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Político preso

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Jorge Glas no es “preso político”, es un político preso, porque fiscales y jueces argumentaron y dictaron sentencias sobre la base de garantías del debido proceso.

Foto: Flickr Vamos Lenin

Cuando Jorge David Glas Espinel se desempeñó como presidente del Fondo de Solidaridad, con el entonces presidente Rafael Correa bregó por establecer la Asamblea Constituyente que “hizo” la Constitución del 2008, para lo que no se dudó afectar la integridad del Tribunal Supremo Electoral, del Congreso Nacional y del Tribunal de Garantías Constitucionales, sustituyendo a sus miembros por incondicionales al nuevo régimen.

Así generalizaron vicios autoritarios y sumisos en estructuras administrativas del Estado, consolidados con la controvertida Constitución del 2008, tras manipular el precedente proceso constituyente. Los debates fueron sumergidos y una medianoche ingresaron un, desalambrado, texto que llamaron Carta Suprema, que sería el soporte jurídico de sus objetivos particulares y no de la población nacional.

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Del texto resaltan deberes y responsabilidades que nunca observaron quienes fueron gobierno, menos Glas Espinel, quien se considera “preso político”. Él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución del 2008. Sin embargo, en su ejercicio público, parece se le cayó el Art. 83.2, que causó bullicio por la inclusión de palabras kichwas, al determinar deberes y responsabilidades ciudadanas “Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar”.

Precedentemente, el numeral 1, del citado artículo, establece que los ciudadanos tienen el deber y responsabilidad de “acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”.

Glas Espinel se desempeñó como presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y Sociedades de la Información y ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, después vicepresidente de la República. Su desempeño fue investigado. Fiscales y jueces acumularon pruebas y le declararon reo. La legislación determina que el reo debe ser recluido en penitenciarías, no en el domicilio, menos permitirle ambular como si nada hubiese hecho.

Por principio, los reos tienen veda de privilegios, pero en se especula que Glas Espinel presiona por su libertad, hasta sin grillete, por, acaso, la proximidad electoral, para que su movimiento político lo presente como “perseguido político”, como si las sentencias judiciales no fuesen claras en relatar que estuvo en danzas de millones de dólares. Es convicto, implícitamente con mente disfuncional, no exenta de alucinaciones y patologías propias de contraventores.

La fiscalía sustento pruebas para que el 13 de diciembre de 2017, jueces competentes le condenen a 6 años de prisión por delitos de asociación ilícita en el caso sobornos de la constructora brasileña Oedebrecht. Previamente, al estar detenido más de 90 días, el 4 de octubre perdió la vicepresidencia de la República.

Adicionó otra condena el 7 de abril de 2020. Fue sentenciado a 8 años de prisión como coautor del delito de cohecho pasivo agravado, Junto a su “líder” Rafael Correa, por liderar una estructura criminal que recibió pagos de contratistas privados a cambio de adjudicar contratos del sector público.

El 25 de enero de 2021, acumuló la tercera con 8 años adicionales de prisión por el caso Singue, junto a otros ex funcionarios. Son 22 años acumulados de prisión. La última está en apelación.

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La pregunta del millón es: ¿dónde está el dinero mal habido? La materia penal asegura que la “delincuencia organizada” sabe cómo esconder y proteger sus fechorías. No pocos hablan de lavado de dinero usando terceras personas. Es el desafío pendiente de la justicia.

En reos son usuales las patologías mentales, alucinaciones, desatan suplicios, se vuelven histriónicos en promesas de reformar conductas. Estudios determinan que por excepción se producen correctivos: La gran mayoría reinciden en sus especialidades delincuenciales.

El caso involucra a la sociología política y penal. Quienes gobernaron entre 2007 y 2017 edificaron una estructura, con manifiesta proclama de “meter la mano en la justicia”, para, presuntamente, proteger a los operadores de cleptomanía en el sector público.

Las sentencias evidencian que Glas Espinel no es “preso político”, es político preso, como otros de aquel gobierno, encabezado por Rafael Correa, en condición de prófugo de la justicia. No caben habeas corpus. No solo debe cumplir las penas, sino resarcir al Estado lo escamoteado.

Glas Espinel fue sentenciado por los juzgadores tras cumplir el debido proceso. Si de patologías se trata, decenas de miles de presos, por diversos crímenes, pedirían a jueces igual trato que al exvicepresidente que lo encontraron involucrado en acciones ilícitas contra el Estado. Es un político preso, no “preso político”.

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