La crisis nacional es el reflejo de partidos y movimientos políticos

El estado de crisis económico y social del Ecuador refleja la actual pauperización de partidos y movimientos políticos por obra y gracia del Código de la Democracia.

Tras bastidores hay un intenso movimiento político con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. La movilidad omite fanfarria y escala reuniones para fortalecer estructuras y promover modelos locales de gestión en beneficio ciudadano.

Por principio político es bueno que ello ocurra. Dice que los líderes y las organizaciones políticas renacen y cesan de dejar en la orfandad a copartidarios, beneficiarios del voto popular, y muestran intención de justificar su papel en la construcción del desarrollo y progreso nacional.

Los movimientos encaminados a fortalecer gobernabilidades locales deberían ser continuos, porque el ablandado régimen de partidos conspira contra el desarrollo y progreso del país. Los partidos y movimientos políticos son huérfanos de capacitación y que no extrañe la existencia de orfandad ideológica.

Cómo olvidar que en los procesos electorales sucedidos entre el 2007 y 2017 se votó en coloridas papeletas, no solo por los tonos de los símbolos partidarios, sino por la presencia de múltiples personajes de pantalla, en su gran mayoría, vacíos de principios, doctrina e ideología política. Muchos no tenían idea de las funciones por las cuales optaban.

Ahora, se espera que en las actuales reuniones preelectorales partidos y movimientos políticos cimienten alguna capacitación, identifiquen militantes con sapiencia y propuestas consecuentes con el bienestar ciudadano, que sus intereses se articulen con obras que generen rentas para la sociedad.

Celebro ver, oír y leer el despliegue de acción política con diagnósticos, análisis y propuestas de modelos eficientes de administración municipal y provincial. Pero que no se restrinjan a lo burocrático, sino a obras básicas, a proyectos de desarrollo económico y social que generen educación y empleo.

Es que el Ecuador convive con un sistema político partidario-electoral débil, tibio en principios éticos y en compromisos con el desarrollo político, económico y social. Todo esto, pese a que los representantes de las organizaciones políticas están llamados a ser administradores de los diferentes estamentos del Estado, desde la máxima dignidad de Presidente de la República hasta vocal de Junta Parroquial, pasando por la legislatura, municipios y gobiernos provinciales, de cuyas actuaciones depende el bienestar de millones de seres humanos.

En contraste, es rigurosa la normativa para incorporar al servicio público funcionarios para la seguridad primaria, consejería, secretaría, docencia, etc. ¡Bárbaro! A mayor responsabilidad menor exigencia de méritos y viceversa.

Ello exige ajustes urgentes a la Constitución y al denominado Código de la Democracia. Si los partidos y movimientos políticos son beneficiarios de subsidios del Estado, deben responder, no solo política, sino social y legalmente por eventuales resultados contrarios al bienestar ciudadano, y desaparecerlos del registro de organizaciones políticas.

Preciso es valorar la historia política partidaria ecuatoriana que comenzó en 1883 con la fundación de la “Unión Republicana”, suma de adeptos a Gabriel García Moreno, la fanfarria política de la década de los 30 del siglo XX. Pero detengámonos, en 1978, en la inauguración del Régimen de Partidos Políticos, consecuente del proceso de reestructuración jurídica del Estado, el cual ha tenido variaciones.

La Ley de Partidos Políticos tuvo cierto abono ético porque, al menos, en el papel, se escribió que estos asumían la misión de capacitar y preparar a sus militantes para la administración de la cosa pública y enajenar a las organizaciones del financiamiento de contratistas internos y externos del Estado.

Fue plasmado en el Art. 60 de la Ley: Se prohíbe a los partidos recibir, directa o indirectamente, aportes económicos de personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado o de empresas, instituciones o Estados extranjeros. Las personas que no estén sujetas a estas restricciones pueden realizar donaciones a los partidos, pero ellas deben ser registradas en una cuenta especial que obligatoriamente se llevará.

Pareció albor de instauración de procesos de ética política, ahogando discursos que empañetaban a las organizaciones como sucursales de grandes grupos empresariales. El coste de la acción partidaria ingresó al Presupuesto General del Estado, creando al Fondo Partidario Permanente, con una partida anual equivalente al cero punto cinco por mil de los egresos fiscales constantes en él, (Art. 61).

Y no solo se beneficiaron de esos ingresos; el Art. 59 de la Ley consignó que el patrimonio de los partidos políticos se integra con las contribuciones de los afiliados, las rentas de sus inversiones, las donaciones y regalos de sus simpatizantes y, por añadidura, fueron exceptuados de tributar al fisco.

Aquello de las contribuciones de los afiliados, como el Fondo Partidario se mantienen y si de lo primero de trata, es de memorar que el líder de Alianza País, Rafael Correa,  se jactaba de tener más de un millón de afiliados. Si cada uno de ellos contribuía con un dólar mensual, sus ingresos sumaban un millón de dólares, por lo menos, suficientes para montar una estructura política sin precedentes en el Ecuador, pero no fue así.

¿Cómo operó esa estructura política? No hay huellas de una estructura sólida. Alianza País no fue sello editorial, ni de medio de comunicación, menos de capacitación política. El sello que rezuma cotidianamente es de trafasías. Como tal, Alianza País no se ha beneficiado, sus cuestionados líderes enuncian que las cuentas institucionales están en rojo, lo que permite deducir que los presuntos beneficiarios fueron sus administradores. Una auditoría profesional es imperativa.

Pero bien, para hacer efectivo los subsidios, los partidos, que en 1978 fueron 17, debían cumplir obligaciones, como aquello de que “expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres para el ejercicio del Gobierno”, contemplado en el Art. 3 de la Ley.

Los parámetros de expresar, orientar y promover la voluntad y participación política ciudadana  se cumplieron en 1978, 1979, 1980  y 1981. Años en los que se completó el reestreno democrático con fulgor cívico-electoral, no así la capacitación de sus afiliados para que intervengan en la vida pública y seleccionen a los mejores hombres para el ejercicio del Gobierno.

Es que entonces como hoy, la capacitación de los aspirantes a funciones públicas es lo de menos. La actual selección de candidatos por elecciones primarias no mide parámetros doctrinarios, principios, identidad ideológica, sino el nivel de afectividad y fidelidad a dirigentes y líderes.

En su albor, el régimen de partidos fue estremecido. El arrollador triunfo de Concentración de Fuerzas Populares (CFP), en 1979, que matizó su ideología con identidad nacional y excluyente de ‘farsantes, bonzos y trinqueros’, se fragmentó y uno de sus líderes, Asaad Bucaram, se alió con la ‘derecha’  en la legislatura y, Jaime Roldós se consolidó como ‘centro izquierda’ en el Ejecutivo.

En realidad, ilusorio fue hablar de principios, doctrina e ideología, se hicieron agua. Primó el sentimiento del caudillo Bucaram y luego el de Roldós, pero amaneció la muletilla de ‘independiente’, aunque en esos días los disidentes cefepistas se denominaron ‘roldosistas’, posteriormente instituido como partido. En ese entonces como ahora, irrita que servidores que llegaron a funciones cobijados por partidos y movimientos se proclamen ‘independientes’. Ya es práctica, sin escrúpulo, la ley no sanciona disidencias.

La legislación del reestreno democrático fue decantada en el 2009 con otros ingredientes. El vigente Art. 93 del Código de la Democracia dice que “a toda elección precederá la proclamación y solicitud de inscripción de candidaturas por las organizaciones políticas y su calificación a cargo de la autoridad electoral competente…”, y se permite a partidos y movimientos políticos o sus alianzas presentar militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular, todos los cuales son seleccionados en elecciones primarias internos de tales colectivos.

Así se devaluó el flamante régimen de partidos y movimientos, porque pueden candidatizar a no militantes ni afiliados. Por ello la ausencia de identidades doctrinarias e ideológicas, acentuando incertidumbre sobre el destino del país, volviendo quimera la adopción de políticas de Estado que usualmente operan sobre la base de certidumbres.

Cierto es que los candidatos a dignidades de elección popular son obligados a elaborar un plan de trabajo para cumplirlo en caso de ganar. Pero también es real que lo construyen consultoras que no necesariamente responden a los principios, doctrinas e ideologías de los aspirantes.

Ello hace suponer que el Ecuador se desenvuelve en medio de una anemia política partidaria, que se atenúa porque subsiste el objetivo de alcanzar el poder, mientras los rezagados se quedan en el disfrute de la terapia del beneficio del subsidio estatal.

Y tal anemia continuará porque la obligación de las organizaciones políticas a «sostener, como mínimo, un centro de formación política» y de «garantizar la formación ciudadana fundamentada en los enfoques de derechos humanos, de género, interculturalidad. Igualdad, no discriminación y de cultura de paz para todos sus miembros”, contemplados en el Art. 331 del Código de la Democracia, son quimera.

Mas si las nuevas generaciones políticas vienen ausentes de formación básica de urbanidad, ética, arte, filosofía e historia, por haber sido refundidos en mallas curriculares del Socialismo del Siglo XXI, pese a ser pilares básicos de formación ciudadana e insumos inherentes a capacitación política.

Es posible que en el país se produzca fervor cívico-político si el sistema educativo cumple su rol de formación ciudadana y si las organizaciones políticas honraran sus obligaciones prescritas en el Código de la Democracia. Así podríamos comenzar hablar de cultura política ciudadana que conjugaría la relación producción-empleo-salario-desarrollo nacional-bienestar ciudadano y, sería razonable en la elección de sus representantes en la administración el Estado.

Pero el Ecuador tiene otra realidad. Campea una legislación contradictoria, viciada, coherente para que liderzuelos irascibles coopten las Funciones del Estado para arruinar la caja fiscal, para concentrar poder, para manipular la opinión pública, para enriquecerse con inmundas triquiñuelas.

La manipulación les  sirvió para emboscar la democracia, para supuestamente democratizar la participación ciudadana, ahora con el inédito registro de 280 organizaciones políticas, de las cuales son 8 partidos, 15 movimientos nacionales, 72 provinciales, 164 cantonales y 21 parroquiales.

La emboscada se lee como dividir para reinar, porque supieron angustiar y denostar a colectivos políticos morosos en acentuar principios, doctrinas e ideologías en función del bienestar ciudadano, alentar novelerías políticas, en medio de lo cual transitaron como lobos con piel de oveja.

La imperativa tarea es sistematizar legislación político-electoral en función del progreso y desarrollo nacional, porque, ahora, la amplia mayoría de las 280 declaraciones de principios filosóficos, políticos e ideológicos de igual número de colectivos, solo son soporte para francachelas electorales.

No hacerlo supone que los discursos de progreso y desarrollo, solo queden en imaginarios políticos, mas no para construir realidades de bienestar ciudadano. Solo continuaremos liderando en Sudamérica el registro de organizaciones políticas legalmente reconocidas, viendo absortos el nivel económico y social uruguayo que solo tiene 7 partidos. La crisis ecuatoriana refleja el estado pauperización de sus partidos y movimientos políticos.