sus incompetencias legislativas, no solo para cumplir sus funciones, sino demostrar raíces reñidas con lectura elemental, más con la relacionada a normatividad y particularmente constitucional.

La locuaz coordinadora de UNES con desparpajo ha aseverado que “su bloque no se abstuvo, sino que no votó sobre la propuesta de Pazmiño” de Pachakutik que mocionó rechazar y archivar el proyecto. Así manipuló las votaciones del bloque, supuestamente “olvidando” que el sistema informático de la Asamblea automáticamente registra abstención cuando no hay impulsos sobre el sí o el no.

Al final, peloteo jurídico-político probablemente mal calculado de la vocera de UNES, porque parece chiflería demandar la normativa por inconstitucional por haber dejado pasar el proyecto por el Ministerio de la Ley

Para que no tengan más chascos como el ocurrido la noche del viernes 26 de noviembre del 2020, sería bueno que la dirigencia de la “robolución ciudadana” destine recursos de su blindada caja fuerte en lectura jurídica y constitucional, en capacitación política a sus legisladores, pese al riesgo que correrían si después de capacitarse se alejan de sus filas, porque podrían tomar conciencia sobre la crítica realidad que heredó al Ecuador el correísmo.

Hasta escribir estas líneas el gobierno guardó silencio, pero ilustrativa es la aseveración del presidente de la Comisión de Fiscalización, que circuló por redes sociales, en el sentido de que “el correísmo intentó negociar el cambio de celda de Jorge Glas por votos para la reforma tributaria, pero el gobierno no cedió. Además, señaló que varios bloques pidieron el control de instituciones estatales, a cambio de apoyo”.

La historia parlamentaria del Ecuador, desde 1830, registra innúmeros artificios como el presente y mucho más, como negociación de uno o más votos para destituir y designar presidentes, vicepresidentes, miembros de funciones del Estado, salvar funcionarios de juicios políticos, no se diga sobre proyectos de leyes, amnistías.

Sin embargo, el gobierno tiene que revelar su posición, en forma transparente, ante lo que ha provocado asombro político nacional e internacional, porque en la conciencia pública es incompatible que se unan el agua y el aceite, como sería el gobierno con el correísmo.

No pocas suspicacias han emergido; los francotiradores de la política mencionan “un pacto del indulto”, llegando a mencionar a Correa como próximo alcalde de Guayaquil, adosado con criterios de presunta “pureza” durante su alegre gestión como administrador del Estado entre el 2007 y 2017.

La expectativa alcanza a la conducta de incondicionales correístas que tomarían en el futuro inmediato, como la dirigencia de la CONAIE empeñada en urdir movilizaciones, como presión para reducir y congelar precios de combustibles fósiles, contradictoriamente, clamando medidas para proteger el ambiente. Su “agenda de lucha” es incompatible con días y semanas de fiesta, por lo que alistan movilizaciones para enero.

En fin, hasta no tener certezas desde el gobierno y de UNES, aparte de que los miembros de estos no están sintonizados con lectura jurídica ni con el sistema informático de la legislatura, sobreviven especulaciones sobre lo ocurrido el viernes.

No pocas conjeturas invitan a mirar eventuales movimientos en la estructura administrativa superior y secundaria gubernamental, en la selección de dignatarios que le corresponde al denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control social, cuando no estar atentos a ciertos decretos ejecutivos y proyectos de leyes.

Si ello está en espera, lo está el nuevo régimen laboral, como las reformas a la Ley de hidrocarburos, pero con los sucesos del viernes 26 de noviembre, el gobierno refrendó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que el fisco recibirá importantes recursos frescos en diciembre y en el 2022 para tratar de equilibrar la caja fiscal y tendrá menos dificultades en realizar negocios con organismos financieros internacionales, sea para nuevos créditos o renegociar deudas en mejores condiciones a las pactadas, pese a lo cual no debe descuidar el frente interno que calentaría las calles con actores inesperados.

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