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Chucky Seven II

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El “informe” de la “investigación” de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers, sería el Chucky Seven II del correísmo entramado en la Función Legislativa.

Foto: Christian Medina – Flickr Asamblea Nacional

Por arte de magia se ¿ha suspendido? la “seria conmoción social” que vieron 105 asambleístas el tres de octubre pasado para disponer que la Comisión Legislativa Especializada Permanente de Garantías Constitucionales investigue el cúmulo de fojas que integran el Pandora Papers, entre las que se cita, en pretérito, al Presidente de la República, soslayando la competencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

El espejismo “conmoción social” se diluyó tan pronto como el caso se aproximó a la realidad, desactivando también “movilizaciones sociales”; pero, ¿los complotados son activos en configurar oasis de conmoción, y algunos, por ciertos antecedentes, desde la Penitenciaría de Guayaquil?

Más de un mes después, ninguno de los 105 votantes aportó prueba alguna sobre la “conmoción social” en el Ecuador, presuntamente causada por el Mandatario. El discurso se ha camuflado, la “conmoción” política es quimera. La certeza es que se los ve como responsables de frenar sueños de millones de ecuatorianos que anhelan posibilidades de bienestar, por el reiterado bloqueo a iniciativas legislativas que procuran generar empleo, atrayendo inversión.

Es que desde el seno de la Comisión se ha difundido que fue amañado el “informe” remitido a  la Asamblea, cuya urgencia investigativa no es consecuente con  el tratamiento en el pleno, por lo que late la teoría de que con los Pandora Papers se trató de armar una “conspiración política” para “desestabilizar la democracia”, no solo del Presidente.

Que la Presidencia de la Asamblea “guarde” el “informe” y no lo someta a debate y resolución del pleno despierta sospechas, como probablemente convertirlo en “espada de Damocles” contra el Ejecutivo si este no se somete a los intereses creados de los 105 visionarios de la “conmoción social” que presuntamente cobre vigencia desde el interior de las cárceles.

Por ello, un “gesto” para bajar “tensiones” de la Asamblea con el Ejecutivo, debe ser el rechazo o archivo del amañado “informe” de la Comisión, por la andanada de vicios divulgados por varios integrantes de ella, como no haberlo debatido y haber incrustado conclusiones y recomendaciones lejos de la sala de sesiones de la mesa.

El “investigador” Edgar Quezada ha dicho que el “informe” entregado a la Presidencia de la Asamblea tuvo “arreglos” de última hora, porque a los miembros de la Comisión se les entregó un texto, de 205 páginas, ensamblado con documentos de diverso origen, sin conclusiones ni recomendaciones.

Ese tipo de prácticas no es nuevo en el correísmo, ahora en el legislativo reviven oscuros días judiciales del Chucky Seven ingresado a un juzgado de Guayaquil para sentenciar a diario El Universo y sus personeros por un artículo de opinión publicado el 6 de febrero del 2011, relacionado a la posibilidad de que Rafael Correa ordenó la incursión militar al hospital de la Policía, teoría que parece cobrar fuerza por nuevas investigaciones de la Fiscalía.

En ese marco, la “investigación” desbordó el ámbito de la Función Legislativa, porque ingresó un recurso de “acto urgente” a la Fiscalía para que investigue presuntos desafueros cometidos en la elaboración del “informe” por seis de los miembros de la susodicha Comisión de Garantías Constitucionales.

Las sospechas se vinculan con presuntas actuaciones veleidosas de Victoria Desintonio, Paola Cabezas y María Astudillo de la plataforma electoral UNES, relacionada al correísmo, y de José Cabascango de Pachakutik. Lo dicho por Quezada, que presuntamente hubo manipulación del “informe”, debe centrar la atención de los operadores de justicia.

En el caso, ¿será valorada la legalidad de la candidatura a legisladora de Desintonio, sobre la base de actas de la Función Legislativa que censuró a varios miembros del Consejo de Participación y Control Social, en cuya resolución la citada estuvo entre ellos, por lo mismo impedida de optar para desempeñar funciones públicas?

El “acto urgente” solicitado a la Fiscalía supone que el “informe” no se habría elaborado en la Comisión. “Lo llevaron los asambleístas correístas, en sus manos lo llevó (Paola) Cabezas, para que lo firmen en la Asamblea”, por lo que se ha solicitado la asignación de un perito de criminalística de la Policía Judicial para que determine si en las computadoras de la comisión existe o no ese informe; si en la máquina de Cabascango, su presidente, en la de la secretaria de la mesa o en la de un asesor se construyó el informe. Así se sabrá si el “informe” salió de la comisión o ingreso desde fuera de ella. De ser así, se configuraría el Chucky Seven II, similar a la sentencia contra El Universo.

Las declaraciones cuestionadoras, de dos de los miembros de la Comisión, sobre el “informe” más la excitativa a la Fiscalía para que actúe en forma urgente, son elementos que deben llevar a los 105 sibilinos de la ficticia “conmoción social”, presuntamente causada por el Presidente de la República, a través de los Pandora Papers, a rechazar y archivar el caso, y dejar que las instituciones competentes procesen y se pronuncien sobre ello, pero no podrían ignorar proponer indagaciones sobre eventuales nexos correístas con los dramas penitenciarios, como presunto intento adicional de provocar condiciones de “conmoción social”, en la que está envuelto el narcotráfico.

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