Reestreno correísta
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Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación extienden los vicios correístas en la formación de la ley, prácticas que podrían caracterizar a sus eventuales gobiernos locales desde el 2023.
Está en marcha el proceso electoral de gobiernos locales para el 5 de febrero de 2023. Pese a la programación de debates, difícil sería escuchar controversias ideológicas y programáticas entre los aspirantes, sea por su escaso nivel político o porque evocarán glosas y antecedentes de irrespeto a la normatividad vigente.
Un aspirante, por ejemplo, a la alcaldía de Quito, tiene glosas, en firme, por $ 34 millones y votó por las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, sumándose a 74 asambleístas que soslayaron reglas elementales del proceso de la formación de la ley; otro va por similar cargo, en Latacunga, imputado por “delincuencia organizada”. Movimientos y postulantes vapulean la ética política, buscan impunidad.
El trámite del citado proyecto refrescó imposiciones desde el palacio de gobierno, ahora desde Bélgica, a “sus legisladores” para cimentar su “proyecto político”, como lo hizo el 14 de junio de 2013, cuando manosearon la Constitución, que juraron respetar y auguraron su vigencia por 300 años, pero los atropellos son consecutivos.
En efecto, la Constitución, promulgada el 20 de octubre del 2008, mandó al “órgano legislativo” aprobar “La ley de comunicación” en 365 días; pero el gobernante remitió un proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, jerárquicamente superior a la ordinaria, que fue aprobada 1.320 días después.
Cuatro barbaridades en la Ley de Comunicación
Más de un centenar de legisladores, entonces motejados, de “alza manos”, condición que parece vigente, burlaron el artículo 426 de la carta política, que prescribe que “todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución”. Lo soslayaron, como el 21 de julio último lo hicieron con legislación secundaria, para aprobar el enrevesado informe de minoría, después de rechazar el de mayoría.
Como el 14 de junio de 2013, el 21 de julio último los “alza manos”, que nuevamente controlan la Asamblea Nacional con mercaderes políticos de Pachakutik, Izquierda Democrática y otros, hicieron gala de exposiciones ridículas, ajenas a prescripciones fundamentales y normativas internacionales sobre periodismo. No hubo debate. Persisten en controvertir la comunicación que es innata al ser humano.
Como hace 9 años, los “alza manos” y adláteres de turno se desataron en festejos por aprobar la legislación represiva contra el ejercicio periodístico. Si entonces fue semanas después del control absoluto del legislativo, esta vez fue posterior a su codicia por la administración institucional.
En el 2013 inmediatamente desataron persecuciones contra el periodismo investigativo y los medios que llenaron páginas y espacios con evidencias de cleptomanía gubernamental, que han sido base de procesos penales y que reflejan parte de la bicoca de $ 70.000 millones que se habrían hecho de la caja fiscal, por lo que varios ya están tras las rejas y otros en fuga. Hoy se espera que el Ejecutivo vete, totalmente, el estrambótico proyecto.
Neoliberalismo, un término, varias interpretaciones
La evocación es sustantiva en la antesala del proceso electoral, porque los votantes no pueden olvidar los inescrupulosos procesos de formación de la ley, que los autodenominados “revolucionarios” repiten cuando tienen como hacerlo. Si llegan a controlar gobiernos seccionales, no se dude que las Ordenanzas no escaparán a esos talantes, particularmente impositivos a factores de producción, por ser adversos a promover inversiones productivas, generadoras de empleo, pero amigables de usufructuar la caja fiscal, que si disminuye presionarán alimentar con onerosas deudas, para restablecer bonanzas ficticias como lo hicieron entre el 2007 y 2017.
En escena están precandidatos para iniciar la carrera electoral; pero se espera que el organismo respectivo los tamice, porque no pocos están lejos de ser propensos a “fortalecer la democracia con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control social”, como establece el Art. 100.4 de la Constitución. No pocos pretenden correr exhibiendo glosas, imputaciones legales, manifiesta incapacidad, asimetrías ideológicas, ansiedad de poder para enriquecerse. La Asamblea Nacional exhibe tales características.
La buena noticia es que el mapa de movimientos y partidos políticos se reducirá. 78 de 278 habilitados quedarían fuera del registro legal, por no realizar “primarias” con supervisión del Consejo Electoral. 130 pretenden concurrir con inusitadas alianzas que hurgan por doquier. Late que regentar una organización política es regentar un activo económico. Se aviva el mercado de alquiler para satisfacer ansiedades figurativas y de poder.
Crónica sobre una Ley de Comunicación: ¿por qué el correísmo quiere que vuelva?
En los electores está la responsabilidad de abolir esos colectivos si desean mejoras en la gestión pública, en el uso diáfano de sus impuestos, en la satisfacción de decorosos servicios públicos. No pueden votar por organizaciones y candidatos mercantiles, angustiados por sus dirigentes convictos, con ansiedades de poder para revisar procesos legales por coimas, sobreprecios, delincuencia organizada, vandalismo y otros, por monitorear el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para destruir la poca institucionalidad que queda en el país.
