Mesas de diálogo inclinadas
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Expectativa e incertidumbre existe sobre los resultados de las mesas de diálogo, pese a premoniciones de que succionan la caja fiscal sin planear nuevos ingresos.
Tal como avanzan las negociaciones sobre focalización de subsidios a combustibles y eventual condonación y mora de deudas con la banca pública y privada, preocupa los esfuerzos de las partes por aumentar el déficit fiscal que, por estacionamiento o baja de inversión para generar empleo, se financiaría con deuda pública.
Las dos primeras mesas de diálogo mueven escenarios de succión a la caja fiscal, pero omiten relacionados a posibilidades de generar nuevos ingresos para financiar miles de millones de dólares que exige el decálogo de la “lucha popular” movilizada entre el 13 y 30 de junio pasado.
Difícil, aún, cuantificar las nuevas erogaciones fiscales, pero los “avances” ya suponen egresos de cientos de millones de dólares en los citados casos. Las dos activas mesas proyectan aumentar el 2.2% (del PIB) de déficit fiscal, al que adicionará lo que representará la temporalidad de la “moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera”, que también exigen los movilizadores, en detrimento de inversión, empleo directo e indirecto, ingresos al fisco, bienestar.
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Por ejemplo, la minería formal resaltó su presencia en las cuentas fiscales. En el 2020 representó $ 1.000 millones y en el 2021 subió a $ 2.000 millones, generó más de 30.000 plazas de trabajo, cifras publicitadas, reiteradamente, por lo que parece existir afán consciente de deteriorar las condiciones de vida en el país, como desestabilizar la administración del Estado, acaso pretendiendo que Ecuador sobreviva con onerosa deuda pública, porque desde el 13 de junio el riesgo país ha sumado más de 400 puntos, con proyecciones de aumentar.
La asimetría en gastos social es evidente. A subsidio de combustibles se destinan $3.400 millones anuales, mientras $ 3.126 millones al sistema de salud, lo que revela que, para los “luchadores sociales”, es más importante precarizar costos en sistemas de tracción vehicular, que fortalecer atención a la salud humana.
Sobre mora y condonación de deudas con la banca pública y privada y el sistema cooperativo, hasta $ 10.000, paladinamente, Leonidas Iza, ha dicho que “la intención aquí no es desfalcar a nadie, pero se tiene que entender, en un momento tan jodido en el Ecuador, que necesitamos resolver el problema crediticio”.
La ética y la transparencia no aconsejan resolver problemas de crédito con obsequios o subsidios, sino con dinamia económica y social, porque el facilismo no es buen consejero para lograr bienestar. La experiencia dice que las auténticas “bases” de la CONAIE, FEINE y FENOCIN no son usuarios del sistema financiero, sino, regularmente, de prestamistas informales.
La probable indiscriminada condonación y moratoria podría poner en riesgo al sistema cooperativista y a la banca pública y privada, por infringir el artículo 309 y otros de la Constitución vigente, que determinan su intermediación de recursos del público y debe preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez, si no lo hace, sus administradores serían imputados civil y penalmente, por infractores.
Se ve que la ética y la transparencia, en el diálogo instaurado, sufren, porque las tres organizaciones no han exhibido estudios de potenciales beneficiarios de subsidios y condonación de deudas, quizá porque las “bases” carecen de vehículos, cuentas bancarias y cooperativas reales.
Probable, sin embargo, es que los administradores del Estado asuman peticiones huérfanas de sustentos, pero si operan con responsabilidad tendrán que valorar la pertinencia de beneficiarios de subsidios a combustibles, como la calidad de uso del crédito y la situación del deudor. Iza, por ejemplo, no accedería a dichos beneficios por su vehículo de alta gama y percibir remuneraciones a cambio de su activismo político.
A lo anterior se adiciona que las mesas parecen estar inclinadas, porque los “facilitadores” no tienen relación con la industria hidrocarburífera, menos con operaciones bancarias especializadas, si identidad con los movilizados, lo que fatigarían a la ética y la transparencia, porque no se explica, cómo expertos en filosofía política y teología y medicina, faciliten o simplifiquen dichas complejidades técnicas especializadas a los interlocutores.
Definirán la hoja la ruta de los diálogos
Ello induce a pensar que los administradores del Estado son huérfanos en las mesas de diálogo, parecerían estar a la defensiva, y eventualmente aceptar las exigencias por temor a nuevos estallidos de violencia en el país y la impavidez de la población. No se escuchan voces firmes sobre la controversial situación creada, pero, al unísono, se corea exigencia de empleo, sin estimular inversiones; todos parecerían comulgar con la consigna de que el gobierno tiene la misión de garantizar bienestar, sin propiciar inversiones, ingresos, empleo.
Las mesas de diálogo no deberían centrarse solo en cómo succionar y bloquear ingresos al fisco, sino también generar proyectos consensuados, que apuntalen seguridad jurídica e inversión productiva, única forma de desacelerar la creciente mendicidad. Esa sería genuina “lucha social” por auténticos intereses populares, bienestar.
