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Negociación política, no truculencia política

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Los partidos políticos están concebidos para gobernar, para servir a la sociedad, no para servirse de ella 

Foto: Pixabay.com

Añeja, como la existencia de la Audiencia y Cancillería de Quito y la República del Ecuador, es la codicia humana por regentar la administración de justicia, la recaudación de impuestos y demás negocios del sector público.

Son “rentas” que da la “política” de servirse la sociedad y no servir a la sociedad, pandemia  endémica, cuya efectiva profilaxis sería la formación de una cultura de desarrollo, progreso y bienestar, a la que riñe la ecuatoriana por su cotidiano egoísmo e individualismo, proclive a populistas administraciones del Estado.

No han sido efectivas las numerosas recetas profilácticas hasta ahora prescritas quizá por su levedad dado el sinuoso juego de la “rentabilidad” política, económica y social de la administración del Estado en connivencia con proveedores de bienes, servicios y obra pública. Negocios políticos, no negociación política.

En casi cinco siglos las formas de corrupción no han variado, persiste la esencia de corrupción actualizada por el desarrollo tecnológico, como por las enmarañadas leyes que sostienen crisis económicas y sociales, por las que sobreviven populismos y orondamente transitan ante justicias propias y opacas.

El populismo encarna demagogia para dramatizar acuciantes angustias populares, intercalando signos de esperanza llevando a la población a “elegir bien”, ofreciendo implantar inéditos métodos de control a las finanzas públicas, con castigos severos a los causantes de la pobreza, con independencia independiente, con educación ética, con participación ciudadana para la vigilar la corrupción, con la difusión de esta por medios de comunicación.

“Corruptómetro” hace agua

El “corruptómetro” propuesto por Luis Moreno Ocampo, quien dirigió en los 90s el argentino programa “Iniciativa Privada para el Control de la Corrupción”, incluyendo mayor control del gobierno, que la población conozca más de lo que hace (transparencia), mejorar el sistema de selección de funcionarios, mejorar sueldos de funcionarios, ha hecho agua.

El Ecuador pasó del Comité de Consultoría a la Secretaría de Contratación Pública, de los papeles pasó a la digitalización electrónica de contratos de servicios, bienes y obra pública; de la designación a dedo de funcionarios a meritocracia académica, de sueldos regulares a latisueldos. Todo infructuoso. El fraude al erario público se perfecciona. Se inventaron contrataciones bajo regímenes especiales, giros específicos. La meritocracia académica se barniza con engatusados títulos académicos, gestan élites burocráticas. Consecuencia, al menos la cúpula administrativa del Estado de la “revolución ciudadana” lucró no menos de USD 70 000 millones, dejando incrustada su estructura operativa en el régimen actual, develada por el incesante periodismo investigativo en el emergente sistema de salud.

Parece que tal meritócrata “delincuencia organizada” ha tenido y tiene como libros de cabecera relatos de casi todos los administradores de la Audiencia y Cancillería de Quito, de Juan José Flores, de los “restauradores y progresistas” (Ignacio de Veintemilla, José María Plácido Caamaño, Antonio Flores Jijón, Luis Cordero Crespo). Juan José se convirtió rápidamente en uno de los hombres más ricos de la joven República (del Ecuador); soldado de fortuna “que subió desnudo a la Presidencia”, como reseña la historia Patria.

La generación de ricos desde la cúspide del poder político viene desde hace 466 años  (1564-2020), con el primer Presidente de la Audiencia y Cancillería de Quito, Hernando de Santillán, quien gobernó con “amigos y allegados” como “señor absoluto”, uno de cuyos ejecutivos fue el recaudador de impuestos o Corregidor designado por el Rey y, cuando no lo era, salía de “pública subasta”, teniendo como esencial cometido “recuperar su inversión y hacerse de importantes ganancias a costa de los infelices indígenas”.

El subastado Corregidor tenía cinco años para dictar sentencias de primera instancia y recaudar impuestos, en cuyo lapso obtenía “libres por lo menos setenta mil pesos, y muchos son los que pasan de doscientos mil”, cita el historiador Alfredo Pareja Diezcanseco de los testimonios de Jorge Juan y Santacilla y Antonio de Ulloa. Razones de la apetencia por controlar impuestos y la justicia. Impunidad garantizada, persecución a denunciantes.

En el poder político se ubicaban “promotores de las expediciones y sus familiares, junto con sus principales tenientes que recibieron encomiendas y repartimientos” y, tras las guerras civiles llegaron peninsulares enviados por el monarca para ocupar cargos políticos y administrativos, generando monopolios en gestión pública. Luego utilizaron piratas y corsarios, “instrumentos de dominación, empleados hábilmente por gobiernos o compañías comerciales”.

En la República la pirámide comenzó con militares independentistas, quienes controlaron las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales, estableciendo parcelas de poder, que la historia identifica como filibusteros, quienes rendían cuentas conforme lo convenido.

Opacos partidos y movimientos 

En el reestreno democrático de 1978 el Ecuador estrenó el Régimen de Partidos Políticos con la promesa de “terminar” las “empresas electorales”. La Ley de Partidos Políticos diferenció a estos por su “declaración de principios ideológicos” y por ser “político-doctrinarias”, fundamentales elementos “del sistema democrático, (que) expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que intervengan en la vida política y seleccionarán a los mejores hombres para el ejercicio de Gobierno”.

Se excluyó la ética y pronto se desmoronó el régimen de partidos: aparecieron los “patriarcas de la componenda”, los “roldosistas”, los diputados “independientes”. La Ley no previó la pérdida de la función por desvinculación partidaria. En el 2020 ello se mantiene, y ya no se exige “declaración de principios ideológicos”. Los fondos públicos que llegan a casi 280 organizaciones existentes no son utilizados, “exclusivamente (…), para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación,…”. Quimeras son las investigaciones y publicaciones sociales.

Livianas son las fiscalizaciones a las organizaciones políticas que salen a luz pública solo en eventos electorales, mientras son noticia los elegidos al tenor de dudosos actos administrativos, como en estos días que estelarizan con la pandemia Covid-19, por lo que en redes sociales se recuerdan pensamientos de Juan Montalvo: “Robar a la Nación es robar a todos; el que la roba es dos, cuatro, diez veces ladrón; roba al que ara y siembra, roba al que empina el hacha, al que acomete el yunque; roba al que se une al trabajo común con el alma puesta en su pincel; roba al agricultor, al artesano, al artista; roba al padre de familia; roba al profesor; roba al grande, roba al chico”. “Todos son contribuyentes del Estado; el que roba al Estado a todos roba, y todos deben perseguirlo por derecho propio y por derecho público”.

Pero, para los atracos a los fondos públicos, la legislación penal ordinaria es condescendiente de la delincuencia organizada, que desvergonzadamente reclama derechos humanos,  por lo que a esta delincuencia debe tipificarse como delito de lesa Patria, legislación que debe ser elaborada por profesionales, representantes de la sociedad civil, no por representantes de partidos ni movimientos que están bajo sospecha, imposibles de autoregularse. Las figuras de tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, deben tener sanciones más severas que las previstas en la legislación penal ordinaria y la sustanciación debe ser ágil y expedita la recuperación de lo sustraído.

Partidos y movimientos políticos deben someterse a rigurosos controles sobre el imperativo mandato de capacitación, cuya malla debe incluir ética política, contratación pública, administración pública, principios ideológicos y doctrinarios, principios de desarrollo, progreso y bienestar ciudadano, del Ecuador, porque sería imperdonable que un país con alta potencialidad económica llegue a lo que ocurre en Argentina que ya importa carne, Venezuela combustibles, Cuba azúcar, cuando han sido referentes de los mercados internacionales de esos productos.

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